El gobernador Maximiliano Pullaro ha tomado una medida radical al desechar los concursos para jueces, fiscales y defensores llevados a cabo durante la administración de Omar Perotti, reformulando el sistema de selección y convocando nuevamente a concursos para todos los cargos. Esta decisión está estrechamente vinculada a la lucha más amplia por la renovación de la Corte Suprema. Mientras el frente judicial se tensa, el Senado ha dado el primer paso hacia una reforma del sistema previsional, aunque este proceso llevará tiempo y no producirá resultados inmediatos, pero ha puesto en alerta a los sindicatos estatales, que han obtenido representación en la comisión encargada de analizar cómo reducir el déficit de la Caja.
Hay otro asunto de gran importancia institucional que está emergiendo entre los legisladores de Unidos para Cambiar Santa Fe, aunque el Poder Ejecutivo afirme que "no tiene nada que ver". Tras la impactante protesta universitaria a nivel nacional, seguida del inquietante papel desempeñado en la cena de la Fundación Libertad, donde entró aclamado y salió con un aplauso forzado, Milei envía al ministro de Interior, Guillermo Francos, a contener a la Red Federal de Intendentes. Esta red, de orientación no peronista y surgida como respuesta al recorte de subsidios al transporte, se reúne en Rosario con el intendente Pablo Javkin como anfitrión. Parece que la posibilidad de que los intendentes influyan en la legislación y se sumen al Pacto de Mayo está dando frutos: del discurso de "no hay recursos" a uno de "no hay recursos, pero tenemos algunas promesas". Los intendentes necesitan financiamiento y proponen, por ejemplo, compartir el impuesto a los combustibles. El gobierno no les niega esta posibilidad de entrada, pero los remite al Congreso. En términos más liberales, les está diciendo que busquen "hacerse con lo suyo".
Justicia
El gobernador expresa su desconfianza en los concursos para cargos judiciales llevados a cabo durante la administración Perotti, donde se realizaron exámenes para jueces, jueces comunitarios, fiscales, defensores y altos funcionarios del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio de Defensa Penal.
En los círculos judiciales y dentro de la coalición Unidos, muchos esperaban que finalmente hiciera lo que se sugería: desechar las ternas presentadas por el Consejo de la Magistratura, presidido por un funcionario de Perotti, y elegir entre la amplia oferta de candidatos que habían aprobado el examen.
Sin embargo, esto no sucedió. Aunque los plazos se extendieron más allá de lo planeado originalmente, el gobernador afirma no haber recibido propuestas del Poder Judicial que se alinearan con la política trazada en esta materia, centrada en "optimizar" la estructura existente, cubrir cargos según necesidades reales y no simplemente para llenar vacantes, y aumentar la productividad de jueces, fiscales y defensores. "Eficiencia" es la palabra clave para la gestión de Pullaro.
El principal punto de fricción radica en los jueces, no tanto en las fiscalías. El gobierno percibe un cambio de actitud y una mayor sintonía política en el Ministerio Público de la Acusación.
Esta desconfianza de Pullaro respecto a los concursos llevó a Iván Kvasina, presidente del Colegio de Magistrados de Rosario, a marcar una diferencia. "La magistratura presentó a sus representantes más destacados en esos concursos de jueces, por lo que es inaceptable cuestionar la transparencia y ética de los que actuaron como jurados", afirmó. Añadió que si el Poder Ejecutivo decide volver a concursar los cargos, tiene la legitimidad para hacerlo, pero no tolera que se cuestione la ética de jueces como Carolina Hernández o Roberto Dellamónica.
Las tensiones que Pullaro mantenía con los jueces durante su mandato como ministro, debido a lo que consideraba un exceso de garantías para los delincuentes, quedaron en el pasado. Hoy reconoce que no tiene quejas sobre las decisiones de los jueces penales. La fricción es principalmente institucional, relacionada con los procedimientos de trabajo y una estructura que no considera racional ni modernizada, lo que resulta en una carga de trabajo desigual entre diferentes áreas y una distribución territorial desequilibrada. Según el gobierno, la Corte, que ejerce el gobierno del Poder Judicial, no ofrece soluciones reales y sostenidas en el tiempo más allá de solicitar cargos. Estas percepciones son rechazadas por el Poder Judicial, cuyos críticos ven esto como una excusa para avanzar sobre la independencia judicial.
Desde febrero, el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, ha presentado al gobernador en tres ocasiones listas de posibles candidatos para enviar a la Legislatura, todas las cuales fueron rechazadas. La primera vez fueron 42, luego 35 y finalmente 15.
No se nombrarán candidatos de esos concursos, excepto cuatro o cinco fiscales para Rosario, donde hay vacantes debido a suspensiones y fallecimientos. ¿Es este asunto cerrado? Rosario3 preguntó. "Deberían haber traído el plan que les pedimos. La Corte ni siquiera nos respondió cuando les pedimos que priorizaran nuestras necesidades; entonces, nosotros elaboraremos el plan", respondió una fuente bien informada sobre el razonamiento del gobernador. En el Poder Judicial, donde no todos estaban al tanto de la consulta del Ejecutivo, afirman que sí hubo respuesta, aunque informal. Probablemente la Corte, o quienquiera que haya respondido, no quiso asumir el costo político interno de decir quién sí y quién no.
En los círculos judiciales, hay desconcierto. Alegan que los funcionarios del gobierno de Unidos en estos cinco meses les dieron otra impresión de lo que iba a suceder. Están convencidos de que la falta de cobertura de vacantes se debe a la propuesta de renovación de la Corte Suprema de Pullaro.
Según esta interpretación, no cubrir las vacantes de jueces y 32 cargos de secretarios de juzgados de primera instancia y defensores barriales y civiles (en estos casos son concursos realizados por la Corte) es consecuencia de la falta de diálogo institucional entre el gobierno y la Corte, que hasta ahora ha sido puramente protocolar.
Con respecto al futuro de la Corte, el gobernador marcó un hito en su discurso de asunción en diciembre, cuando habló de una justicia "costosa e ineficiente", haciendo referencia directa al tribunal que ejerce el gobierno del Poder Judicial. Su discurso en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura el 1 de mayo podría haber sido otro hito.
Aunque no haya diálogo con esta Corte, el Poder Ejecutivo está tejiendo un acuerdo institucional para avanzar. Se están perfilando nombres posibles en total discreción, buscando consenso, ya que se trata de jueces que ocuparán esos cargos durante muchos años. Se aclara que un acuerdo institucional no es un pacto con el tribunal actual, en el sentido de que es la política la que elige el perfil de los jueces y los promueve.
Como en toda batalla, algunos ganan y otros pierden, pero casi todos están expuestos a pagar costos. Cuando el gobernador dice: "No busco impunidad (con un acuerdo), porque aquel que no cruza los límites de la ley no necesita impunidad", está estableciendo una guía para sus funcionarios y algo más. Es un mensaje para lo más alto de la Corte. ¿También para los antiguos líderes de Unidos?
Ningún gobernador desde Carlos Reutemann ha tenido el respaldo popular de Pullaro para construir ese acuerdo institucional que cambie las cosas. Hasta ahora, ha demostrado ser un mandatario muy pragmático, sin ataduras ideológicas y capaz de adaptarse a las circunstancias. Como ya han pasado cinco meses de su gestión, es razonable suponer que la resolución del conflicto con la Corte no se logrará de manera abrupta, como podría haber sido en los primeros 60 días.
Reforma constitucional
El sólido respaldo que recibe Unidos, reflejado en las encuestas de percepción de la gestión y del gobernador, está motivando a líderes legislativos a considerar que es el momento adecuado para avanzar con la reforma constitucional, una cuenta pendiente histórica en la provincia.
El socialismo, que tradicionalmente ha abogado por la reforma, está liderando esta iniciativa. Clara García lo expresó claramente después de ser reelegida como presidenta de la Cámara de Diputados en una entrevista con Roberto Caferra en Radio Dos: "Es un buen momento para reformar la Constitución".
El socialismo impulsa la reforma no solo por su tradición en esta materia, sino también por su historia reciente, a pesar de no haber logrado llevarla a cabo. Sin embargo, no son los únicos. Hay al menos una decena de proyectos en esta dirección. Prácticamente todos los partidos tienen propuestas presentadas.
A diferencia de otras ocasiones, el Poder Ejecutivo no está liderando esta iniciativa, simplemente la está permitiendo. Esta estrategia busca dar protagonismo y liderazgo político a los demás socios de Unidos. Ya en septiembre se había mencionado en esta columna que Pullaro descartaba de antemano la posibilidad de buscar la reelección en 2027, y tampoco estaba contemplando una reforma hasta el tercer año de su mandato.
Sin embargo, un gobierno que ha encontrado rápidamente su lugar y una mayoría legislativa que rara vez se da alteran los planes iniciales, y ahora se percibe un suave impulso reformista liderado por los socios de Pullaro. En cuanto a la reelección, aunque puede ser una cuestión de intención personal, habrá que esperar para ver qué sucede cuando se acerque 2027 y ministros, legisladores y líderes de Unidos compitan por la sucesión, lo que podría exponer divisiones internas y poner en riesgo la gestión y la credibilidad de Pullaro como líder.
2025
¿Cuál sería el momento óptimo para unas elecciones de convencionales constituyentes? El clima de desconfianza hacia la política y las necesidades urgentes requieren dos contrapesos. Por un lado, un poder político fuerte y comprometido con la idea de la reforma, capaz de explicar a la sociedad los motivos y la oportunidad para llevarla a cabo. Y por otro lado, la sociedad debe ver a ese poder político ocupándose de los problemas directos que afectan a los santafesinos: seguridad, educación, trabajo y producción.
Las elecciones intermedias de 2025 parecen ser la oportunidad perfecta para elegir convencionales constituyentes. Además, sería una buena manera de separar las elecciones locales (presidentes comunales y concejales) de las nacionales, donde sería difícil competir contra Milei y La Libertad Avanza si el gobierno mantiene su actual nivel de apoyo.
En 2017, Miguel Lifschitz tenía una alta popularidad, pero las elecciones unificadas las ganó ampliamente un candidato vinculado a Mauricio Macri. Sería un error repetir esa experiencia y unificar las elecciones el próximo año. Solo serviría para darle la oportunidad a los oportunistas de colgarse de la popularidad de Milei y obtener cargos locales, o para socavar los planes de reelección de los presidentes comunales de Unidos.
Una elección provincial anticipada para cargos locales y de convencionales constituyentes permitiría a Unidos consolidar su posición, reforzar su control territorial y protegerse del impacto de Milei, si es que sigue siendo una fuerza relevante para entonces.
Milei y el PRO
Una de las novedades políticas de la semana fue la anulación de las elecciones internas del PRO, donde competían los sectores liderados por la vicegobernadora Gisela Scaglia y Federico Angelini. La Junta Electoral nacional decidió suspenderlas y ordenar un nuevo cronograma electoral, con plazos más amplios y, aunque no lo expresaron abiertamente, corregir ciertas "irregularidades", como fijar el día de votación en un martes.
A pesar de las especulaciones iniciales sobre la intervención de Mauricio Macri, fuentes de ambos sectores niegan que el ex presidente haya tenido influencia en esta decisión. De hecho, las nuevas autoridades partidarias, encabezadas por Macri, asumen el 4 de mayo. La actual junta electoral nacional está bajo la presidencia de Patricia Bullrich.
Se argumenta que fue una decisión institucional, motivada por el deseo de garantizar una mayor participación y una organización adecuada para la magra interna del PRO Santa Fe, la primera en su historia. Al parecer, en Buenos Aires consideraron que la junta electoral provincial, controlada por el oficialismo de Angelini y Cristian Cunha, no cumplía con estos requisitos. Por: David Narciso
Fuente: https://www.rosario3.com
