A partir de este lunes entra en vigencia el nuevo Código de Procedimiento Penal, otorgando a los fiscales un papel preponderante en las investigaciones.

A partir de este lunes entra en vigencia el nuevo Código de Procedimiento Penal, otorgando a los fiscales un papel preponderante en las investigaciones.
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El gobierno nacional anunció en marzo la implementación del nuevo sistema acusatorio en la Justicia federal de Rosario, en respuesta a los recientes atentados y crímenes "narcoterroristas". Aquí están los detalles de los cambios.

 Según este nuevo sistema, los fiscales liderarán las investigaciones contra los presuntos autores y partícipes de delitos, relegando a los jueces de instrucción a un papel de garantía del proceso y control de las garantías constitucionales.

Hasta ahora, prevalecía el "sistema mixto", donde los jueces federales combinaban su función de garantizar el debido proceso con la investigación penal. Este enfoque, con vestigios inquisitivos, es el predominante a nivel federal en gran parte del país y para los casos ante la justicia nacional.

El nuevo Código Procesal Penal Federal establece un sistema adversarial, donde fiscalía y defensa presentan sus argumentos y pruebas, mientras los jueces solo supervisan y deciden, sin involucrarse en la teoría del caso. Se exige una estricta separación de funciones.

En este contexto, los fiscales lideran la acción penal y la investigación contra los presuntos delincuentes. Además, el mismo fiscal deberá sustentar su acusación en un juicio oral y público. Los jueces se aseguran de que se cumpla la ley y controlan las garantías constitucionales.

Todo el proceso se lleva a cabo principalmente mediante audiencias orales y públicas, sin un expediente físico. El Ministerio Público Fiscal mantiene un legajo de investigación de acceso restringido para los jueces, donde registra la actividad investigativa bajo principios de lealtad procesal y objetividad, junto con los resultados de las medidas adoptadas.

Durante la etapa de investigación, el juez federal de garantías interviene solo cuando las partes lo solicitan, basándose en la información proporcionada por ellas. Los jueces de revisión resuelven las impugnaciones y conducen las audiencias de la etapa intermedia.

En la fase de juicio, los jueces continúan en tribunales, pero introduciendo información y produciendo pruebas en presencia directa del juez.

El proceso, incluyendo tres fases hasta una sentencia hipotética, no puede extenderse más de 36 meses en total. Para casos complejos como narcotráfico o trata de personas, se pueden extender los plazos hasta un máximo de 6 años.

El nuevo código también fomenta acuerdos de colaboración entre el Ministerio Público Fiscal y los imputados, y permite el uso de técnicas especiales de investigación como agentes encubiertos o informantes.

Además, otorga mayores facultades a los fiscales para tomar acciones y llegar a acuerdos en casos menos complejos, aliviando la carga del sistema judicial y buscando soluciones efectivas y pacíficas.

La reorganización del Ministerio Público Fiscal implica la consolidación de unidades fiscales por jurisdicción, basadas en criterios de eficacia. Se mantienen unidades especializadas existentes y se establecen nuevas delegaciones regionales.

El nuevo sistema se rige por principios de oralidad, contradicción, concentración, inmediación, publicidad, simplicidad y celeridad, y desformalización, con el objetivo de agilizar y eficientar el proceso penal.

Fuente: https://www.rosario3.com/

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