“Los delitos atribuidos a menores de 16 años, en estadísticas generales, son prácticamente insignificantes”. La jueza de Menores rosarina María Dolores Aguirre Guarrochena es una magistrada con experiencia. Una defensora de mantener un perfil bajo, pero que ha intervenido en casos de alto impacto, como el caso de un joven de 15 años identificado como D.M.G. acusado de asesinar al taxista Héctor Figueroa y al playero Bruno Bussanich, dos de los cuatro trabajadores ejecutados en cinco días en marzo pasado en una saga planificada para causar conmoción pública en la ciudad.
“Hay que desterrar la idea de que este chico está saltando en una pata haciendo su vida, disfrutando, paseando y haciendo como que nada haya pasado. Ahora está bajo custodia del Estado. Está vigilado muy de cerca. Su vida, por supuesto, sumamente interferida. Su vida, no va, no va a ser la misma que la que haya podido tener hasta sus 15 años”, explicó la magistrada en una entrevista con el programa “El primero de la mañana” de LT8.
“Si bien no se pueden dar respuestas punitivas por el Estado obviamente si tiene que dar otro tipo de respuesta. Y acá es precisamente donde el Estado normalmente falla. No digo en este caso, porque en este caso sí este chico está muy muy controlado. Pero quiero decir que en otros casos graves, que como les digo son estadísticamente insignificantes, pero en otros casos graves, donde el Estado debería intervenir con alguna respuesta que no tiene que ser punitiva es ahí donde el Estado falla. Y es lo que justamente genera malestar en la ciudadanía. Que es un malestar absolutamente comprensible y que lo comparto y lo entiendo”, explicó la jueza de Menores 4ª.
A partir de los asesinatos de los taxistas Figueroa, Diego Celentano, el chofer de la línea K Marcos Daloia y el playero de estación de servicios Bussanich, un grupo de siete fiscales encabezados por Adrián Spelta, Patricio Saldutti y Franco Carbone lograron desentrañar una compleja telaraña delictiva que enlaza a dos células implicadas en los ataques que se registraron entre el martes 5 y el sábado 9 de marzo pasado. En el marco de la acusación contra las estructuras de Alejandro “Chucky Monedita” Núñez y Axel Uriel “Franco” Rodríguez, integrado por varios menores de 16 años, inimputables para la ley argentina, en sus eslabones más bajos, se reavivó el debate de la baja la edad para que los pibes de menos de 16 años sean acusados penalmente.
“Me parece que es una alternativa que no disminuiría las tasas de delito, dado que no influye para nada en los verdaderos motivos, a las verdaderas aristas del fenómeno del delito. Este fenómeno (del delito) está compuesto por muchos hilos que van entretejiendo una trama que tienen que ver con diversos factores sociales”, explicó Aguirre Guarrochena.
“Por ejemplo el acceso casi irrestricto a armas, sobre todo cuando son de fuego; la inequidad social; la falta de oportunidades reales; las fallas en el sistema educativo; las necesidades básicas insatisfechas de bastos sectores de la población; violencias sociales aprendidas fundamentalmente en el seno de la propia familia. Muchas veces estos chicos son víctimas de escenas de violencia familiar o ellos mismos son víctimas por casos de maltrato infantil; casos de violencia institucionales sufridas por bastos sectores de la población; y el grado de permeabilidad de los estamentos políticos y públicos a la hora de ser penetrados por la corrupción. Es decir, el fenómeno del delito es multifacético", indicó.
"Entonces si nosotros proponemos reducir la edad de la responsabilidad penal, eso es en realidad una respuesta poco estudiada, digamos. O poco poco meditada. Porque en realidad no va a afectar ninguna de las de los motivos reales que provocan las tasas de criminalidad. El fenómeno del delito va a seguir siendo el mismo nada más que vamos a tener más población criminalizada. No no va a resolver la cuestión de fondo”, indicó la magistrada.
“Uno de los argumentos sistemáticamente empleados por las clases dirigentes es que las bandas narcocriminales utilizan a chicos, no punibles, para cometer delitos. Si bien lo que hay que responder es que este es un fenómeno marginal. No es mayoritario. Es un fenómeno absolutamente marginal que, por el momento si existiese voluntad política, podría llegar a abordarse. Nada más que evidentemente no hay una decisión política de abordar seriamente esta cuestión porque además convengamos que estos chicos que son reclutados por bandas criminales son doblemente vulnerables”, indicó la jueza.
“Por un lado son vulnerables ante las bandas criminales porque en esas organizaciones son colocados en los lugares de mayor exposición y pueden, obviamente y se sabe, que desde entre comillas negocios se sale o muerto o preso. No hay no hay jubilación en este trabajo, no? Y estos chicos son colocados en los lugares de mayor exposición. Son justamente los que reciben las balas. Terminan en los cementerios, en los hospitales o en la cárcel. Por ese lado digo que son vulnerables. Pero son doblemente vulnerables porque justamente si van a ser captados por el sistema punitivo. Justamente el Estado la única la única herramienta, la única estrategia que tiene, es la estrategia punitiva y no promotora de sus derechos. Es decir, son chicos que normalmente pertenecen a sectores con altísima, vulnerabilidad social, donde el primer contacto con el Estado es a través de un mecanismo represivo que va a aumentar su exclusión social. Lejos de integrar o de reintegrar a los chicos a la sociedad, lo que va a hacer es aumentar la exclusión porque el contacto con el sistema. Fuente: https://www.lacapital.com.ar
