Además, señaló la complejidad de implementar estas reformas sin una coordinación efectiva entre la policía, los fiscales y los jueces, mientras cuestionaba la duplicación del periodo de prisiones preventivas. Por otro lado, elogió la eliminación de las prisiones domiciliarias preventivas y la prohibición definitiva del ingreso de celulares a las cárceles, a pesar de que siempre estuvo prohibido por la ley de Ejecución Penal del país.
El camarista se unió a las críticas previas del abogado penalista Gustavo Feldman sobre la implementación del nuevo Código Procesal Penal, particularmente en relación con el plazo de detención. En una entrevista en "Todos en La Ocho", Ivaldi Artacho planteó que "tiene normas necesarias, otras complicadas de implementar y otras problemáticas". Sin embargo, enfatizó que "no me refiero a nada que restrinja las facultades de los jueces en materia de prisión preventiva o permita una 'puerta giratoria', ya que no existe tal puerta giratoria desde hace más de diez años en la provincia".
Sobre las dificultades potenciales en la aplicación de las nuevas normas, Ivaldi Artacho indicó que "se requerirá un compromiso entre la policía, los fiscales y la judicatura para su correcto funcionamiento".
Surgen cuestionamientos sobre el nuevo protocolo de detención. "Los primeros momentos de la detención son los más críticos: se pone al individuo a disposición de los tribunales bajo la supervisión de los fiscales, se lo lleva a una audiencia para que el juez lo vea y para que conozca los cargos en su contra. Sin embargo, la reforma presenta conflictos en esta área y es difícil de implementar, especialmente porque establece una audiencia en 24 horas ante los jueces en lugar de las 72 horas más 24 como era antes, lo que limita el tiempo del fiscal a cargo, especialmente si hay múltiples detenidos implicados en una organización delictiva".
Ivaldi Artacho reconoció que el nuevo Código Procesal Penal de la provincia es moderno, pero señaló que estas reformas podrían promover la detención para investigar en lugar de investigar para detener, dado que la policía inicia y controla el proceso de investigación antes de comunicarse con la Fiscalía de turno.
"En cualquier país civilizado, primero se investiga y luego se detiene, aunque en algunos casos la persona es detenida en flagrancia. Sin embargo, la dinámica ahora es inversa, sin que el individuo comparezca ante un fiscal o un juez para ser imputado, con un plazo de hasta 30 días, lo cual es totalmente excesivo", criticó.
El camarista señaló que "las nuevas leyes duplican el periodo de las prisiones preventivas, lo que significa que una persona puede estar detenida hasta 96 horas sin saber de qué delito se le acusa, incluso en casos de accidentes de tránsito o delitos menores".
Opinó que "en el caso de delitos organizados, esto no era necesario, ya que ahora se establece un plazo de 15 días más 15 días adicionales, sin conocer los cargos, pruebas o calificaciones contra el detenido. Esto ha sido declarado inconstitucional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y genera un problema innecesario".
Desde 2014, la capacidad de alojamiento de las prisiones de la provincia se ha duplicado, con más de 10 mil internos en la actualidad, lo que representa una población carcelaria significativa. Ivaldi Artacho comentó: "El objetivo es reducir al mínimo la cantidad de detenidos en las primeras horas y luego trasladarlos a las prisiones, aunque esto no resuelve el problema de los plazos irrazonables. Es importante que la comunidad entienda que esto no se trata de ser más flexibles con las libertades y las prisiones preventivas, sino de otra cosa. Esto añade tensiones y complicaciones adicionales en un ámbito cotidiano".
Sin embargo, elogió las modificaciones introducidas por la gestión de Pullaro en relación con la eliminación de las prisiones preventivas domiciliarias, incluso con el uso de tobilleras electrónicas, y la prohibición definitiva del ingreso de celulares a las cárceles.
"Abogados, Defensa Pública, Ministerio Público y todos los jueces estábamos preocupados por equilibrar los derechos de las víctimas, proteger a la sociedad y garantizar los derechos de las personas imputadas. Era una situación muy concreta que se había vuelto trágica en Santa Fe, con casos como las prisiones preventivas domiciliarias y la presencia de celulares en las cárceles, desde donde se orquestaban extorsiones, tiroteos y otros delitos. Desde hace seis meses, hemos estado advirtiendo que esto era una herramienta para organizar todo tipo de delitos que tuvieron graves consecuencias en la provincia. Aunque estaba prohibido por la ley de Ejecución Penal, se permitía por diversos motivos. Parece que finalmente las autoridades tomaron nota de esto", concluyó. Fuente: https://www.lacapital.com.ar/
