Alquileres: el Gobierno quiere tumbar el proyecto opositor y promover indexación por UVA

Alquileres: el Gobierno quiere tumbar el proyecto opositor y promover indexación por UVA
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Los Diputados oficialistas presentaron una nueva propuesta que difiere, en aspectos centrales, con la que fue aprobada por unanimidad en el Senado. Habrá una reunión de la comisión antes de fin de mes para consensuar una nueva norma y para que se transforme en ley antes de fin de año

El nuevo régimen legal para los alquileres entró en fase definitoria: los asesores de los diputados de la comisión de Legislación General comenzaron a analizar los distintos proyectos de ley. La sensación existente en el ámbito parlamentario es que el Gobierno está determinado a que sea votada la ley antes de fin de año y que la indexación por UVA forme parte del nuevo marco.

Una de las iniciativas cuenta con media sanción, con votación unánime, del Senado. Había sido impulsada por la legisladora Silvina García Larraburu, del Frente para la Victoria, con el apoyo de las distintas agrupaciones que integran el Frente de Inquilinos Nacional.

Entre sus puntos centrales, contempla la ampliación de dos a tres años del plazo mínimo de los contratos de alquiler. Pero además, estipula la devolución del depósito en garantía, y establece que los aumentos sean anuales y no superen al índice de inflación.

Y establece un punto que provocó que las inmobiliarias levanten la voz y demuestren su preocupación ya que obliga a que las comisiones que cobran los corredores no superen el mes de canon, en caso de que las leyes locales no tengan establecido un monto mayor.

Contra la "distorsión"
Pero el Gobierno se opone al proyecto que cuenta con media sanción, porque considera que distorsiona el mercado, ya que si bien protegería a los locatarios, al fin de cuentas provocará un aumento de los montos de las unidades que se ponen en alquiler, debido a que los propietarios buscarán protegerse trasladando todas las contingencias que puedan ocurrir al precio que se fije al inicio del contrato.

Cambiemos quiere que la comisión se vuelva a reunir antes de fin de mes y que participen todos los sectores involucrados para acercar posiciones y lograr un dictamen consensuado. Se introducirían modificaciones y más tarde debería ser tratada -otra vez- por el Senado.

En ese sentido, le explicaron a iProfesional que pretenden que la iniciativa se apruebe durante este año y negaron que intenten frenar el debate, tal como sostienen las agrupaciones de inquilinos.

Hace pocos días, los diputados del Pro Daniel Lipovetzky y Waldo Wolf presentaron un proyecto para modificar los artículos 1196, 1209 y 1221, del Código Civil y Comercial sobre locaciones urbanas y establece disposiciones complementarias.

La más polémica es la que establece que se podrán ajustar anualmente los contratos siempre que el alquiler no exceda los 840 las Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) mensuales ($ 15.607,2) del Banco Central.

Las UVA se ajustan mensualmente con la inflación. De esta manera, el contrato celebrado por un monto de hasta 840 UVA se ajustará una vez por año en base al Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del Indec.

También elimina la obligación de permanecer seis meses en el inmueble para poder resolver anticipadamente el contrato pero establece penalidades –al contrario de la propuesta con media sanción- en caso de que se lo abandone antes de cumplir el plazo contractual.

“La resolución anticipada del contrato merecía una regulación adecuada, especialmente en cuanto a los montos resarcitorios que esta genera, en que etapa de la relación deben solventarse y la diferencia entre una locación civil y una comercial, también debe ser adecuadamente regulado, para ofrecer certeza a locadores y locatarios sobre el carácter del vínculo y las consecuencias de sus acciones”, explicaron los impulsores del proyecto oficial.

Pedidos de cambio a la media sanción
La propuesta sancionada por el Senado busca modificar el Código Civil y Comercial para otorgar mayores derechos a los inquilinos, ampliando de dos a tres años el plazo mínimo de los contratos de alquiler, que las subas semestrales pasen a ser anuales y medidas en base a índices inflacionarios.

Otro de los ejes que marca el proyecto es que las comisiones inmobiliarias sean fijadas por ley de cada jurisdicción. Si no existe ley, no podrán superar el valor de un mes de alquiler.

Por otro lado, indica que las expensas extraordinarias serán abonadas por el propietario, y se eliminará el plazo de seis meses para que los inquilinos puedan rescindir el contrato sin causa, así como también que las partes deberán acordar o no la renovación del contrato dentro de los sesenta días previos al vencimiento.

Pero lo que más preocupa a los propietarios es el sistema de actualización. El texto que cuenta con media sanción estableció que los precios se modificarán en forma anual a través de un índice ponderado que elaborará el Indec sobre la base de la evolución de los índices de precios al consumidor (IPC) y el coeficiente de variación salarial (CVS), promediados en partes iguales.

Y la parte polémica es que esa actualización operará sólo si existe una inflación anual superior al 10%. En caso contrario, no podrá indexarse y habrá que esperar a que se cumplan los años de contrato.

Según la lectura de los agentes inmobiliarios, que es similar a la que realiza el Gobierno, las modificaciones que apuntan a beneficiar a los inquilinos, en realidad los terminarán perjudicando, ya que los propietarios reaccionarían bajando la oferta de inmuebles- inseguros por el panorama incierto- y aumentando su precio inicial -por temor a que los ajustes no resulten ventajosos para ellos-.

Los comercializadores coinciden en que el proyecto no hace foco en varias cuestiones clave que son las que, en realidad, podrían contribuir a mejorar la situación de los inquilinos.

Además, alertan que verá afectada la construcción y la compra de muchas viviendas que luego son volcadas al mercado locativo.

"La mayoría de lo edificado en los últimos tres años corresponde a unidades que luego han sido destinadas al rubro alquileres", remarcó Armando Pepe, fundador de la Cámara Inmobiliaria Argentina.

En otro orden, consideró que ese tipo de inversores -que contribuyen a que haya una mayor oferta en el circuito- terminarán alejándose ante los nuevos condicionantes que impone la iniciativa de ley, como el que refiere a la extensión a tres años del plazo mínimo de locación.

Desde Inquilinos Agrupados salieron a contestar y remarcan que “el mercado inmobiliario no quiere ningún tipo de regulación, prefieren estar desregulados para poder abusar de las condiciones” de las personas que deben alquilar una propiedad para poder vivir.

Gervasio Muñoz, titular de dicha entidad, sostuvo que “cualquier tipo de regulación implicará un límite a las inmobiliarias”.

De todos modos, aclaró que la ley será un “primer paso”, y habló de otras modificaciones necesarias en un futuro: “Es un mercado en negro, no hay registro de nada, cómo y cuánto facturan, es un negocio muy turbio”.

Fuente: http://www.iprofesional.com

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