Consideraciones de la Asociación por los Derechos Civiles acerca del nuevo Código Civil

Consideraciones de la Asociación por los Derechos Civiles acerca del nuevo Código Civil
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La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) es una organización no gubernamental, apartidaria y sin fines de lucro que tiene como propósito contribuir a afianzar una cultura jurídica e institucional que garantice los derechos fundamentales de las personas. En esta oportunidad elaboró un informe con algunas críticas al nuevo Código Civil. Conocelo a un click.

El proyecto del nuevo Código Civil
Consideraciones de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
El proyecto de nuevo Código Civil representa un esfuerzo considerable por actualizar y unificar algunas de las piezas de legislación más relevantes para la vida de la comunidad y una oportunidad única para ampliar derechos. Desde la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) consideramos que debe ser objeto de un debate profundo en el parlamento, y que esa discusión debe incluir a toda la comunidad, especialmente a los sectores que
podrían verse afectados de manera particular por las nuevas reglas.
La ADC considera que la anterior postergación de su aprobación constituía una oportunidad para generar un proceso de deliberación abierto, riguroso y
verdaderamente democrático. Lamentamos que, en este caso, esto no haya ocurrido y ahora se reinstale abruptamente el tema, sin motivo técnico alguno.
Ello en función de que varios de los cambios introducidos en los últimos tiempos parecen ser el resultado de respuestas concretas a intereses específicos más que el producto de una deliberación pública sobre cuestiones como propiedad, comienzo de la vida, garantías judiciales y derechos colectivos.
En los próximos párrafos, adelantamos algunas consideraciones sobre puntos que integran el campo de trabajo de la ADC y que vemos como especialmente problemáticos. 

Comienzo de la vida 

Respecto del comienzo de la existencia de la persona humana “desde la concepción”, resulta alarmante que se mantenga una disposición obsoleta redactada en el siglo pasado y
que incluye un término (“concepción”) sumamente vago que carece de un significado
biológico preciso. Esta norma no recepta los avances científicos en la materia ni la
jurisprudencia más reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso
“Artavia Murillo”. Allí, la Corte Interamericana concluyó que el embrión no puede ser
entendido como persona a los efectos del artículo 4.1 (derechos a la vida) de la Convención
Americana de Derechos Humanos y que la protección del derecho a la vida no es absoluta,
sino que es gradual e incremental según su desarrollo. La disposición cuestionada puede
tener un impacto regresivo en el debate sobre el reconocimiento del derecho de las mujeres
a tomar decisiones sobre su propio cuerpo, en especial, su derecho a la interrupción
voluntaria del embarazo.
En segundo lugar, también es preocupante que el dictamen de mayoría haya eliminado de
este artículo la referencia al comienzo de la vida cuando se trate de técnicas de
reproducción asistida, prevista en el proyecto original. Estos métodos quedarán sin la
debida protección, generando un vacío legal que no podrá ser suplido por la eventual
sanción de una ley especial, lo que significa un grave retroceso que pone en riesgo derechos
elementales de las mujeres de nuestro país.
Iglesia Católica como persona jurídica pública
La ADC cuestiona el tratamiento preferencial que el proyecto de reforma brinda a la Iglesia
Católica al mantenerla como persona jurídica pública. Así, la equipara con el Estado
nacional, las provincias, la ciudad de Buenos Aires, entre otras organizaciones mencionadas
en el artículo 146 del proyecto. Este estatus jurídico especial hace que la Iglesia Católica, a
diferencia del resto de los cultos, sea completamente autónoma y no debe ajustar ni su
organización ni su funcionamiento a norma estatal alguna.
Para la ADC, el mantenimiento de este estatus privilegiado vulnera el principio de laicidad
estatal que se deriva de una interpretación armónica de nuestra Constitución Nacional y de
los instrumentos internacionales de derechos humanos suscriptos por nuestro país.
Asimismo, viola el principio de igualdad y no discriminación por motivos religiosos en
perjuicio de otros cultos a los que no se les reconoce la misma situación legal.
Capacidad jurídica de las personas con discapacidad
En relación a la regulación de las restricciones a la capacidad jurídica, la ADC considera
que el dictamen de Comisión vulnera el derecho de las personas con discapacidad al
reconocimiento de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás
personas, garantizado en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (CDPD). En efecto, el proyecto de Código Civil otorga a los
jueces la facultad de restringir la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en
relación a determinados actos. Si bien es positivo que la norma establezca el deber de los
tribunales de designar el apoyo necesario en estos casos, la redacción propuesta encierra
una contradicción al instaurar, por un lado, un régimen de capacidad jurídica restringida
para determinados actos y, al mismo tiempo, señalar que la persona en estos casos podrá
contar con los “apoyos necesarios”.
Si bien el dictamen de Comisión presenta importantes avances en relación al texto del
proyecto de ley remitido al Congreso de la Nación, a la luz del artículo 12 de la CDPD, la
regulación en esta materia no debería establecer la facultad de jueces y juezas de restringir
la capacidad jurídica de las personas y garantizar, por el contrario, la provisión de un
sistema de apoyos, para que la persona pueda tomar decisiones por sí misma y sin
restricciones de ningún tipo.
Libertad de expresión
El proyecto incluye una cláusula que tiende a proteger la vida privada. Si bien desde la
ADC consideramos que la privacidad es un derecho fundamental en una sociedad
democrática, consideramos que el artículo falla al no establecer defensas de interés público
vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión.
En efecto, el artículo 1770 es excesivamente ambiguo al castigar la “mortificación” de otras
personas “en sus costumbres y sentimientos”. Esa ambigüedad y vaguedad de los términos
utilizados vuelve a la norma incompatible con la Convención Americana de Derechos
Humanos, que exige que las restricciones al ejercicio de la libertad de expresión se
establezcan en leyes claras y precisas. Para evitar la responsabilidad del Estado ante
tribunales internacionales, el Congreso debería precisar los términos utilizados e incluir una
defensa de interés público vinculada al ejercicio de la libertad de expresión.
Asimismo, el artículo 1771 recoge de manera imprecisa el estándar de la real malicia para
casos de “acusación calumniosa”. Dicho estándar ha sido adoptado de manera invariable
por la Corte Suprema ante casos de responsabilidad civil y penal por el ejercicio del
derecho a la libertad de expresión en asuntos de interés público y que involucran a
funcionarios y personas públicas. Es además el estándar recomendado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
Por otra parte, el proyecto de Código nada dice sobre la necesidad de que la responsabilidad
civil por daños producidos en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión derive en
indemnizaciones “proporcionadas”, tal como exigen los estándares interamericanos de
derechos humanos. Finalmente, cabe destacar que la capacidad de los jueces de tomar
acciones preventivas para evitar la producción de daños nunca puede alcanzar a los daños
que se puedan cometer por medio de la prensa o en ejercicio del derecho a la libertad de
expresión. Esto es allí debido a la prohibición de censura previa que consagra nuestra
Constitución Nacional. El Código debería reflejar de manera expresa este principio.
Responsabilidad del Estado
El proyecto de Código Civil va a contramano de la jurisprudencia argentina y de la
legislación regional en materia de responsabilidad del Estado. Incluye una concepción
según la cual la protección del Estado equivale a la protección de la sociedad, cuando —en
muchas ocasiones— la defensa de la sociedad y de los derechos de los ciudadanos exige
que el Estado sea plenamente responsable por sus acciones y omisiones. El proyecto de
reforma deja a los ciudadanos con menos garantías para la protección efectiva de sus
derechos.
Por otro lado, eximir al Estado de su responsabilidad por la actividad judicial lícita dejaría
sin remedio efectivo a daños lamentablemente usuales en nuestro país como, por ejemplo,
los que sufren las personas privadas de su libertad que son luego absueltas. La reducción
del plazo en el que los particulares pueden iniciar acciones de contenido patrimonial contra
funcionarios públicos o la prohibición de la aplicación de sanciones pecuniarias ante
incumplimientos de decisiones judiciales priva a los ciudadanos y a los jueces de la Nación
de una herramienta que ha demostrado ser efectiva para lograr que el Estado responda ante
sus reclamos. La reforma del Código Civil debería estar orientada al fortalecimiento de los
derechos de los ciudadanos y no a su debilitamiento.
Buenos Aires, 1 de octubre de 2014

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