Un fallo hizo lugar al aumento de la cuota alimentaria en función de la mayor edad del menor alimentado.

Un fallo hizo lugar al aumento de la cuota alimentaria en función de la mayor edad del menor alimentado.
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Se entiende que resulta indudable, sin necesidad de incorporar prueba que así lo acredite, que la mayor edad del alimentado, quien ha ingresado a la instrucción primaria, sumado al aumento del costo de vida, autoriza a inferir la existencia de nuevas necesidades a cubrir por la sola circunstancia del natural crecimiento y desarrollo, y no es una presunción dogmática sino que tiene su razón de ser en el aumento de las necesidades (alimentación, vestimenta, educación, vida social, entre otras). El fallo a un click

Y VISTOS: los autos caratulados: “C, V S C/ R, G D – MEDIDAS URGENTES (ART. 21 INC. 4 LEY 7676) - RECURSO DE APELACION” (Exp. Nº185454), venidos del Juzgado de Familia de *Nominación, a cargo de*, de los que resulta que: 1) A fs. 201 el señor GDR, con el patrocinio del abogado CGDV, interpone recurso apelación en contra del Auto Número Novecientos trece, de fecha 25 de octubre de 2013 (fs. 195/198), en cuanto resuelve:
“Hacer lugar al incidente de aumento de la cuota alimentaria incoado por la Señora VC. 2º) 
Establecer la nueva cuota alimentaria a partir del mes de septiembre del año dos mil trece, a favor de GR y a cargo del progenitor, Señor GR, en la suma mensual de pesos un mil trescientos ($1.300), manteniendo la forma y modalidad de pago vigente en autos. 3º)
Establecer las costas a cargo del Señor RG, por la diferencia entre la suma por él ofrecida y la determinada en la presente resolución y el resto por el orden causado. 4º) Regular los honorarios definitivos de la Dra. CLC en la suma de pesos un mil cuatrocientos cuarenta ($1440)...”. Fdo.: Juez. Concedido el recurso interpuesto (fs. 202), el recurrente expresa agravios (fs. 203/207). Corrido el traslado de ley, a fs. 209/211 lo evacua la señora VSC, a través de su apoderada, abogada CLC; y a fs. 215/216 hace lo propio la señora Asesora de Familia del Sexto Turno. 2) Elevadas las actuaciones a esta Excma. Cámara de Familia de Segunda Nominación, se avocan a su conocimiento los Dres. Graciela Melania Moreno de Ugarte, Fabian Eduardo Faraoni y Roberto Julio Rossi (fs. 222). Dictado el decreto de autos (fs. 224), queda firme y la causa en estado de ser resuelta por el Tribunal.
Y CONSIDERANDO: 
I) Contra el Auto Número Novecientos trece, de fecha 25 de octubre de 2013 (fs.
195/198), en cuanto hace lugar al incidente de aumento de la cuota alimentaria incoado por
la señora VC, y establece la nueva cuota alimentaria a partir del mes de septiembre del año
dos mil trece, a favor de GR y a cargo del progenitor, señor GR, en la suma mensual de pesos
un mil trescientos ($1.300), manteniendo la forma y modalidad de pago vigente en autos e
impone las costas a cargo del alimentante, éste último interpone recurso de apelación (fs.
351); el que fue concedido mediante proveído de fecha 02 de diciembre de 2013 (fs. 202). El
recurso ha sido interpuesto en tiempo por lo que corresponde sea tratado. 
II) Los agravios del impugnante pueden sintetizarse como sigue: 
1) Señala que el monto establecido en concepto de cuota alimentaria ($1.300) es
desproporcionado ya que los gastos del menor mencionados por la incidentista totalizan la
suma de $1.000, por lo que a él le correspondería abonar $500 (50%). Añade que la a-quo
en forma subjetiva y desproporcionada menciona otros gastos que ella considera deben
realizarse, respecto de los cuales si bien estima que tiene en cierta forma razón, explica que
al no encontrarse cuantificados mal pueden servir como fundamento para modificar la
cuota fijándola en la suma de $1.300. Destaca que se allanó al pedido de aumento en más  
del 40%, que ofreció la suma de $1.000 y que le es imposible abonar la cuota fijada, más las
diferencias retroactivas y los honorarios de los letrados siendo que trabaja de changas con
un remis trucho cuando falta el chofer. 
2) Sostiene que la imposición de costas carece de fundamentación pues en los
considerandos la a-quo habla de cargar las costas al alimentado (lo que sería irracional) y
luego en el resuelvo se las impone a su parte por la diferencia entre la suma ofrecida y la
que la a-quo determina, más la diferencia entre la establecida y la que el compareciente
había ofrecido. Explica que debe abonar honorarios por algo que no generó ni dio origen al
reclamo y que se hubiera solucionado con sólo haberlo citado a una audiencia. 
3) Refiere que la a-quo regula los honorarios como si se tratare de un juicio
completo, siendo que es un incidente que no se abrió a prueba y que frente al pedido de la
incidentista su parte se allanó y la juez resolvió, por lo que debe regularse en el mínimo
legal.
Peticiona se haga lugar al recurso de apelación, se establezca la cuota alimentaria en
la suma de $1.000 y se impongan las costas por el orden causado. 
La contraria solicita el rechazo del recurso impetrado, con costas, por los siguientes
argumentos: 
1) Manifiesta que el importe fijado por la a-quo es lo que el niño requiere para que
se cubran todas sus necesidades. Añade que la diferencia entre lo solicitado y lo ofrecido es
de $300 y resulta menor a la asignación universal por hijo que paga el Estado Nacional.
Añade que la juzgadora tuvo en cuenta la edad del niño, los gastos que irroga la satisfacción
de sus necesidades, el incremento de precios y los ingresos del alimentante. Señala que
pretender aplicar la regla del 50% de la cuota a cargo de cada progenitor importa
desconocer que ella aporta en parte el cumplimiento de su obligación con el cuidado y
dedicación a su hijo. Refiere que el alimentante no se presentó a la etapa de mediación,
que durante la tramitación del incidente se fijó una cuota provisoria de $1.000, la cual fue
incumplida, y que recién se allana al contestar el incidente solicitando que la cuota
provisoria sea dejada como definitiva sin ofrecer la prueba que demostrara que tan
perjudicial sería la cuota de $1.300. 
2) Con relación a las costas explicita que debió iniciar el incidente porque el
alimentante no concurrió a la etapa de mediación, limitándose a allanarse al monto de la
cuota fijada provisoriamente al contestar el incidente, descalificando los gastos del niño y
mostrando un desconocimiento sobre la vida del hijo. Afirma que es claro el error de
tipografía involuntario de la sentenciante en el considerando cuando impone las costas al
“alimentado”, debiendo decir al “alimentante”; en atención al principio general que
establece que las costas deben ser impuestas al obligado al pago, quien a su vez ha
resultado vencido.
3) Respecto de los honorarios puntualiza que el apelante al decir que debe abonar
algo que no generó desconoce sus obligaciones como padre, es decir cumplir con la cuota
alimentaria, y que los incumplimientos generan intereses y habilitan al alimentado a iniciar
las acciones tendientes a su cobro; máxime si se considera que dilató el procedimiento y
generó deuda que ahora pretende no abonar. 
La señora Asesora de Familia del Sexto Turno, en su calidad de representante
promiscua, solicita que se desestimen los agravios: 
1) Expone que el agravio del apelante con relación al monto de la cuota alimentaria
implica una mera disconformidad subjetiva desde que no luce desproporcionado para cubrir
las necesidades del hijo priorizando su interés superior.
2) Con relación a los honorarios explica que la cuestión excede a los intereses
confiados a su Ministerio.
III) 1. Ingresando al examen de la cuestión planteada cabe señalar que el apelante no
cuestiona la procedencia del aumento de la cuota alimentaria establecida a favor de su hijo
menor de edad, por lo que ello ha quedado consentido. El alimentante centra su queja en
el quantum de la nueva obligación alimentaria a su cargo, la cual ha sido fijada en la suma
de $1.300. Sostiene que el monto resulta desproporcionado y carece de fundamento
suficiente en atención a la cuantificación acreditada de los gastos que irroga la satisfacción
de las necesidades del alimentado y los ingresos del alimentante, motivo por el cual
peticiona se establezca en la suma de $1.000.
En este punto debe recordarse que la naturaleza eminentemente asistencial del
deber alimentario, hace que el quantum de la cuota sea esencialmente mutable, lo que
significa que una vez establecido y para que proceda su modificación es necesario que
hayan variado los presupuestos fácticos que se tuvieron en cuenta al tiempo en que la cuota
alimentaria fue fijada. En consecuencia, la cuota alimentaria tiene la característica de la
provisoriedad, ya que si se modifican los elementos que se consideraron para su
determinación, es decir la capacidad económica del alimentante y/o las necesidades del
niño, la misma puede modificarse.
Asimismo, tratándose del deber alimentario derivado de la responsabilidad parental,
se ha sostenido de manera unánime que para la determinación de la cuota alimentaria han
de tenerse en cuenta los ingresos de los padres y las necesidades del hijo menor de edad
respecto a los rubros establecidos en la ley (arts. 265 y 267 del Código Civil), pues debe
existir un equilibrio entre las necesidades que tiende a cubrir la cuota y la aptitud del
obligado para llenar esa finalidad.
Sin embargo, al examinar la concurrencia de estos recaudos en un caso determinado,
adquiere particular relevancia el hecho concreto y real del aumento de las necesidades a
satisfacer derivado de la mayor edad del alimentado, frente al requisito referido a las
posibilidades económicas del alimentante. Es que no debe perderse de vista que conforme
lo dispuesto por los arts. 265, 267 y 271 del Código Civil sobre los padres pesa el deber
alimentario de sus hijos, mucho más estricto en la ley que el existente entre los parientes, y
ello se traduce no sólo en la obligación de proveer todo lo atinente a su asistencia integral,
sino también en realizar todos los esfuerzos que resulten necesarios a los fines de cumplir
acabadamente con dicho deber emergente de la responsabilidad parental. Tales directrices
imponen bregar por la satisfacción de las necesidades elementales del niño involucrado,
garantizándole así la protección de su “interés superior” constitucionalmente consagrado
(vgr. art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y art. 3 de la Convención sobre los Derechos
del Niño), más allá de la situación económica del alimentante quien deberá arbitrar las
medidas necesarias para efectivizar el cumplimiento alimentario, sin que pueda excusarse
de cumplir invocando falta de trabajo o de ingresos suficientes (cfr. Jurisprudencia reiterada
de este Tribunal, in re: "A., T. M. C/ P. D. – FILIACIÓN - RECURSO DE APELACIÓN", A.I. Nº 93,
31/07/2008; "S, R del P y Otro – HOMOLOGACIÓN - RECURSO DE APELACIÓN”, A.I. Nº 179,
08/10/2009; “B, T C Y OTRO - SOLICITA HOMOLOGACIÓN – RECURSO DE APELACIÓN”, A. Nº
194, 26/11/2013; entre otros).
2. En este marco conceptual, se adelanta opinión en el sentido de que no le asiste
razón al quejoso. Se dan los fundamentos: 
a) Mayores necesidades del alimentado: 
De la lectura de la resolución atacada emerge la actividad intelectiva desplegada por
la a-quo en aras de justificar la procedencia del nuevo quantum fijado. En tal sentido, la
juzgadora, trazó el itinerario racional necesario para arribar a tal conclusión, valorando
explícitamente la edad del niño, las necesidades que se presumen deben afrontarse y la
responsabilidad que a cada padre le cabe (Ver Considerando III), fs. 197 vta.). Con relación
al gasto que irroga la satisfacción de las necesidades de G valora tanto los rubros
acreditados tales como alimentación, vestimenta, medicamentos, educación; como aquellos
que sin haber sido cuantificados necesariamente deben ser cubiertos por la cuota
alimentaria a cargo del progenitor no conviviente, entre los cuales menciona la habitación,
salud, recreación, limpieza, cuidado y atención del niño. 
En este sentido, y siendo que la queja vertida por el apelante se dirige a cuestionar
precisamente la falta de acreditación del gasto que irroga cubrir estos rubros, debe
recordarse que la estimación efectuada por la a-quo a los fines de arribar al monto
cuestionado encuentra basamento suficiente tanto en el transcurso del tiempo como en la
mayor edad de G. En efecto, basta señalar que han transcurrido más de tres años desde que
las partes acordaron fijar la mesada en 30% del sueldo del alimentante con un piso mínimo
de $700 mensuales (3 de agosto de 2010, fs. 68) hasta la interposición de la incidencia que
nos ocupa (15 de agosto de 2013, fs. 167/170); y que G, tenía 4 años y actualmente cuenta
con 7 años (nació el día 16/01/2007, fs. 8). Repárese que la mayor edad del alimentado 
autoriza “per se” a inferir la existencia de nuevas necesidades a cubrir por la sola
circunstancia del natural crecimiento y desarrollo. Este extremo no necesita ser
demostrado, ni requiere de prueba específica y habilita a la sentenciante a sostener que el
primigenio monto alimentario ($700) deviene insuficiente por la especial etapa evolutiva en
la cual se encuentran el alimentado siendo que han transcurrido tres años desde su fijación.
Y no es una presunción dogmática sino que tiene su razón de ser en el aumento de las
necesidades (alimentación, vestimenta, educación, vida social, entre otras) que se traduce
en el incremento de los gastos o costos habituales para cubrirlas. En la especie, ello resulta
corroborado no sólo por el pasaje de una etapa de la vida del niño, quien ha ingresado a la
instrucción primaria, sino también por el aumento del costo de vida, que habilita a que se
solicite y otorgue “...un aumento de la cuota por tal causa, utilizando para ello la vía
incidental...” (cfr. Belluscio, Claudio, “Prestación Alimentaria – Régimen Jurídico”, Ed.
Universidad, Bs. As., 2006, pág. 205). Ello es así desde que el aumento de precios producido
por la inflación es público y notorio. 
Basta para ello referir que el Nivel General del Índice de Precios al Consumidor
Nacional Urbano registró en el mes de febrero de 2014 una variación del 3,4% con relación
al mes anterior, y que con relación al mes de diciembre de 2013 el Nivel General tuvo una
variación del 7,2% (Véase en www.indec.mecon.ar. Índice de Precios al Consumidor
Nacional Urbano, base IV trimestre 2013=100 – Febrero de 2014).
En tal línea de pensamiento es indudable, sin necesidad de incorporar prueba que
así lo acredite que el ingreso a la instrucción primaria implica nuevas y mayores erogaciones
en tanto se deben atender sus necesidades educativas reflejadas en la compra de uniforme,
libros, material didáctico, transporte escolar y las nuevas actividades sociales que conlleva
esa etapa de socialización del niño. 
En este contexto no puede tacharse de desproporcionada la cuota alimentaria de
$1.300 si se considera que implica aproximadamente $43,33 diarios, y que por otro lado
según el Instituto de Economía del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba
(vide página web www.cpcecba.org.ar), la Canasta Alimentaria Nutricional (CAN) al mes de
diciembre de 2013, para una familia de 4 miembros, alcanzaba un valor de $4.516,56;
mientras que la Canasta Total (CT) ascendía a la suma de $9.710,61.
Lo expuesto sella la crítica intentada en este sentido por el recurrente.
b) Capacidad económica del alimentante: 
Con relación a la acreditación de la modificación en la situación patrimonial del
obligado si bien no han sido probados fehacientemente los ingresos del alimentante, desde
que no posee un trabajo en relación de dependencia y el mismo se limita a reconocer que
efectúa changas y es chofer ocasional de un auto de alquiler, lo cierto es que la conclusión a
la cual arriba la juzgadora en orden a que “...en nada hace variar la obligación de alimentar a 
su hijo con la extensión que determina el art. 267 del CC...” (fs. 197 vta.) resulta ajustada a
derecho. En efecto, ante la prueba irrefutable de las necesidades del alimentado, la carga
de la incidentista de demostrar las mayores posibilidades económicas del alimentante se
flexibiliza, produciéndose su desplazamiento hacia la parte que se encuentra en mejores
condiciones de probar empleando la diligencia y responsabilidad del litigante medio. Tal
conclusión se asienta en la corriente procesal conocida como “carga dinámica de la prueba”,
aplicable en materia que compromete los intereses de familia, especialmente a la relación
jurídica alimentaria, en virtud de la cual la carga de demostrar determinados extremos
fácticos se desplazan a la contraria, quien se encuentra en mejor situación para obtener los
elementos de prueba necesarios para definir la concurrencia o no de los recaudos legales
que tornan procedente la acción. Si esto es así, mal puede alegar el quejoso que la contraria
no probó la pudencia del alimentante pues la acreditación de dicho extremo no puede
recaer exclusivamente sobre ella, sino también sobre el impugnante, quien se encuentra en
mejores condiciones para producirla. 
Asimismo, resulta claro que -para este caso en particular- la sola circunstancia de no
existir una prueba directa respecto de la suficiencia económica del progenitor incidentado,
no puede enervar la pretensión de aumento de cuota formulada por la madre del hijo
menor de edad. Es que, frente a la inexistencia de elementos probatorios dirimentes que
permitan dilucidar la real situación económica del alimentante, y a los fines de determinar el 
monto de la cuota alimentaria, la juez debe “hacer uso de lo que su propia experiencia le
indica, desde que sus conocimientos le devienen del hecho de vivir en sociedad y de poder
apreciar los aconteceres que a diario le suceden y que en su reiteración aportan
antecedentes de importancia” (cfr. Jurisprudencia citada por Palacio-Alvarado Velloso,
“Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1988, tomo
4, pág. 488/499).
La aplicación de las reglas de la experiencia, a las que alude el ordenamiento
sustancial (arts. 901, 512 y conc. del Código Civil) y también el formal (art. 326 del CPCC),
permite que ante un hecho desconocido sobre el que no se tiene prueba directa, pueda
desarrollarse la indirecta, mediante presunciones simples y ajustando el razonamiento
judicial a los principios lógicos. 
Sobre esto último cuadra destacar, que el principio de razón suficiente, no siempre
está sometido a las mismas exigencias. La ley muchas veces se satisface con un mero juicio
de probabilidad acerca de los extremos fácticos que se pretenden demostrar, otras requiere
certeza de la existencia de aquellos. Por otro lado, no consentir que la valoración de la
suficiencia económica del alimentante y la correlativa estimación de una cuota alimentaria,
se funden en las reglas de la experiencia implicaría en el caso, frustrar toda posibilidad de
emitir un pronunciamiento válido, por falta de prueba sobre tal extremo, colocando así al  
niño en una situación de peligro al no poder cubrirse sus necesidades más elementales,
contraviniendo las directivas sentadas por la Convención sobre los Derechos del Niño de
jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22º de la Constitución Nacional). 
En la especie, el hecho de que el incidentado haya ofrecido aumentar la cuota
alimentaria en forma voluntaria a la suma de $1.000, habilita a presumir válidamente su
capacidad contributiva, máxime si se considera su edad (aproximadamente 32 años, fs. 7) y
que no ha esgrimido ningún motivo ni incapacidad laboral que permita excusarlo. 
Más aún, las meras expresiones acerca de la insuficiencia de recursos, no son causa
suficiente para admitir la disminución del pago de la cuota alimentaria. Así, se ha sostenido,
que aún cuando el progenitor reconozca realizar determinado trabajo cuyo ingreso no es
suficiente para atender las necesidades del hijo, está en el campo de su responsabilidad
parental dedicar parte de sus horas libres, en una medida que resulte razonable, a tareas
remuneradas con las cuales poder completar la cuota; y hasta tiene el deber de reemplazar
el trabajo escasamente remunerado por otro que signifique un mayor ingreso, aunque ello
implique también un mayor esfuerzo (cfr. Bossert, Gustavo A. “Régimen jurídico de los
alimentos”, Ed. Astrea, Bs.As. 1993, pág. 207).
c) Posibilidades económicas de la progenitora conviviente:
En relación a los aportes que la progenitora conviviente debe realizar en atención a
que la obligación de prestar alimentos al hijo menor pesa sobre ambos progenitores, se ha 
sostenido que “...en modo alguno implica una obligación de igualdad numérica de la
contribución económica, debiendo imputarse a la obligación alimentaria la contribución
realizada por el progenitor conviviente en cuanto al cuidado de los hijos...” (cfr. Stilerman,
Marta N., “Menores. Tenencia. Régimen de Visitas”, 3ª Ed. Act., 2ª reimp., Ed. Universidad,
Buenos Aires, 2004, pág. 149). En consecuencia, aún cuando el deber de prestar alimentos
al hijo menor incumbe a los dos progenitores, el criterio imperante indica que esa obligación
se compensa por parte del progenitor conviviente con el cuidado y la educación que le
prodiga a aquél, siendo merecedora de una apreciación económica. Atento a ello, la
circunstancia de poseer ingresos la progenitora incidentista, según surge de sus propias
manifestaciones por desempeñarse como cajera en JRA S.A. (fs. 112 y 113), no atenúa la
obligación de contribución que pesa sobre el recurrente, no sólo por lo supra manifestado
sino también por que ello se traduce en una mejor calidad de vida respecto del niño en pos
de la íntegra satisfacción de sus necesidades de formación y desarrollo. Por lo expuesto este
agravio no puede ser admitido.
3. Costas:
La queja relativa a la imposición de las costas a cargo del alimentante por la
diferencia entre la suma por él ofrecida y la determinada en la resolución en crisis tampoco
merece recibo. Se dan razones: 
En cuanto a la supuesta contradicción que alega el apelante entre los Considerandos
y el resuelvo con relación al obligado, de la atenta lectura de la resolución surge evidente
que cuando la a-quo refiere al “alimentado” en realidad debió decir “alimentante”, siendo
un mero error involuntario. Al respecto, resulta necesario recordar que en materia de
alimentos rige el principio general que prescribe que las costas deben ser soportadas por el
obligado al pago, el que responde al imperativo de proteger la incolumidad de la prestación
alimentaria. Lo contrario significaría hacer recaer el importe de éstas sobre las cuotas
fijadas, quedando así desvirtuada la finalidad de la prestación (cfr. Loutayf Ranea, Roberto
G., “Condena en costas en el proceso civil”, Ed. Astrea, Bs.As. 1998, párraf. 199, pág 427, en
igual sentido: Fanzolato, Eduardo Ignacio, “Derecho de Familia”, Ed. Advocatus, Córdoba,
2007, Tomo I, párraf. 87, pág. 309). Y que dicha regla también resulta aplicable a los
incidentes de aumento de la cuota alimentaria o de reducción (cfr. Loutayf Ranea, Roberto
G., op. cit., pág. 141 y sig.). 
Por otro lado, no existe mérito en la causa para apartarse del principio objetivo de la
derrota, plasmado en el art. 130 del CPCC. En efecto, la pauta para determinar la ausencia
de un vencedor absoluto se encuentra en el resultado que obtienen las pretensiones u
oposiciones. De allí que la distribución de las costas sea una solución excepcional que sólo
corresponde aplicar cuando existen razones muy fundadas y elementos de juicio suficientes
para apartarse del mentado criterio. Ergo, la exención debe admitirse restrictivamente y  
sobre la base de circunstancias cuya virtualidad, en cada caso, torne manifiestamente
injusta la aplicación del principio de que el vencido debe soportar las costas (art. 130 del
CPCC).
En la especie, se hizo lugar al incidente de aumento de cuota alimentaria (fs.
195/198) por el monto peticionado por la incidentista (fs. 167/170), frente a la negativa del
alimentante (fs. 181/183). 
4. Honorarios:
Finalmente, tampoco puede admitirse el agravio vertido con relación a la regulación
de los estipendios profesionales de la abogada de la incidentista. La a-quo ha fijado
adecuadamente la base económica (art. 75 segunda parte de la Ley Nº 9459) y ha
considerado justo aplicar el punto mínimo de la escala del art. 36 del mismo cuerpo legal
(hasta 5 U.E., 20%), lo que exime de mayores consideraciones al respecto. 
IV) En suma, corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por el señor
GDR, en contra del Auto Número Novecientos trece, de fecha 25 de octubre de 2013 (fs.
195/198), confirmándolo en todo cuanto decide. 
Atento el principio de vencimiento objetivo, las costas en la alzada se imponen al
vencido, señor GDR (art. 130 del CPCC). 
A los fines de efectuar la regulación de honorarios profesionales de la abogada CLC
corresponde tomar como base económica el monto de lo que ha sido materia de discusión
en la Alzada, esto es, la suma conformada por la diferencia entre la cuota ofrecida ($1.000) y
la fijada (1.300) multiplicada por veinticuatro meses (art. 75 del C.A.), lo que arroja la suma
de Pesos Siete mil doscientos ($300 x 24 = $7.200). Efectuados los cálculos pertinentes y
aplicando los puntos medios de las escalas ($7.200 x 22,5% x 40% = $648), el resultado no
alcanza el mínimo legal previsto por el art. 40 de la Ley Nº 9459, por lo que corresponde
regular los estipendios de la abogada CLC en la suma de Pesos Dos mil trescientos ochenta y
tres con sesenta centavos ($2.383,60), equivalentes a 10 jus, de conformidad a lo prescripto
por los arts. 39 incs. 1 y 5 y 40 de la Ley Nº 9459. 
No se regulan los honorarios profesionales del abogado CGDV, atento lo dispuesto
por el art. 26 de la Ley Nº 9459 (a contrario sensu).
Por todo ello; 
SE RESUELVE:
1) Rechazar el recurso de apelación deducido por el señor GDR, en contra del Auto
Número Novecientos trece, de fecha 25 de octubre de 2013 (fs. 195/198), confirmándolo en
todo cuanto decide. 
2) Imponer las costas en la alzada se imponen al vencido, señor GDR (art. 130 del
CPCC). 
3) Regular los honorarios profesionales de la abogada CLC por las tareas desplegadas
en la Alzada en la suma de Pesos Dos mil trescientos ochenta y tres con sesenta centavos
($2.383,60), equivalentes a 10 jus, de conformidad a lo prescripto por los arts. 39 incs. 1 y 5
y 40 de la Ley Nº 9459. 
4) No regular los honorarios profesionales del abogado CGDV, atento lo dispuesto
por el art. 26 de la Ley Nº 9459 (a contrario sensu). 
Protocolícese, hágase saber y oportunamente bajen al Juzgado de Familia
interviniente a sus efectos.
GRACIELA MORENO DE UGARTE
PRESIDENTE
ROBERTO JULIO ROSSI FABIAN EDUARDO FARAONI
VOCAL VOCAL

Fuente: http://www.infojus.gov.ar

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