Entre ellos estaba Horacio Campiglia, otro miembro de la conducción nacional de Montoneros.
Bonadio, que integró la “servilleta de Carlos Corach”, según la denuncia de Domingo Cavallo, debe demostrar sin ambages la existencia de “complicidad” con los autores de delitos imprescriptibles por parte de fuerzas militares. Exige por ende el aporte de pruebas propio de todo delito, y más si se trata de crímenes de lesa humanidad, que deben ser castigados, cualquiera sean sus responsables.
Pero si este caso mantiene la ambigüedad de la figura penal en la que se pretende encuadrarlo sólo dará derecho a pensar que la resolución del juez es una mera acción política destinada a presionar al gobierno de Néstor Kirchner, acusado de “zurdo” por algunos portavoces procesistas. ¿Acaso un intento de negociar o frenar el juicio y castigo a los genocidas, luego de los reclamos de jueces extranjeros y de la anulación en trámite de las leyes de punto final y de obediencia debida por parte del Congreso?
En los fundamentos de su decisión, Bonadio alega que la conducción de Montoneros no podía desconocer los riesgos que suponía aquella operación de retorno al país. Obvio: lo más seguro era no hacerlo. ¿Pero cuál es la traducción jurídica de esa razonamiento político de un magistrado identificado con el menemismo?
La acción que precipita coincide con las voces en alto de quienes quieren detener el saneamiento institucional iniciado por el gobierno para recuperar la dignidad del país, el respeto internacional y superar a través de la verdad y la justicia el pasado insepulto.
Como encolumnados están quienes, de adentro y de afuera, apoyaron y se beneficiaron con el modelo económico que en 1976 nació con Videla, Massera y Agosti, de la mano –no olvidemos– de José Alfredo Martínez de Hoz. Modelo de exclusión y, por lo tanto, de miseria, que creció vertiginosamente con el menemismo, se mantuvo con el gobierno aliancista –con Cavallo en la dos gestiones– y estalló en mil pedazos en diciembre de 2001.
“Formo parte de una generación diezmada...”, dijo Kirchner, el 25 de mayo, tras su juramento ante la Asamblea Legislativa. “Llegamos sin rencores pero con memoria. Memoria no sólo de los errores y horrores del otro sino también memoria sobre nuestras propias equivocaciones”, añadió.
Tras ello, más los reclamos del juez español Baltasar Garzón y la sanción de la Cámara de Diputados del último martes de anular las leyes del perdón, remozar la obsoleta teoría de los “dos demonios” puede verse como la intención de obstaculizar el juicio sobre los genocidas. Un intento más de esta endémica enfermedad argentina que se llama impunidad.


Fuente: www.elciudadano.net