Galdeano ocupa el cuarto lugar en la lista encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro, dejando en evidencia su alineación partidaria. Sin embargo, se niega a solicitar licencia y pretende seguir al frente del Colegio de Abogados, confundiendo deliberadamente su rol gremial con su candidatura política.

La situación es tan grave que cuatro directores titulares del Colegio presentaron formalmente un pedido de licencia para Galdeano, señalando que su doble rol afecta la transparencia y el principio de imparcialidad que debe regir la conducción del Colegio.

Esta presentación fue impulsada por la Dra. Verónica Liliana Reynoso, la Dra. Fernanda Fabiana Bartolozzi, el Dr. Carlos Gustavo Ensinck y la Dra. Laura Judith Vicario, quienes advirtieron que su permanencia en el cargo compromete seriamente la independencia institucional.

Sin embargo, el oficialismo del Colegio se niega a esto, protegiendo la permanencia de Galdeano y avalando un evidente abuso de poder.

El conflicto no es solo de ética y transparencia, sino también de legitimidad democrática. Los abogados y abogadas de Rosario eligieron a Lucas Galdeano para representarlos en el ejercicio profesional y gremial, no para hacer política partidaria. Su mandato como presidente del Colegio de Abogados se basa en la confianza de la matrícula para defender los intereses de la profesión, no en un aval para postularse como convencional constituyente por un partido político. Este desvío de su función representa un quiebre en la legitimación de su cargo, ya que los matriculados nunca lo votaron con ese fin. Está utilizando un mandato gremial para fines que exceden su representación, generando un abuso de poder y un fraude a la voluntad de quienes lo eligieron.

Esta candidatura y su ratificación sientan un precedente inédito y profundamente negativo en la historia de la institución, abriendo la puerta a que en el futuro el Colegio de Abogados se convierta en un trampolín político en lugar de una entidad que represente genuinamente a la profesión. Si un presidente puede utilizar su cargo para impulsar su carrera partidaria sin que haya consecuencias ni controles, se rompe cualquier límite entre la representación gremial y la militancia política, dejando a la abogacía organizada a merced de los intereses del gobierno de turno. Esta falta de reacción institucional degrada la función del Colegio, desdibujando su razón de ser y marcando el inicio de una peligrosa pendiente donde la imparcialidad y la defensa de la profesión quedan en segundo plano frente a ambiciones personales y disputas electorales.
 
Resulta particularmente llamativo que, a pesar del vínculo directo de Galdeano con el Poder Ejecutivo y su alineación política con la mayoría en la Cámara de Diputados y su incidencia en el Senado, su gestión no haya logrado ninguna ley que beneficie a la abogacía. Su presencia en espacios de decisión no se ha traducido en avances concretos para la profesión, sino en una absoluta parálisis legislativa en temas clave. La ley de licencias para abogados y abogadas sigue completamente frenada, sin avances ni gestiones serias para su tratamiento. Tampoco ha habido ningún abordaje real de la reforma de la Ley de Honorarios Profesionales, necesaria para su adecuación tanto al sistema penal reformado como al Código Civil y Comercial. Este silencio legislativo, lejos de fortalecer la posición de la abogacía, demuestra que la conducción del Colegio está más enfocada en los intereses políticos personales de su presidente que en la defensa de los derechos y condiciones laborales de quienes representa.

Hasta el propio periodista Juan Pedro Aleart renunció a su rol de comunicador y referente de la información imparcial, reconociendo que, al asumir una postura política, ya no podía representar objetivamente a toda la sociedad, sino que pasaba a ser parte de un sector y de un partido político.
 
Violación de la legislación vigente
La negativa de Galdeano no solo es un problema ético, sino también una violación de normas clave que garantizan la independencia de las instituciones:
-Artículo 298 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Santa Fe: Prohíbe expresamente la injerencia política en el Colegio de Abogados, asegurando su independencia de los poderes del Estado.
-Normas de Ética Profesional del Abogado – Artículo 10: Prohíbe la acumulación de cargos que comprometan la independencia profesional y la imparcialidad gremial.
-Estatuto del Colegio de Abogados de Rosario: Establece que el Colegio debe mantener absoluta imparcialidad en cuestiones políticas.

Un presidente que usa el Colegio como plataforma electoral
Las razones para exigir su licencia son evidentes:
-Rompe con la neutralidad del Colegio, que debe representar a toda la matrícula sin alineaciones partidarias.
-Aprovecha su cargo como plataforma electoral, generando una ventaja injusta sobre otros candidatos.
-Compromete la imparcialidad institucional, ya que la abogacía organizada no puede estar representada por alguien con intereses políticos directos.
-Confunde a la sociedad y a los propios abogados, dando la impresión de que su candidatura tiene el respaldo institucional del Colegio.

El Colegio de Abogados, ¿una extensión del gobierno provincial?
La negativa de Galdeano y de los directores oficialistas confirma la captura política del Colegio. ¿Desde cuándo un presidente de una institución profesional puede ser, al mismo tiempo, candidato de un partido sin que esto afecte la independencia de la institución?

Con Maximiliano Pullaro como cabeza de lista, el vínculo de Galdeano con el gobierno provincial deja a los abogados de Rosario sin una representación genuina, ya que el Colegio queda subordinado a los intereses políticos de la gestión de turno.

¿Qué van a hacer los abogados?
Este es el momento de exigir transparencia y neutralidad. Cuatro directores ya dieron el primer paso para frenar este atropello institucional. Ahora, la pregunta es:
¿Seguirán los abogados permitiendo que el Colegio sea una unidad básica del oficialismo provincial o exigirán que vuelva a ser un espacio de representación genuina de la profesión?
Lucas Galdeano tiene que elegir: ¿representa a los abogados o es un operador político de Pullaro?Hasta ahora, su prioridad está clara… y no es la abogacía.