El colegio que privilegia lo individual y personal sobre lo colectivo
El Colegio de Abogados de Rosario a instancias de Galdeano y la tesorera ha aprobado un acuerdo laboral por $90 millones de pesos, equivalente a aproximadamente 74.000 dólares al tipo de cambio informal, en favor de una sola empleada. Esta decisión ha generado una ola de críticas entre los matriculados, no solo por el monto desproporcionado, sino también por la falta de transparencia en las negociaciones.
Mientras tanto, el Colegio cerró recientemente el Jardín Familiar, un servicio esencial que brindaba apoyo a las familias de los matriculados. El cierre se justificó bajo el pretexto de reducir costos, cuando un simple ajuste en la cuota podría haber garantizado su continuidad sin afectar el patrimonio institucional.

Un jardín regalado
La situación del Jardín Familiar, emblema de inversión y esfuerzo colectivo, se agrava al observar que toda la estructura inmobiliaria construida con los aportes de los matriculados fue entregada sin miramientos al nuevo usuario o institución que lo ocupa. Baños revestidos en mármol, sistemas de aire acondicionado, vidrios de seguridad, picaportes de alta calidad, pintura, una escalera de incendios de emergencia, toldos, pisos ignífugos; todo eso, cuidadosamente planificado y ejecutado, fue simplemente abandonado. Este acto no solo representa una pérdida patrimonial incalculable, sino que además expone una actitud reaccionaria, conservadora y cargada de resentimientos que solo busca destruir en lugar de construir. La decisión de regalar el jardín, junto con los bienes invertidos, resulta inadmisible, y ahora, como si fuera poco, quienes toman estas decisiones enfrentan un monto indemnizatorio multimillonario que golpea directamente a las finanzas del Colegio y a sus matriculados.

Una gestión bajo sospecha
Las decisiones recientes han expuesto lo que muchos consideran un manejo interesado y poco profesional de los recursos del Colegio. El acuerdo por $90 millones, negociado en secreto entre el presidente, la tesorera y la empleada beneficiada y sus abogados, se presentó al directorio apenas dos días antes de su votación, impidiendo un análisis profundo por parte de los miembros minoritarios.
…Nos dieron un documento ya cerrado, sin espacio para intervenir. Es otro abuso a la democracia institucional. Además, durante las deliberaciones, algunos directores oficialistas se mostraron más preocupados por evitar que estos hechos se hagan públicos que por el impacto real en los fondos del Colegio. La realidad es que las reuniones de directorio son publicas y todas sus decisiones más aun las que involucran disponer de fondos de los abogados provenientes del pago su matrícula….

Impacto económico y desigualdad
El pago a la empleada, quien continuará trabajando en el Colegio pese a haberlo demandado, contrasta de manera escandalosa con el argumento usado para cerrar el Jardín Familiar. Este servicio fue clausurado bajo la excusa de ser insostenible, afectando a decenas de familias y al personal docente despedido, incluyendo maestras y una directora.
La disparidad es evidente. Mientras se gastan millones en resolver un conflicto individual, el Colegio no muestra el mismo compromiso hacia proyectos que beneficien a la matrícula en su conjunto. Este manejo desigual ha generado un ambiente de descontento y desconfianza entre los abogados, quienes se preguntan por qué sus cuotas mensuales se destinan a acuerdos de esta magnitud, sin ningún tupo de análisis.

Argumentos jurídicos ignorados
El acuerdo aprobado también ignora que la sentencia de primera instancia aún no ha sido revisada por la Cámara de Apelaciones. Este hecho es fundamental, ya que existen altas probabilidades de que el fallo sea modificado, reduciendo significativamente el monto adeudado al estar pendiente la revisión de dos instancias superiores: la Corte Provincial y eventualmente la Corte Suprema de la Nación.
Además, la aplicación de intereses en este caso podría verse directamente afectada por la jurisprudencia reciente en el caso Oliva, Fabio Omar c/ COMA S.A. s/ despido, donde la Corte Suprema declaró inválida la capitalización periódica y sucesiva de intereses. Esto ha llevado a que las tasas de interés aplicables se reduzcan considerablemente, marcando una tendencia a favor de los deudores.

Oscurantismo en la gestión
La negativa del presidente y la tesorera a proporcionar el listado actualizado de empleados y sus salarios también ha sido motivo de controversia. “Eso no te lo vamos a dar”, manifestaron ante un pedido formal de acceso a esta información, generando más dudas sobre la transparencia de la administración actual.
Además, cabe destacar que no se presentó ninguna planilla o documento que respalde el cálculo exacto de los $90 millones que se acordaron. Este monto fue determinado de manera poco clara, en negociaciones directas entre el presidente, la tesorera y los abogados de la empleada, lo que refuerza la falta de transparencia en el manejo de los recursos del Colegio.

El voto opositor
Los directores opositores Carlos Ensinck, Veronica Reynoso y Fernanda Bartolozzi, presentaron un voto en contra de este acuerdo, el cual adhiere Laura Vicario y es accesible para los matriculados interesados. En su voto, destacaron la falta de justificación jurídica y económica del acuerdo, así como la necesidad de agotar las instancias legales antes de comprometer los recursos del Colegio en un pago de esta magnitud.
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Un precedente peligroso
Este acuerdo no solo compromete las finanzas actuales del Colegio, sino que también sienta un precedente negativo para futuros reclamos laborales. “Si los otros empleados judicializados deciden reclamar condiciones similares, el impacto será devastador para las arcas del Colegio”, advierten expertos.

El origen de los conflictos
El origen de los conflictos laborales que actualmente enfrenta el Colegio de Abogados puede rastrearse al otorgamiento discrecional y cuantioso de adicionales salariales fuera del convenio colectivo de trabajo, una práctica instaurada por las gestiones anteriores a la presidencia de Araceli Díaz. Este tipo de decisiones, tomadas sin una planificación adecuada ni un marco normativo que las respaldara, generaron desigualdades entre los empleados y un incremento progresivo de los costos laborales, cuyas consecuencias hoy son visibles en el gran número de juicios laborales enfrentados por la institución.
La falta de control y transparencia en el otorgamiento de estos adicionales no solo creó desequilibrios internos en la estructura salarial del Colegio, sino que también sentó las bases para que los trabajadores afectados encontraran en la vía judicial un medio para reclamar lo que percibieron. Estas decisiones, tomadas bajo criterios arbitrarios y alejadas de las normativas vigentes, representan un claro ejemplo de cómo una gestión irresponsable puede comprometer no solo el presente, sino también el futuro financiero e institucional del Colegio.
El impacto de esta situación no recae únicamente en quienes tomaron estas decisiones, sino en toda la matrícula, cuyos aportes mensuales son ahora utilizados para resolver conflictos que podrían haberse evitado con una administración más rigurosa y apegada a las normas. En última instancia, estas prácticas destacan la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de control interno y de garantizar que las decisiones futuras se tomen en función de criterios objetivos y transparentes, priorizando siempre la sostenibilidad y la equidad en el manejo de los recursos del Colegio.

Responsabilidad institucional, no personal
Es importante subrayar que la empleada beneficiada no tiene responsabilidad alguna en esta situación. La demanda laboral es un derecho, y no corresponde cuestionar sus acciones. Sin embargo, la aprobación de este acuerdo recae exclusivamente en el presidente y el directorio oficialista, quienes decidieron comprometer los recursos del Colegio de manera desproporcionada y poco fundamentada.

Conclusión: ¿Hacia dónde va el Colegio?
La decisión de cerrar un Jardín Familiar, una medida que afectó a decenas de familias, mientras se aprueba un pago millonario para resolver un conflicto individual, pone en entredicho las prioridades de la actual gestión del Colegio de Abogados de Rosario. Es momento de exigir rendición de cuentas y mayor transparencia en el manejo de los recursos que pertenecen a todos los matriculados.
La comunidad de abogados merece saber:
¿Está siendo bien administrado su aporte mensual o estamos siendo testigos de un manejo irresponsable y direccionado?
¿Por qué el Colegio de Abogados destina $90 millones de pesos para resolver un conflicto individual mientras clausura un Jardín Familiar que beneficiaba a decenas de familias?
¿Cómo puede justificarse el cierre de un servicio esencial cuando una simple cuota de equilibrio habría permitido su continuidad?
¿Qué criterios se utilizaron para priorizar un pago millonario sobre el mantenimiento de un servicio colectivo?
¿Por qué no se presentaron planillas ni cálculos que respalden el monto acordado de $90 millones?
¿Qué intereses ocultos podrían estar detrás de una negociación tan apresurada y reservada entre el presidente, la tesorera y los abogados de la empleada?
¿Cómo se explica que los directores oficialistas debatieran en privado si este acuerdo debía mantenerse en secreto para evitar críticas públicas?
¿Qué mensaje se envía a los matriculados cuando sus aportes se utilizan para acuerdos de esta magnitud, mientras se recortan servicios esenciales?
¿Qué impacto tendrá este precedente en futuros reclamos laborales que busquen condiciones similares?
Es hora de que el Colegio recupere el norte y priorice lo colectivo por encima de los intereses particulares.
 

Por: Dr Carlos Ensinck