El epicentro de este escándalo es el cierre del Jardín Familiar Juan Carlos Martorana, una medida que dejó a decenas de familias desamparadas y que desató una movilización histórica de padres y colegas. En respuesta, se reunió el 10% de las firmas necesarias para convocar a una asamblea extraordinaria, como estipula el artículo 5 del estatuto del Colegio. Sin embargo, lo que podría haber sido un ejercicio ejemplar de participación democrática se convirtió en un teatro de lo absurdo.

El directorio del Colegio, presidido por Lucas Galeano, dispuso un procedimiento de ratificación de firmas que es, en los hechos, de imposible cumplimiento. Publicaron un anuncio en su sitio web el viernes 20 de diciembre —sin dar aviso por Boletín Oficial—, indicando que los firmantes debían ratificar su adhesión los días 23, 24 y 26 de diciembre en la sede del Colegio, exclusivamente de 9 a 12 horas. Este procedimiento fue instrumentado por el secretario de la institución, Juan Manuel Fascia.

Un rápido cálculo expone el sinsentido: con solo 9 horas disponibles en total, y con 1200 personas a ratificar sus firmas, cada colegiado dispondría de menos de 30 segundos para completar el proceso. En otras palabras, materialmente imposible. Este procedimiento no solo carece de viabilidad, sino que también está en abierta contradicción con el principio de buena fe que exige el artículo 9 del Código Civil y Comercial de la Nación.

La falta de notificación adecuada también vulnera el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantiza el derecho a la información de manera clara y accesible. Este acto deliberado de opacidad parece responder a una única finalidad: obstaculizar el pedido de los colegiados y blindar al directorio de rendir cuentas y dar la cara.

El director Carlos Ensinck, exigirá que se deje sin efecto este procedimiento espurio y que se conforme una comisión integrada por representantes de la mayoría y la minoría para delinear un proceso transparente, razonable y acorde a los principios estatutarios. Lo que está en juego no es solo la legalidad del procedimiento, sino la confianza en la institución. Es inadmisible que el directorio utilice artilugios de mala fe, como lo viene haciendo, para frustrar un ejercicio tan legítimo como la convocatoria a una asamblea extraordinaria.

Este episodio, que muchos ya califican como un golpe a la participación democrática, expone las tensiones internas en un Colegio que enfrenta una de las crisis institucionales más severas de su historia reciente. Mientras tanto, las familias afectadas por el cierre del jardín esperan respuestas, pero lo que reciben son excusas y maniobras dilatorias.

La gravedad de esta situación no puede subestimarse. No solo se trata de un procedimiento de ratificación de firmas mal intencionadamente implementado, sino de un patrón de conducta por parte del directorio encabezado por Lucas Galeano que pone en jaque la integridad institucional del Colegio. Decisiones unilaterales como la definición de la lista del Consejo de la Magistratura y de las juntas evaluadoras, adoptadas sin consulta ni consenso, reflejan un estilo de gobierno que traiciona la esencia misma de este órgano como instancia de representación colegiada. El perjuicio no se limita a este hecho en particular; afecta de manera profunda a la abogacía, dañando la confianza de los profesionales en su institución rectora y, por ende, la credibilidad ante la sociedad.

El reclamo es claro: transparencia, respeto a las normas y un compromiso real con los principios que el Colegio dice defender. La pregunta es si el directorio estará a la altura de estas demandas o si continuará optando por la estrategia del desgaste y la indiferencia. Por ahora, la balanza no parece inclinarse del lado de la justicia.