El cierre del jardín familiar: una decisión arbitraria y sin precedentes
Uno de los episodios más escandalosos de esta gestión ha sido el cierre unilateral del jardín familiar, una decisión tomada sin consulta previa ni diálogo con los afectados. Decenas de familias y trabajadores quedaron a la deriva, mientras las autoridades del Colegio permanecían en un inquietante silencio frente a los reclamos legítimos de los colegiados. Este acto, que debería haber sido abordado con sensibilidad y consenso, se ejecutó con el sello característico de esta administración: imposición y abuso de poder.

Una asamblea suspendida: símbolo del colapso institucional
Como si el cierre del jardín no fuera suficiente, la reciente Asamblea Ordinaria del Colegio, un evento esencial para garantizar la participación y la rendición de cuentas, fue un verdadero fracaso. La falta de previsión y organización llevó a que fuera suspendida por no contar con un lugar adecuado para su realización, además de la ausencia de información clave como la memoria de gestión y el estado contable.
Estos elementos no fueron puestos a disposición de los colegiados en tiempo y forma, haciendo imposible tomar decisiones informadas sobre los puntos en discusión. Este hecho, sin precedentes en la historia del Colegio, es un claro reflejo de la irresponsabilidad e improvisación que caracteriza a esta gestión. En una nueva muestra de desorganización, la Asamblea se reprogramó para el viernes 21 de febrero de 2025, aunque sin determinar ni la hora ni el lugar, profundizando aún más la desconfianza de los colegiados.
 
1.200 firmas en defensa de la democracia institucional
Frente a esta situación, más de 1.200 abogados y abogadas firmaron una solicitud histórica para convocar a una Asamblea Extraordinaria con el objetivo de revocar la decisión de cerrar el jardín. Este acto sin precedentes en la trayectoria del Colegio dejó en evidencia el masivo descontento hacia la conducción de Galdeano y su directiva. Sin embargo, la respuesta de las autoridades ha sido, una vez más, ignorar a sus representados, dejando en suspenso la convocatoria de dicha Asamblea y desoyendo el pedido legítimo de sus colegiados.
 
Autoincorporación al Consejo de la Magistratura: el abuso de poder institucionalizado
Nombramientos indebidos y abuso de autoridad en el Consejo de la Magistratura
A las irregularidades ya mencionadas, se suma un episodio de extrema gravedad que involucra al presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Lucas Galdeano, y al presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia de Santa Fe, Santiago Mascheroni. En un hecho que compromete la transparencia y legalidad de las instituciones, Galdeano presentó una lista de candidatos para integrar las juntas evaluadoras del Consejo de la Magistratura sin contar con la aprobación del directorio del Colegio, órgano colegiado que, según el artículo 7 del estatuto del Colegio y el artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es el único autorizado para tomar tales decisiones. Este acto unilateral constituye una flagrante violación de los procedimientos internos y una muestra más del autoritarismo que caracteriza su gestión.

Por su parte, Santiago Mascheroni aceptó y procedió a nombrar a los integrantes de la lista sin verificar su validez ni el cumplimiento de los requisitos legales, incurriendo así en una falta grave que pone en jaque la confianza en el sistema de justicia. Este accionar no solo configura un abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, sino que además contraviene el artículo 253 del Código Penal Argentino, que sanciona a los funcionarios que efectúen nombramientos indebidos o acepten cargos sin cumplir los requisitos legales. Las irregularidades en este proceso comprometen gravemente la transparencia del Consejo de la Magistratura, afectando la legitimidad de los nombramientos judiciales y exponiendo una alarmante falta de control institucional.
 
Un Colegio que ha perdido el rumbo democrático
Esta gestión no solo ha traicionado la confianza de sus representados, sino que ha transformado al Colegio en una institución que opera a espaldas de su comunidad jurídica. Las decisiones se toman en pequeños círculos de poder que no rinden cuentas ni respetan la voluntad colectiva. El autoritarismo y la falta de legitimidad se han convertido en las marcas de esta etapa, dejando en el camino los valores de pluralidad y participación que deberían ser el corazón de la institución.
 

Un liderazgo sin rumbo: Galdeano y la ausencia de un proyecto institucional

La gestión de Lucas Galdeano al frente del Colegio de Abogados de Rosario no solo ha estado marcada por decisiones cuestionables y autoritarias, sino también por una evidente falta de un proyecto institucional sólido. A diferencia de sus predecesores, que trabajaron durante años para fortalecer el prestigio y la funcionalidad del Colegio, Galdeano parece haberse dedicado exclusivamente a destruir lo construido por generaciones anteriores.

En lugar de proponer iniciativas que enriquezcan a la institución o fortalezcan su rol como pilar de la comunidad jurídica, su liderazgo se ha centrado en medidas improvisadas y acciones que atentan contra el espíritu democrático y participativo del Colegio. Desde el cierre arbitrario del jardín familiar hasta su accionar en el Consejo de la Magistratura, cada decisión ha estado más orientada al ejercicio de un poder unilateral que a la construcción de un futuro compartido.

La falta de un plan estratégico es evidente en todos los aspectos de su gestión: la ausencia de transparencia en las cuentas, el deterioro de espacios destinados al bienestar de los colegiados y la eliminación de iniciativas que promovían el desarrollo profesional y personal de los miembros. Galdeano no solo ha fallado en consolidar la institución, sino que ha dilapidado los logros de quienes lo precedieron, quienes con esfuerzo y visión dejaron un legado que hoy se encuentra en peligro.

Sin un rumbo claro, sin objetivos colectivos y sin respeto por la institucionalidad, su conducción deja al Colegio en un estado de incertidumbre y desconfianza, erosionando el vínculo con los abogados y abogadas que buscan en esta entidad un espacio de representación y apoyo. Galdeano no solo carece de un proyecto, sino que ha reducido al Colegio de Abogados a una mera herramienta para la concentración de poder personal, dejando un vacío donde debería haber liderazgo y visión de futuro.

La gestión de Galdeano, acompañada por su equipo directivo, ha llevado al Colegio de Abogados de Rosario a un estado crítico de decadencia institucional, en el que los principios democráticos han sido reemplazados por un modelo de conducción autoritario e improvisado.
La comunidad jurídica merece un Colegio que escuche, dialogue y respete las normas democráticas. Recuperar la institucionalidad perdida será un desafío titánico, pero también una necesidad impostergable para devolver al Colegio la grandeza y legitimidad que sus colegiados merecen.