Un sistema a espaldas de la ciudadanía
El proceso de designación está diseñado para consolidar acuerdos políticos antes que garantizar una verdadera representación de los valores de independencia y merito que exige un Poder Judicial moderno. Todo comienza con una propuesta directa del gobernador, quien, con total discrecionalidad, elige a los candidatos. Este nombre pasa al Senado provincial, donde se requiere una mayoría especial para su aprobación. Sin embargo, lejos de ser un mecanismo de control efectivo, este paso es, en la práctica, una mera formalidad. Los acuerdos políticos entre el Ejecutivo y las bancadas legislativas ya han decidido previamente el resultado.
¿Dónde queda la voz de la ciudadanía en este proceso? Simplemente, no existe. Las personas a quienes se les encomienda garantizar justicia en nombre de todos los santafesinos son seleccionadas en una mesa política cerrada, lejos de los ojos del pueblo.

El interés partidario por encima de la justicia
En definitiva, los intereses de los partidos políticos están íntimamente ligados al nombramiento de los ministros de la Corte Suprema, lo que condiciona a los magistrados a responder a las expectativas de los partidos y no a las demandas de la sociedad. Esto socava la posibilidad de que los ministros desarrollen un vínculo genuino con la ciudadanía, alejándolos de las realidades sociales que deberían representar. Es esta desconexión la que explica por qué los ministros carecen de legitimación ciudadana.
Un sistema en el que los jueces llegan al máximo tribunal a través de arreglos partidarios en lugar de un proceso público y meritocrático erosiona los pilares del Estado de Derecho y perpetúa un modelo en el que la justicia está subordinada al poder político.

Un poder desconocido para el pueblo
Mientras el Poder Ejecutivo y el Legislativo están ocupados por personas conocidas, visibles y sometidas al voto popular, el Poder Judicial funciona bajo una lógica opaca. Los jueces que llegan a la Corte Suprema son, en su gran mayoría, completos desconocidos para la sociedad. La ciudadanía no sabe quiénes son, qué trayectoria tienen ni cuáles son sus valores éticos.
Esta situación genera un distanciamiento absoluto entre la sociedad y el Poder Judicial. La mayoría de las personas no podría identificar a los actuales ministros de la Corte Suprema ni reconocer su influencia en decisiones que afectan sus vidas. Este anonimato institucional es un mal ejemplo para los jóvenes, que ven un sistema que no fomenta la transparencia, y para la sociedad en su conjunto, que termina desconfiando de la justicia.

El menos republicano de los poderes
De los tres poderes del Estado, el Poder Judicial de Santa Fe es, sin dudas, el menos republicano, el menos transparente y el menos legitimado. Mientras que el Ejecutivo y el Legislativo deben someterse al escrutinio ciudadano en elecciones, el Judicial se esconde tras procedimientos opacos que protegen intereses partidarios antes que la verdadera justicia.
Es inaceptable que en pleno siglo XXI, el Poder Judicial de una provincia tan importante como Santa Fe funcione bajo un esquema más cercano a un club cerrado de poder que a una institución democrática. La independencia judicial, un principio esencial del Estado de Derecho, queda gravemente comprometida cuando los jueces son seleccionados a dedo y no bajo criterios de excelencia.

Un poder sometido a la religión: la falta de independencia secular
Un capítulo aparte merece la dependencia simbólica y cultural del Poder Judicial con la religión católica apostólica romana. Desde actos públicos con presencia eclesiástica hasta la persistente influencia de valores religiosos en decisiones judiciales, el Poder Judicial parece más vinculado a una institución monárquica y teocrática que a los principios democráticos modernos.
La religión católica no es elegida por voto popular, no tiene legitimación ciudadana y representa únicamente a quienes comparten esa fe, excluyendo a una porción significativa de la sociedad que profesa otras creencias o se declara agnóstica o atea. Esta influencia limita la universalidad de la justicia y pone en duda su capacidad para ser imparcial y representar los valores plurales de un Estado laico.
La independencia del Poder Judicial no solo debe ser de los poderes políticos, sino también de cualquier influencia religiosa. Un Poder Judicial verdaderamente autónomo y representativo debería garantizar la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, sin importar sus creencias.

Un llamado a la reforma
Es hora de un cambio profundo. Santa Fe necesita urgentemente reformar este sistema. Implementar concursos públicos, permitir audiencias abiertas a la ciudadanía y garantizar la transparencia total en cada etapa del proceso son pasos fundamentales para devolverle al Poder Judicial la legitimidad que merece.

El mensaje es claro: el Poder Judicial no puede seguir siendo un instrumento de la política partidaria. Es momento de construir un sistema de justicia que responda a los valores de la democracia republicana, con jueces que sean verdaderos guardianes de la Constitución y no simples piezas en un tablero político.

Por: Dr Carlos Ensinck