La Justicia Laboral desestimó la solicitud de inconstitucionalidad presentada por un trabajador, confirmando así la aplicación del artículo 730 del Código Civil y Comercial. Este artículo estipula que la responsabilidad por las costas procesales no puede exceder el 25% del monto determinado por la sentencia, laudo o transacción. El trabajador, representado por el abogado Mariano Rafael Martínez, había sufrido un infarto mientras cumplía con sus tareas laborales.

La jueza laboral Bárbara Serrat, que ocupaba la suplencia en el Juzgado Laboral de San Lorenzo, destacó en su fallo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado en favor de la validez constitucional de esta limitación. La Corte de la provincia de Santa Fe también se ha expresado en el mismo sentido.

La Corte Suprema argumentó que la posibilidad de que los abogados involucrados cobren a su cliente no condenado en costas por el saldo de honorarios que pudiera quedar pendiente no vulnera el derecho de propiedad, según el artículo 17 de la Constitución Nacional. De esta manera, el beneficiario de la regulación puede reclamar el excedente del crédito por encima del límite del 25% sin violar derechos constitucionales.

En su resolución, la jueza Serrat subrayó que el Tribunal Supremo ha mantenido en varias ocasiones la constitucionalidad de esta norma, destacando que su propósito es reducir los costos judiciales y disminuir los niveles de litigiosidad, garantizando al mismo tiempo que la parte perdedora cubra las costas de manera razonable.

También se aclaró que el límite del artículo 730 se aplica únicamente a las costas y honorarios generados por la reclamación del crédito principal, pero no a las medidas cautelares ni incidentes.

El trabajador afectado, quien sufrió un infarto mientras estaba en su puesto de trabajo, apeló la resolución.

Reflexión final: La normativa que limita el pago de las costas procesales busca un equilibrio entre el derecho de los profesionales a recibir honorarios justos y la necesidad de reducir los costos judiciales. Este caso subraya la importancia de una justicia equilibrada, donde se respetan tanto los derechos de los trabajadores como las normativas que protegen a las partes involucradas en un litigio.

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Por: Alberto Furfari

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