Fraudes digitales y perjuicios al consumidor: cuando la normativa no es suficiente

Derechos del consumidor

Oct. 29. 2024

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Los recientes casos de estafas vinculadas a criptoactivos falsos en San Pedro y las denuncias por el aumento del juego online forzan a revisar el actual marco regulatorio.

En los últimos días, hemos presenciado dos sucesos alarmantes en el mundo de los delitos digitales: las apuestas ilegales en línea, en las que estarían implicados reconocidos influencers, y el fraude masivo ocurrido en San Pedro, donde un tercio de la población habría sido víctima de una estafa por la compra de una criptomoneda ficticia.

Aunque las modalidades delictivas varían, ambas situaciones coinciden en un elemento clave para los usuarios y consumidores: las expectativas y la confianza.

El acceso sencillo a las plataformas de apuestas online ha captado a miles de usuarios, incluidos muchos menores de edad. Los consumidores ven las apuestas digitales como una vía rápida para obtener ingresos, creyendo que están invirtiendo, cuando en realidad no es así.

Los esquemas piramidales y Ponzi, que prometen retornos imposibles y generan expectativas irreales, son mecanismos recurrentes en estos fraudes. Los usuarios, con un simple clic, transfieren dinero real a criptoactivos o billeteras virtuales, cayendo fácilmente en la trampa.

Una vez cometidos los delitos, los mecanismos de justicia intentan sancionar a los culpables y resarcir a las víctimas. Sin embargo, estos esfuerzos son insuficientes para detener el problema. Estamos enfrentando las consecuencias de las estafas cuando el daño ya está hecho.

A pesar de las campañas de concientización y de casos ampliamente difundidos, los usuarios continúan confiando en estos sistemas fraudulentos.

El verdadero desafío no radica solo en sancionar los actos ilícitos, sino en desarrollar un marco regulatorio preventivo que eduque a los consumidores sobre los riesgos de las "soluciones mágicas digitales". Debemos priorizar la prevención por sobre la sanción, para minimizar los daños.

Las promesas de enormes ganancias en tiempos muy cortos se basan en las expectativas del consumidor, quien, cegado por la oportunidad, cae en el engaño. A pesar de que los responsables sean capturados y las actividades ilegales se desmantelen, el dinero rara vez es recuperado, ya que ha sido transferido rápidamente o retirado del sistema.

Dada la situación actual, es necesario un debate serio en el ámbito legal sobre las expectativas de los consumidores, como ha señalado repetidamente el Dr. Fernando Shina, experto en la materia.

En conclusión, si bien contamos con un marco normativo adecuado en cuanto a la sanción de estos delitos, es insuficiente para evitar que miles de consumidores sean atrapados en estas estafas, impulsados no solo por los delincuentes, sino por sus propias expectativas.

Las instituciones encargadas de la protección del consumidor parecen más interesadas en imponer sanciones económicas que en abordar la problemática real que afecta a los usuarios.

Si no enfrentamos el problema de manera integral, seguiremos viendo nuevas estafas y nos acostumbraremos a la recurrencia de estos delitos.

Reflexión final: La rápida evolución de los delitos digitales nos exige un enfoque preventivo y educativo que permita anticiparse a las amenazas. Solo a través de la educación temprana y la formación de consumidores más conscientes podremos evitar que las expectativas sean explotadas por los delincuentes.

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Fuente: https://www.iprofesional.com/

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