La iniciativa tiene como objetivo simplificar el acceso a los trámites previsionales, eliminando la necesidad de contar con intermediarios específicos para realizar gestiones. Este cambio forma parte de la política de desregulación promovida por el Ejecutivo, orientada a reducir costos y acortar los tiempos en los procedimientos administrativos.
El gobierno de Javier Milei avanzó en su programa de desregulación al suprimir el “Registro de Abogados y Gestores Administrativos” que funcionaba en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Esta disposición se oficializó mediante la Resolución 982/2024, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el director ejecutivo de ANSES, Mariano de los Heros. El propósito de la medida es simplificar los trámites previsionales y, según las autoridades, eliminar “barreras innecesarias” que complicaban a los ciudadanos.
La nueva resolución derogó el registro instaurado durante la gestión kirchnerista a través de la Resolución 479/2014, que exigía a los ciudadanos recurrir a abogados o gestores habilitados y registrados en ANSES para gestionar prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Dicha normativa buscaba regular quiénes podían representar a los beneficiarios, con el fin de asegurar una mayor profesionalización en los procesos.
El documento oficial aclara que la eliminación de este registro está en línea con el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023, que declaró la emergencia pública en áreas económicas, financieras y administrativas. Este decreto sentó las bases para un programa de desregulación destinado a eliminar normativas que, según el gobierno actual, obstaculizaban el "normal desarrollo" de las actividades económicas. La medida se enmarca dentro del proceso de transformación administrativa establecido por la Ley N° 27.742, también conocida como “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue uno de los principales defensores de la derogación y expresó su postura en redes sociales. “Estamos eliminando barreras que solo perjudican a la ciudadanía,” escribió en su cuenta de X (anteriormente Twitter). Sturzenegger subrayó que la Resolución 982/2024 eliminó un registro creado en 2014 que, en su opinión, “limitaba el derecho de las personas a gestionar su jubilación al obligarlas a contratar un abogado o gestor”.
El funcionario explicó que este tipo de restricciones actuaban como un “peaje” que favorecía a ciertos sectores profesionales en detrimento de los jubilados. "Cada trámite es un peaje a favor de la casta, que al final pagamos todos," afirmó. En este contexto, consideró que la eliminación del registro devolvía a los ciudadanos la libertad de elegir cómo gestionar sus trámites previsionales, sin necesidad de contratar intermediarios registrados por ANSES. “Este es el tipo de restricciones a la libertad individual que el presidente Javier Milei busca erradicar,” añadió Sturzenegger.
Desde una perspectiva normativa, la Resolución 982/2024 justificó la supresión del registro bajo la premisa de lograr una “gestión pública más transparente, ágil, eficiente y de calidad,” conforme a los principios de la Ley 27.742. Los fundamentos de la resolución destacaron que la obligación de recurrir a abogados o gestores limitaba de forma "cuestionable" la libre elección de los ciudadanos sobre quién podría asistirlos en los trámites ante ANSES.
Además, la resolución señaló que normativas preexistentes, como la Ley N° 17.040 y su Decreto Reglamentario N° 4.179/1967, ya proporcionaban un marco adecuado para la representación ante el organismo previsional, sin necesidad de un registro adicional. Según el texto, las disposiciones que requerían este tipo de registros "afectaban negativamente la actividad libre y directa de los beneficiarios" y eran parte de lo que el gobierno definió como “exceso de burocracia y trámites innecesarios”.
También se mencionó que el Código Civil y Comercial de la Nación (Ley Nº 26.994) ya regula los actos entre privados en lo referente a mandatos y representaciones, por lo que el registro representaba una duplicación innecesaria de normativas vigentes. En este sentido, el registro habilitado en 2014 añadía barreras administrativas que iban en contra del objetivo de simplificación y modernización promovido por el gobierno actual.
“La ciudadanía ahora está libre de restricciones que afectaban sus derechos individuales,” declaró el documento oficial. Además, se destacó que esta derogación apuntaba a evitar “costos adicionales, pérdida de tiempo y esfuerzo” para los ciudadanos, permitiéndoles realizar sus trámites con mayor flexibilidad. En consonancia con las reformas más amplias que impulsa el gobierno, el objetivo es establecer una nueva forma de interactuar entre los ciudadanos y la administración pública.
El proceso de desregulación en ANSES no es reciente. En 2023, el organismo ya había implementado medidas similares para agilizar otros trámites y eliminar lo que el gobierno describe como “exceso de regulaciones”. Según las autoridades, estas acciones buscan aumentar la eficiencia del Estado y reducir su tamaño, con el fin de controlar el gasto público y agilizar los procesos que involucran a los ciudadanos.
Por último, el ministro Sturzenegger agradeció a las autoridades de ANSES por apoyar la medida sin “dudas”. A través de su mensaje en redes sociales, mencionó que la decisión también fue influenciada por comentarios de ciudadanos, como el caso de Cristian Manuel Goncalvez, quien señaló que el registro de abogados y gestores “limitaba su libertad para trabajar”. Este tipo de testimonios, según el ministro, refuerzan la necesidad de continuar eliminando normativas que, en su opinión, restringen la libertad individual y obstaculizan la simplificación administrativa. Fuente: https://www.infobae.com