Los hechos denunciados

Según la denuncia penal, Galdeano elaboro y envió una lista de candidatos para integrar las juntas evaluadoras de los Concursos del Consejo de la Magistratura sin la aprobación del directorio del Colegio, en violación de los procedimientos legales y estatutarios de la institución. El estatuto del colegio es claro, articulo 7: El gobierno del Colegio se ejercerá por un directorio... Este tipo de decisiones, deben ser tomadas de manera colegiada por los órganos de gobierno del Colegio (confo0rme estatuto y Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que no ocurrió en este caso.
Galdeano actuó de manera unilateral y personal, remitiendo una lista de abogados afines en la que se incluyo a sí mismo como integrante de las juntas evaluadoras para los concursos públicos de jueces. Esta situación, compromete la transparencia e imparcialidad del proceso de selección de magistrados en la provincia.

Hasta la fecha, se desconoce quiénes integran oficialmente toda la lista. Sin embargo, según las juntas evaluadoras publicadas en los llamados a concurso, se ha podido identificar a las siguientes personas que pertenecen al Colegio de Abogados de la 2da. Circunscripción:

Dr. Lucas Galdeano. Pte. Colegio de Abogados. Miembro Suplente integrante del Cuerpo Evaluador por los Colegios de Abogados en el concurso de Jueces de Primera Instancia de Circuito (Circunscripciones Judiciales N°1 y N°3),
Dra. Valeria Laura Arguello.Vice Pta. del Colegio de Abogados. Miembro Titular integrante del Cuerpo Evaluador por los Colegios de Abogados en el concurso de Jueces de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral (Circunscripciones Judiciales N°1, N°2 y N°5)
Dr. Jorge Resegue. Director vocal oficialista del Colegio de Abogados. Miembro Suplente integrante del Cuerpo Evaluador por los Colegios de Abogados en el concurso de Jueces de Primera Instancia de Distrito en lo Penal (Circunscripciones Judiciales Nº 2; Nº 3 y Nº 5)
Dr. Alejo Molina. Amigo personal de Galdeano.Miembro Titular integrante del Cuerpo Evaluador por los Colegios de Abogados en el concurso de Jueces de Primera Instancia de Distrito de Familia (Circunscripciones Judiciales N°3 y N°5)
Dr. Lisandro Andrés Hadad y Dra. María Florencia CulassoMiembros Suplentes integrantes del Cuerpo Evaluador por los Colegios de Abogados en el concurso de Jueces de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial (Circunscripción Judicial N°2)
Dra. Carina Eugenia Militello.Miembro Titular integrante del Cuerpo Evaluador por los Colegios de Abogados en el concurso de Jueces de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral (Circunscripciones Judiciales N°2 y N°3)
Llamados a concurso, imagenes al pie de nota.
 
Ninguna de estas personas ha demostrado la idoneidad necesaria para evaluar los antecedentes, calificar las pruebas de oposición y conducir entrevistas personales. Esta situación deja en evidencia una clara afinidad personal y política con el presidente y la vicepresidenta del Colegio de Abogados, en lugar de un proceso basado en criterios de mérito y competencia.

Cabe señalar que el Pte y la Vice son empleados de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, el presidente es contratado hace 16 años con el cargo de jefe de departamento como personal del Cámara de Diputados de Santa Fe y la vicepresidenta contratada hace 11 años con cargo de coordinadora general como personal de la Cámara de Diputados de Santa Fe, funciones dentro del Estado que no se sabe si ejercen y  con una vinculación netamente partidista y que agrava el conflicto de intereses.
 
Complicidad del Consejo de la Magistratura
La denuncia involucra al presidente del Consejo de la Magistratura, Santiago Mascheroni, quien acepto la lista enviada por Galdeano sin verificar su legalidad ni revocar los nombramientos, a pesar de haber sido notificado de las irregularidades mediante carta documento. También se destaca la falta de publicidad del proceso de selección y los sorteos, así como la ausencia de información sobre los mecanismos de nombramiento, refuerzan las sospechas de fraude en la elección de los evaluadores.
No existen constancias sobre cómo ni con cuánta antelación se publicita la fecha del sorteo de los cuerpos evaluadores, ni tampoco se ha registrado el acta correspondiente al sorteo donde, de forma aparentemente casual, resultan designados ciertos nombres. Lo más preocupante es que, a diferencia de otros actos institucionales que se publican en el Boletín Oficial, esta información no ha sido difundida por esa vía.
 
Delitos denunciados
La presentación se sustenta en los artículos 248 y 253 del Código Penal Argentino, que sancionan el abuso de autoridad y el nombramiento indebido en la función pública. La conducta de los denunciados no solo afecta la legalidad del proceso, sino que también compromete la confianza pública en las instituciones y vulnera los principios de transparencia y mérito que deben regir en los concursos públicos.

Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos
ART 248. - Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.
ART 253. - Será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos e inhabilitación especial de seis meses a dos años, el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales. En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales.
 
Impacto institucional y petitorio
La manipulación del proceso afecta gravemente la imparcialidadde la administración de justicia y daña la imagen del Colegio de Abogados, comprometiendo la confianza en el sistema judicial de la provincia. Por ello, solicita que se convoque a los denunciados a declarar y que se investigue la participación de otros posibles involucrados.
Se comienza además una nueva línea de investigación para determinar si los demás estamentos han presentado las listas de cuerpos evaluadores en conformidad con la normativa vigente.
Con esta presentación, se abre un capítulo que podría tener repercusiones importantes tanto en la gestión del Colegio de Abogados como en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Las acusaciones ponen de relieve la necesidad de transparencia y control en los procesos de selección de jueces y funcionarios públicos.
 
Nos preguntamos: ¿Cómo es posible que Galdeano y Mascheroni lleven adelante este tipo de irregularidades? ¿Desconocían acaso la normativa vigente? A pesar de haber sido notificadas de estas irregularidades, decidieron seguir adelante con los concursos, evidenciando una clara falta de respeto por las reglas establecidas y por los principios de transparencia que deberían regir estos procesos. 
 
La respuesta se encuentra en el entramado institucional y en la construcción de poder e influencia de un sector del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe. El Secretario de Vinculación Institucional es Julián Galdeano, hermano mayor del presidente del Colegio de Abogados de Rosario, y el Secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, ocupa simultáneamente la presidencia del Consejo de la Magistratura. Ambos, amigos personales y referentes históricos de la UCR MAR, consolidaron su vínculo a lo largo de años de militancia y ocupación de cargos como diputados provinciales.

La manipulación de los cuerpos evaluadores constituye una herramienta clave para garantizar nombramientos a medida de jueces, fiscales y defensores. Estos cuerpos, carentes de legitimación e idoneidad, representan la instrumentalización del sistema de justicia para fines personales y políticos. Su influencia directa en la conformación de listas para el ingreso al Poder Judicial afecta gravemente la transparencia y el servicio de justicia, minando la confianza pública en las instituciones.

Aquí la corrupción se manifiesta de una forma más sutil pero igual de devastadora: el abuso de poder y el clientelismo distorsionan la función pública, consolidando redes de influencia que aseguran designaciones favorables. Esta forma de corrupción no se percibe de manera evidente como los homicidios, los robos o las estafas, lo que podría generar la falsa impresión de que no es tan grave. Sin embargo, la corrupción institucional erosiona silenciosamente los principios democráticos, dejando al ciudadano indefenso ante un sistema que debería protegerlo y garantizando beneficios para unos pocos en detrimento del interés público.
 
El Gobernador de Santa Fe tiene la obligación de tomar cartas en el asunto y regularizar esta situación, ya que la inacción no solo perpetúa la corrupción, sino que también compromete su imagen pública y la credibilidad de su gestión. La transparencia y la justicia deben ser pilares fundamentales en su gobierno, y permitir estas prácticas dañaría irreparablemente la confianza de la ciudadanía.
 
El Colegio de Abogados de Rosario pierde el norte institucional y moral

El Colegio de Abogados de Rosario, con una serie de maniobras e irregularidades, ha abandonado por completo los principios éticos e institucionales que alguna vez supo representar. Las decisiones ilegales y cuestionables que se han adoptado en los últimos tiempos no solo erosionan su credibilidad, sino que también ponen en peligro la confianza de sus propios miembros y de la sociedad en general.

Desde la polémica por el cierre ilegal del Jardín Familiar, que afectó directamente a las familias de los matriculados, hasta la manipulación de cuerpos evaluadores en concursos clave, las acciones de la actual conducción revelan una preocupante falta de transparencia y un uso del poder institucional con fines personales y políticos.