Aunque a simple vista este proyecto parece ofrecer una solución rápida y económica a los divorcios, es importante advertir sobre sus implicancias negativas. Al trasladar un asunto tan delicado como la disolución matrimonial a la vía administrativa, se corre el riesgo de desproteger a las partes involucradas, especialmente cuando se trata de patrimonios o intereses complejos. La intervención de los abogados en estos procesos es fundamental para garantizar que los derechos de ambas partes sean defendidos de manera justa y equitativa. Despojar a los abogados de su rol en estos casos puede llevar a situaciones injustas y a la falta de asesoramiento adecuado en decisiones que tienen un impacto significativo en la vida de las personas.

La abogacía no es un obstáculo, sino un pilar esencial para que la justicia se cumpla de manera responsable y profesional. Este tipo de proyectos, si bien puede parecer práctico, subestima la complejidad de las relaciones matrimoniales y pone en peligro la correcta administración de justicia. El acceso a un abogado es un derecho y una garantía para quienes enfrentan situaciones de este tipo.

Fuente: https://www.a24.com/