A raíz de las decisiones autoritarias y carentes de diálogo del presidente Lucas Galdeano, el Colegio de Abogados de Rosario se enfrenta a una crisis de legitimidad sin precedentes. Las acciones unilaterales del actual presidente han desatado una caída en picada de la imagen y el prestigio de la institución, tanto ante los colegiados como ante los poderes del Estado y la sociedad en general.
 
¿Está el Colegio en condiciones de representar a sus colegiados?
La pregunta es inevitable: ¿Está el Colegio de Abogados de Rosario en condiciones de ejercer la representación correcta de sus colegiados? Las decisiones tomadas sin consenso, y que claramente representan intereses personales, ponen en duda la capacidad de Galdeano para liderar la institución. Las declaraciones públicas y acciones tomadas no responden a la voluntad del directorio, sino que son posturas individuales que el presidente ha impuesto de manera autoritaria, erosionando la confianza en la representación colegiada.
 
Cierre ilegal y quita de carteles: autoritarismo en acción
Entre las medidas más controversiales, destaca el cierre ilegal del jardín familiar sin dar explicaciones ni recibir a los padres afectados. A esto se suma la reciente decisión de retirar los carteles realizados por los niños que expresaban su rechazo al cierre, lo que supone un claro ataque a la libertad de expresión de los más vulnerables. Estos hechos, llevados a cabo sin la más mínima consideración por el diálogo o el respeto a la comunidad, reflejan la falta de autoridad moral de Galdeano para dirigir una institución que debería basarse en los principios de justicia y equidad.
 
Sin autoridad moral ni responsabilidad institucional
En este contexto, es evidente que el Colegio de Abogados de Rosario, bajo la dirección de Galdeano, carece de autoridad moral para representar a sus miembros o para opinar sobre temas de relevancia pública. ¿Cómo puede hablar de ética, justicia o representar a sus colegiados cuando actúa de manera unilateral y autoritaria, sin respetar ni el diálogo ni la institucionalidad? Estas acciones dejan claro que, bajo su gestión, la institución ha perdido su norte moral.
 
Pero más grave aún es la falta de responsabilidad institucional. Cada declaración que hace el presidente del Colegio, ya sea sobre temas de relevancia como el Consejo de la Magistratura, las vacantes en los juzgados, la reforma constitucional o previsional, no responde a un consenso ni a una decisión del directorio. En lugar de representar la voluntad de los colegiados, estas posturas únicamente reflejan los intereses personales de Galdeano.
 
La falta de respaldo institucional
Cualquier posicionamiento que pretenda tomar el Colegio de Abogados en temas de relevancia debe estar avalado por un acta de directorio previa, donde los temas sean discutidos democráticamente y se adopten decisiones consensuadas. Sin este respaldo, las declaraciones carecen de validez institucional y no representan más que la voz de una sola persona. Desde el escándalo jurídico e institucional que se desató el 10 de septiembre, no ha habido ninguna convocatoria a una nueva reunión del directorio. Este silencio y la ausencia de deliberación no hacen más que confirmar que las decisiones que se están tomando no cuentan con el respaldo de la institución.
 
El Colegio de Abogados de Rosario, bajo esta dirección, se ha distanciado de sus principios fundacionales de justicia y representación. Las decisiones autoritarias y unilaterales que se han tomado no sólo socavan la confianza de los colegiados, sino que también cuestionan la autoridad moral y la responsabilidad institucional de la entidad. Hasta que no se convoque al directorio y se tomen decisiones consensuadas, cualquier declaración o acción que provenga de esta gestión sólo responderá a intereses personales y carecerá de legitimidad.
 
La Politización del Colegio de Abogados y la Agenda Oculta de Galdeano
La reciente administración de Galdeano en el Colegio de Abogados ha generado una creciente preocupación en la comunidad profesional debido a su alineación con los intereses de partidos políticos que gobiernan la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario. Esta situación plantea interrogantes sobre la independencia de la institución y el uso de recursos destinados a proyectos específicos, como el jardín infantil del Colegio.
 
Inserción de la política partidaria en la institución colegiada
La llegada de Galdeano al cargo no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia de penetración política en instituciones que deberían ser autónomas e independientes. Los partidos políticos, que gobierna tanto a nivel provincial como municipal, buscan colocar a sus aliados en posiciones estratégicas para ejercer influencia sobre decisiones clave, utilizando estas plataformas como trampolines para sus agendas. El Colegio de Abogados se convierte así en un eslabón más en su red de poder e influencia.
 
Intereses económicos detrás del jardín infantil
El inusitado interés en los fondos del jardín familiar del Colegio podría estar motivado por la necesidad de recursos para financiar campañas o proyectos partidarios. En tiempos electorales o ante la necesidad de cumplir con promesas políticas, estos recursos representan una oportunidad tentadora. La manipulación de estos fondos, bajo el pretexto de "reorganización" o "optimización", deja en evidencia que los objetivos del partido están por encima de los intereses de la comunidad colegiada.
 
Apropiación de recursos y su redireccionamiento
La intervención en el jardín infantil no es un caso aislado, sino parte de una estrategia más amplia para redirigir recursos hacia fines políticos. Los partidos, buscan nuevas fuentes de recursos para mantener sus estructuras y actividades. La maniobra sobre los fondos del jardín podría ser solo el primer paso en una serie de acciones para captar más recursos del Colegio y utilizarlos en proyectos que beneficien al partido en lugar de a los colegiados, ya que nunca se dijo que se hará con los fondos en el caso de no estar el Jardin.  
 
Uso del poder colegiado como herramienta de influencia
Controlar el Colegio y sus recursos permite al partido político no solo financiarse, sino también proyectar poder y prestigio. Esto se traduce en la capacidad de incidir en otros espacios, tanto en el ámbito profesional como en el político, utilizando la institución como un bastión de influencia y propaganda. De esta forma, el Colegio se convierte en un vehículo para la expansión de la agenda partidaria.
 
Deslegitimación de la autonomía colegiada
La intromisión de los partidos en el Colegio deslegitima su autonomía y neutralidad, minando la confianza de los colegiados en la institución. Este debilitamiento favorece a los partidos, ya que crea un vacío de poder que pueden llenar con su propia agenda, desplazando a los actores genuinamente comprometidos con la comunidad profesional. Así, la institución pierde su esencia y se convierte en un campo de batalla política.
 
Impacto en la credibilidad institucional
La politización del Colegio afecta su credibilidad ante la sociedad. Si la comunidad colegiada percibe que sus intereses están siendo subordinados a los de un partido político, se genera un clima de desconfianza que puede llevar a la fragmentación interna y a la pérdida de legitimidad de la institución. Esto, a su vez, beneficia a los partidos que explotan estas divisiones para consolidar su control.
 
Un Esquema de Poder y Control sobre la Abogacía
El interés de los partidos políticos en el ámbito de la abogacía no es casual. Esta profesión tiene una relación directa con el sistema judicial y la administración de justicia, y controlar una institución que agrupa a estos profesionales permite influir en decisiones clave y en el posicionamiento frente a reformas legales y judiciales. La abogacía, por su formación y función social, tiene una voz influyente en temas de derechos, legislación y políticas públicas. Controlar el Colegio implica tener acceso a una plataforma desde la cual se puede articular y legitimar una postura política.
Sin embargo, la situación ha ido más allá del simple control político. La administración de Galdeano ha mostrado un desinterés alarmante por áreas fundamentales que son cruciales para el ejercicio profesional de los abogados. El Sistema Informático de Seguimiento de Expedientes (SISFE), que es esencial para la transparencia y eficiencia en la gestión de causas judiciales, ha sido dejado de lado. Este abandono genera serios problemas para el ejercicio diario de la profesión, afectando directamente a los abogados y sus clientes.
 
Asimismo, la Oficina de Procesos Sucesorios, que debería ser una herramienta para agilizar los trámites judiciales en este campo, también ha quedado relegada. La falta de gestión y mejora en esta área refleja una desconexión con las necesidades reales de los colegiados y de la sociedad en general, que sufre las consecuencias de un sistema judicial cada vez más burocratizado y lento.
 
Otro punto crítico es la gran problemática de los honorarios profesionales. La falta de actualización y regulación adecuada de los honorarios afecta directamente la dignidad y el sustento de los abogados. Galdeano ha mostrado un total desinterés en defender y mejorar la situación económica de sus colegas, permitiendo que los honorarios se mantengan estancadas y desactualizadas, lo que perjudica el ejercicio independiente de la profesión.
 
El desvío de recursos del jardín infantil del Colegio de Abogados es solo una muestra más de cómo la administración actual ha perdido el rumbo. Mientras se destinan esfuerzos y fondos a intereses ajenos, se desatienden áreas críticas que afectan directamente la calidad del ejercicio profesional de los abogados y el acceso a la justicia por parte de la sociedad.
En resumen, el Colegio de Abogados ha pasado de ser una institución autónoma y representativa de sus miembros a un simple peón en el tablero de los intereses partidarios. Es urgente que los colegiados tomen conciencia de esta situación y demanden un cambio de rumbo, centrado en recuperar la independencia, la transparencia y el compromiso con la profesión y la sociedad
 
Un llamado a la transparencia y la autonomía
Frente a este panorama, es crucial que la comunidad colegiada exija transparencia y autonomía en la gestión del Colegio. Es necesario evitar que intereses políticos externos se apropien de recursos que deberían estar destinados al bienestar de los colegiados y sus familias. La independencia del Colegio de Abogados no debe ser un concepto vacío, sino una realidad que garantice que la institución está al servicio de sus miembros y no de agendas partidarias ajenas.
 
Galdeano, lejos de representar los intereses de la comunidad colegiada, parece estar alineado con un esquema de poder que busca utilizar la infraestructura y los recursos del Colegio para fines políticos. Es hora de que los abogados se unan para defender su institución y evitar que la política partidaria siga avanzando en un espacio que debería ser de todos y para todos.