Irregularidades en la convocatoria
Como ya dijimos anteriormente, el lunes 9 de septiembre, al mediodía, recibimos una convocatoria para la reunión de directorio que se realizaría al día siguiente a las 13:30 horas, otorgándonos tan solo 24 horas de antelación. Esto, en sí mismo, constituye una violación de los principios de debido proceso y de las normas estatutarias que exigen una convocatoria formal y debidamente fundamentada. En la convocatoria, el punto número 2 simplemente mencionaba "Jardín Familiar", sin proporcionar documentación, dictamen ni información que justificara el tema a discutir, lo cual refleja una clara intención de actuar con opacidad.
 
La reunión: un escenario premeditado
Cuando la reunión inició a las 13:30 horas, sorprendió que los 10 directores oficialistas estuvieran presentes, algo inusual, ya que normalmente hay ausencias. El primer punto de la reunión fue un reporte general sobre las situaciones laborales del personal del Colegio. Sin embargo, al llegar al segundo tema, el Jardín Familiar, apareció repentinamente un informe extremadamente detallado (algo inusual en las reuniones), enfocado exclusivamente en la situación económica del jardín.
Este informe, que fue presentado como un análisis profundo y fundamentado, claramente dirigía la discusión hacia el cierre, con números que el auditor había preparado a pedido del directorio. Esta presentación no tenía el objetivo de abrir un debate transparente, sino de justificar una decisión que ya estaba previamente tomada.
 
Mala fe y manipulación del proceso
La mala fe fue evidente durante la reunión. No solo se presentó un informe claramente sesgado, sino que también quedó en evidencia que la decisión de cierre ya estaba tomada de antemano. Durante la discusión, mencioné que el problema económico del Colegio no es solo el jardín, sino la acumulación de costos por la cantidad de empleados en otras áreas. Solicité, a la Tesorera, que estaba sentada al lado mío, como ya lo había hecho antes, un informe similar que abarque todas las áreas del Colegio (secretaría, tesorería, biblioteca, etc.), para tener una visión global y no limitada. No obtuve respuesta alguna, lo que refuerza la noción de que el objetivo era cerrar el jardín sin evaluar otras opciones.
 
En un momento de la reunión, escuché a un director comentar, en tono de broma, que "pidiéramos el café antes de que venga la bomba", ahora entiendo que refería al cierre del jardín. Este comentario, aunque hecho en un tono ligero, revela la desconsideración y la falta de respeto hacia el proceso, dejando en claro que ya tenían decidido el destino del jardín antes de la reunión.
 
Acta premeditada: una evidencia de la mala fe
Otra señal de la manipulación del proceso fue la decisión del oficialismo de redactar el acta en el mismo momento, algo que nunca ocurre. Una directora incluso comentó en voz alta: "te dije que traigamos el acta hecha", evidenciando que el contenido ya estaba previamente decidido, lo que anula cualquier noción de un proceso deliberativo legítimo. Esta actitud despectiva y arrogante hacia un proceso tan importante demuestra una clara violación de la buena fe que debe regir en toda toma de decisiones.
 
El impacto del cierre y las consecuencias jurídicas
La decisión de cerrar el Jardín Familiar no solo fue tomada de manera arbitraria, sino que además refleja una falta de responsabilidad jurídica por parte del directorio y su presidente. El Código Civil y Comercial de la Nación establece claramente que los actos que se tomen con mala fe o que vulneren los derechos de terceros generan responsabilidad civil. En este caso, la decisión de cierre fue tomada sin debido proceso, afectando no solo a los empleados del jardín sino también a las familias que dependen de este servicio.
 
Además, la forma en que se manejó el proceso vulnera la Ley de Sociedades Comerciales, que exige que los directores actúen con la diligencia de un buen administrador, algo que claramente no se cumplió en esta situación. La mala fe manifiesta y la falta de respeto hacia los principios legales y éticos básicos exponen al Colegio a posibles acciones judiciales por parte de los afectados.
 
La moción de cierre del Jardín Familiar fue expuesta de manera despectiva, refiriéndose al proyecto como una "aventura" y utilizando términos como "discriminación" y "valores en dólares", argumentos que no tenían ningún fundamento sólido ni relevancia dentro del contexto real de la situación.
 
Al final de la reunión, durante la redacción y firma del acta, se escucharon comentarios cargados de desdén. Algunos miembros del directorio expresaron, de manera irónica y peyorativa, frases como "qué ganas de firmar que tengo" y "al fin voy a firmar", todo acompañado de sonrisas. Esta actitud reflejó la falta de seriedad y respeto con la que se llevó a cabo una decisión de tal magnitud.
 
El impacto de este escándalo institucional no tardó en resonar fuera de la sala. En cuestión de horas, comenzaron a circular mensajes de WhatsApp de similar tenor, muchos de ellos llenos de desprecio, que llegaron incluso hasta la propietaria del inmueble donde se desarrollaba el jardín.
 
La decisión de cerrar el jardín ya había sido tomada mucho antes de la reunión, y lo ocurrido ese día no fue más que la confirmación de lo que se había planeado de antemano. La mala fe y la falta de respeto hacia los involucrados fueron flagrantes y evidentes, generando una sensación de injusticia y arbitrariedad que deja en claro la ausencia de transparencia y responsabilidad en la toma de decisiones del directorio.

Un acto de desconsideración y falta de responsabilidad

La mala fe, la falta de transparencia, y la actitud despectiva con la que se llevó a cabo el proceso de cierre del Jardín Familiar representan una grave falta de respeto hacia los principios que deben regir a una institución como el Colegio de Abogados. Esta decisión, que claramente fue tomada antes de la reunión, no solo es ilegítima, sino que también pone en riesgo el patrimonio y la reputación del Colegio.
Es imperativo que los matriculados y la comunidad en general exijan responsabilidad y rendición de cuentas por esta acción arbitraria, que afecta tanto a los empleados como a las familias que dependen del jardín. Este tipo de gestión no puede continuar sin consecuencias.

 
El Presidente del Colegio: Responsable Máximo de una Decisión Arbitraria

Es imposible pensar que una decisión de tal magnitud como el cierre del Jardín Familiar haya sido tomada sin el conocimiento y la dirección del presidente del Colegio de Abogados, Lucas Galdeano. Como máxima autoridad de la institución, Galdeano no solo estaba al tanto de esta medida, sino que, en su rol, es directamente responsable de orquestarla.
 
El presidente, quien debería ser un garante de la transparencia y el respeto por los principios colegiados, ha optado por el camino de la arbitrariedad, liderando una gestión cargada de mala fe y falta de respeto hacia los matriculados y las familias afectadas por el cierre. Su actitud despectiva hacia el proyecto del Jardín no solo refleja una visión sesgada y prejuiciosa, sino que demuestra una absoluta falta de sensibilidad y responsabilidad institucional.
 
La reunión del 10 de septiembre fue claramente dirigida por una estructura de poder que responde a los intereses de Galdeano. Desde la preparación del informe hasta la manera en que se llevó a cabo la votación, todo apunta a una decisión predeterminada, donde no hubo espacio para el diálogo ni el debate. El presidente, lejos de actuar como mediador, optó por cerrar filas y consolidar un proceso viciado de irregularidades.
 
Las actitudes despectivas y los comentarios peyorativos que circularon entre los directores oficialistas no solo fueron permitidos bajo su liderazgo, sino que reflejan la falta de autoridad moral del presidente para manejar una crisis institucional de esta naturaleza. La falta de transparencia en la convocatoria, la premura con la que se tomó la decisión, y el silencio cómplice del presidente ante los abusos de poder que se evidenciaron en la reunión, confirman que esta gestión está lejos de representar los intereses del colectivo colegiado.
 
Lucas Galdeano ha demostrado ser un presidente que actúa desde las sombras, gestionando la institución con una lógica de imposición y autoritarismo, en lugar de abrir espacios para la participación y el diálogo. La mala fe que ha rodeado todo este proceso es la mayor prueba de que el cierre del Jardín Familiar no es más que un acto arbitrario que afecta a la comunidad, sin justificación real y con la clara intención de cerrar un ciclo que beneficiaba a muchas familias.
 
Es momento de exigirle a Galdeano responsabilidad y rendición de cuentas por su gestión opaca, y de abrir un debate sobre el futuro de la institución, que bajo su liderazgo se ha desviado del camino de la transparencia y el respeto a sus matriculados.
 
Finalmente instamos a que se revierta la decisión y que prime la Institucionalidad.  

Por: Dr Carlos Ensinck