El cierre intempestivo, adoptado sin la debida convocatoria y sin adjuntar la información necesaria que justifique una decisión de esta magnitud, constituye no solo una falta grave de transparencia, sino un verdadero menoscabo a los recursos de la institución, que son fruto del esfuerzo de todos los profesionales que conforman el Colegio. Esta decisión irregular compromete no solo a los directores que la impulsaron, sino que podría acarrear consecuencias económicas devastadoras, incluyendo la extinción de contratos de trabajo y los consiguientes litigios laborales que podrían derivar en cuantiosas indemnizaciones que afectarán a la entidad.
 
La responsabilidad civil y el daño al patrimonio institucional
Según lo dispuesto por el Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley de Sociedades Comerciales, los directores tienen la obligación de administrar el patrimonio del Colegio con el máximo nivel de diligencia y transparencia. No obstante, al actuar con negligencia y mala fe, estos directores no solo han desoído los procedimientos legales, sino que han arriesgado el patrimonio institucional, con lo cual también comprometen los intereses de todos los matriculados. El impacto de esta medida no es menor: cualquier daño que se derive de esta decisión irresponsable podría implicar que los directores deban responder con su propio patrimonio.
 
La Ley 19.550 establece que los directores de una entidad deben actuar como "buenos administradores", y si sus actos resultan perjudiciales para la institución, serán responsables de manera solidaria y personal. En este caso, los directores que promovieron esta votación ilegal podrían enfrentar demandas por responsabilidad civil, lo que pone en juego no solo sus propios bienes, sino también los recursos del Colegio.
 
¿Quiénes votaron a favor del cierre?
La decisión del cierre fue impulsada por los siguientes miembros del Directorio del Colegio de Abogados 2023-2025:
 
Presidente: Dr. Lucas Galdeano
Vicepresidenta: Dra. Valeria Laura Argüello
Secretario: Dr. Juan Manuel Fascia
Tesorera: Dra. Natalia Carina Arancibia
Vocales:
Dr. Jorge César Resegue
Dra. Liliana Aída Beatriz Urrutia
Dr. Felipe Juan Amormino
Dra. Gabriela Natalia Córdoba
Dr. Joel Ponce de León
Dra. Victoria Ana Elisa Scoccia

Estos directores ahora enfrentan la posibilidad de tener que responder legalmente, no solo por la ilegalidad de la decisión, sino también por los perjuicios que podrían causar al Colegio y a los matriculados, quienes verían afectado el patrimonio común por esta acción.
 
Un daño directo a la comunidad jurídica y a la sociedad
El mal manejo del patrimonio del Colegio de Abogados de Rosario no solo afecta a los profesionales matriculados, sino que repercute directamente en la credibilidad de la institución ante la sociedad. La falta de transparencia y la toma de decisiones contrarias a los intereses colectivos, como el cierre del Jardín Familiar, representa un golpe al sistema de confianza sobre el que se sustenta el Colegio y su relación con la comunidad jurídica y la sociedad en general.
 
Además de los evidentes perjuicios económicos, esta situación refleja una quiebre institucional que pone en tela de juicio la capacidad del directorio para administrar de manera correcta los fondos que pertenecen a toda la comunidad profesional. El Código Civil y Comercial subraya que quienes, en el ejercicio de su función, causen un daño por negligencia o por desconocer sus obligaciones legales, están obligados a reparar dicho daño. En este sentido, la nulidad de esta decisión ya se vislumbra en el horizonte judicial, dado que los propios estatutos del Colegio y las leyes vigentes fueron pasados por alto.
 
Repercusiones judiciales y el futuro de la entidad
Las acciones judiciales que podrían surgir a raíz de esta decisión ilegal no solo buscarán revertir el cierre del Jardín Familiar, sino también reclamar compensaciones por los daños ocasionados.
Los directores que actuaron de manera contraria a los intereses del Colegio, podrían ser condenados a resarcir económicamente el patrimonio institucional, afectando a la totalidad de los matriculados que confían en la administración eficiente de los fondos de la entidad.
 
Este tipo de acciones no solo afectan la reputación del Colegio de Abogados de Rosario, sino que también colocan en una situación de riesgo a la propia comunidad jurídica, cuyos recursos están siendo gestionados sin el debido respeto por las normativas. La posible afectación del patrimonio del Colegio representa una amenaza directa a los derechos de los matriculados y a la seguridad financiera de la institución.
 
Un llamado urgente a la legalidad y la transparencia
Este escándalo institucional requiere una respuesta inmediata. Los directores implicados deberán rendir cuentas ante la justicia, mientras que la comunidad profesional y la sociedad demandan transparencia y legalidad en cada uno de los actos que afectan a una entidad que debe ser un pilar de confianza y buena administración. La gravedad institucional de esta situación no puede ser ignorada, ya que lo que está en juego es el futuro de una institución que debe velar por los intereses de sus miembros y de la sociedad en su conjunto.

Por: Dr Carlos Ensinck