Una compañía aérea extranjera deberá compensar a pasajeros argentinos que vieron frustradas sus vacaciones debido a la pandemia.

Una compañía aérea extranjera deberá compensar a pasajeros argentinos que vieron frustradas sus vacaciones debido a la pandemia.
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La empresa cuestionó la aplicación de las leyes de Defensa del Consumidor y el Sostenimiento de la actividad turística. El silencio es aceptación, podría ser un resumen del caso.

Una aerolínea foránea deberá reembolsar el monto en dólares de los boletos adquiridos por argentinos para viajar a Europa en 2020, unas vacaciones de un mes canceladas debido a la pandemia de Covid-19. Cuatro clientes recibieron correos electrónicos anunciando la cancelación de los vuelos programados para junio de 2020. Aunque la empresa afirmó haber reembolsado el dinero, al no responder a la demanda en primera instancia, perdió la oportunidad de presentar pruebas al respecto.

La Cámara Civil y Comercial Federal ratificó la sentencia que ordenaba el reembolso de un total de 8000 dólares "dada la falta de comprobantes y otros medios probatorios específicos que sugirieran que se había realizado la devolución de las sumas pagadas". La indemnización se estableció en dólares MEP.

El momento procesal adecuado para demostrar que se había realizado el reembolso era la contestación a la demanda en el tribunal de primera instancia. El Tribunal de Apelaciones señaló que no se podía asumir automáticamente el reembolso, como pretendía la aerolínea. "La situación podría haber sido diferente si se hubiera probado en la etapa procesal oportuna que la aerolínea había efectuado el reembolso correctamente, una prueba que, de haberse realizado el reembolso efectivamente, habría sido fácil de obtener", se explicó. Sin embargo, "esto no ocurrió y las consecuencias de esta falta deben ser atribuidas a la parte interesada", afirmó la sentencia a la que tuvo acceso Infobae.

En la etapa de apelación, donde sí se presentó, la empresa afirmó de manera directa y sin respaldo haber realizado el reembolso. "Con esta simple afirmación, pretende transferir la responsabilidad de la devolución del dinero" a los pasajeros "sugiriendo que ellos debían demostrar que no habían recibido el reembolso". Esto requeriría que los demandantes demostraran "un hecho negativo", la falta de reembolso.

En un juicio, ambas partes tienen la obligación de aportar todos los elementos necesarios para resolver el caso, pero en este caso, era la empresa demandada la que estaba en mejor posición para presentar pruebas en la causa para "determinar si había realizado la devolución de las sumas abonadas".

"Al no responder a la demanda, no demostró de ninguna manera haber realizado el reembolso. Tampoco probó haber realizado ningún esfuerzo para una posible devolución u otra alternativa razonable ante la cancelación de los vuelos", se afirmó. Hubo una "falta de evidencia en cuanto a haber actuado con la diligencia y la buena fe requeridas como proveedor de servicios de transporte aéreo", advirtieron los jueces.

La aerolínea argumentó que había realizado el reembolso pero "no lo demostró de ninguna manera". Solo presentó un recibo de transferencia a una cuenta bancaria a nombre de uno de los pasajeros durante la etapa conocida como "expresión de agravios". Este documento fue considerado "poco legible" y no pudo debatirse ni "mucho menos confirmarse" su autenticidad, ya que fue presentado de manera tardía, por lo que no se le puede dar una "presunción de veracidad". Podría ser una pista si hubiera otras pruebas en la demanda, lo cual no ocurrió.

La aerolínea tampoco proporcionó al tribunal documentos relacionados con la venta de los boletos aéreos, que la demandante había solicitado por medio de una citación judicial.

"Su presentación habría servido como soporte para sus pretensiones. Incluso acompañarlos a este proceso, por obligación propia, no habría implicado ningún esfuerzo. Especialmente si pretendía demostrar que había realizado el reembolso solicitado oportunamente. Esta actitud no solo refuerza la falta de evidencia, sino que no puede considerarse en su favor", concluyó la sentencia.

Los pasajeros argentinos demandaron para recuperar el dinero de los boletos aéreos que compraron para viajar de Buenos Aires a España de ida y vuelta entre junio y julio de 2020.

En octubre de 2023 se emitió una sentencia de primera instancia que ordenó a la empresa pagar en diez días el valor en dólares de los boletos con base en el Convenio para la Unificación de ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional de 1999 y las leyes 24.240 de Defensa del Consumidor y 27.563 de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística.

Debido a la falta de respuesta a la demanda, el tribunal "consideró reconocidas las pruebas adjuntadas con el inicio de la acción y los hechos afirmados allí" y consideró demostrada la responsabilidad de la aerolínea por la falta de reembolso de los boletos comprados y pagados. También enfatizó que era la empresa la que debía demostrar que había adoptado "todas las medidas razonablemente necesarias para evitar el daño".

En cuanto a la deuda en dólares, se aplicó una tasa del 6 por ciento anual y se estableció que se debería pagar esa cantidad en moneda extranjera o, en su defecto, "la cantidad de pesos según la cotización del dólar venta ‘MEP’ al día del pago".

La aerolínea apeló y cuestionó la aplicación de las leyes de Defensa del Consumidor y Sostenimiento de la actividad turística. Argumentó que el contrato de transporte celebrado con los pasajeros argentinos era de "naturaleza internacional" y estaba regido por el Convenio de Montreal de 1999, el Código Aeronáutico y la Resolución Nº 1532/98 del Ministerio de Economía de la Nación.

La Cámara concluyó que la aerolínea "no explicó ni argumentó debidamente en sus agravios que existiera una contradicción entre las disposiciones relevantes de la Ley de Defensa del Consumidor y las normas que rigen la actividad aeronáutica", según la sentencia firmada por los jueces Eduardo Gottardi, Alfredo Silverio Gusman y la jueza Florencia Nallar.

La demanda se inició en 2021 y tres años después se dictó una sentencia de segunda instancia. La aerolínea "no nos explica cómo cambiaría la solución del caso aplicando solo la normativa sectorial que invocó". "Si bien tiene razón en que estas actuaciones se refieren a un reclamo basado en un hecho originado en la actividad aeronáutica y, por lo tanto, se aplican el Código Aeronáutico, los tratados internacionales y, supletoriamente, la ley de Defensa del Consumidor, lo cierto es que ello no niega, como pretende el recurrente, la existencia de una relación de consumo", advirtió la sentencia.

El transporte aéreo no está completamente excluido de las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor, "sino que su aplicación es supletoria y limitada a aquellos casos no contemplados en el Código Aeronáutico o en los tratados internacionales".

Sin embargo, la devolución del dinero por vuelos cancelados no está específicamente contemplada en el Convenio de Montreal de 1999 sobre "Unificación de Ciertas Reglas de Transporte Aéreo Internacional". Pero esta situación sí está prevista "como una fuente de obligación de compensación para el transportista tanto en el Código Aeronáutico como en la Resolución Nº 1532/98 (B.O. 10.12.1998) del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos" argentino.

El artículo 150 del Código Aeronáutico establece que "si el viaje previsto hubiera sido interrumpido o no se hubiera realizado, el pasajero tiene derecho (…) a la devolución del precio del pasaje (…)". citó el fallo.

El Código Civil y Comercial de la Nación deja en claro que "la extinción de la obligación motivada por caso fortuito o fuerza mayor no exime al deudor de la restitución de lo pagado ni priva a los consumidores de su derecho de exigir el reembolso del costo de los pasajes". El Tribunal sí revocó la decisión de indemnizar a los pasajeros por daño moral, porque no lo consideró probado.

Fuente: https://www.infobae.com

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