Las asociaciones de ayuda mutua y cooperativas que en Argentina comenzaron a surgir a mediados del siglo XIX con un espíritu solidario de productores, trabajadores, vecinales o clubes. Sin embargo, investigaciones judiciales de Rosario detectaron que algunas de ellas se utlilizan como medio para mover dinero proveniente de negocios ilegales, entre ellos el narcotráfico.
Es que las mutuales cuentan con mecanismos de fiscalización mucho más laxos que otras entidades financieras. Aunque estén habilitadas a dar préstamos, no son controladas ni por el Banco Central ni por la Comisión Nacional de Valores, solo en caso que se conviertan en intermediadores financieros que les permitan, por ejemplo, vender divisas extranjeras.
De hecho, el BCRA tendría una vía de acceso al control en el caso de que las mutuales tomen plata prestada de los bancos lo cual no es muy común ya que los bancos rehúyen de estas operatorias para evitar problemas, a sabiendas del riesgo que realicen operaciones ilegales.
En consecuencia, el control recae casi exclusivamente sobre el INAES -Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social- que se limita a una fiscalización administrativa: que se cumplan con el nombramiento de los directivos, se presenten balances y las actas completas. Si se detectan irregularidades que podrían implicar hechos delictivos, se le da curso a la justicia.
En el año 2012, a través de la Resolución Nº 11, la UIF -Unidad de Información Financiera- se obligó a mutuales y cooperativas a "observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo", lo mismo al INAES.
Sin embargo, según informó a LPO un funcionario que investiga los mecanismos de lavado, quienes ocultan cuevas financieras detrás de la fachada de mutuales, lo que generalmente hacen es mantener una personería sólida, con todos los papeles al día, y derivan cheques y la comercialización de dólares en mutuales "subsidiarias", entidades que se crean para tal fin y que son rápidamente desmanteladas a la primera sospecha.
Tras varias causas contra narcos rosarinos en la que los fiscales detectaron vínculos con mutuales a través del intercambio de mensajes de los detenidos y ordenaron allanamientos, los actores de la city rosarina que estaban flojos de papeles entraron en pánico y pusieron empeño en encontrar mecanismos novedosos para evitar la cárcel.
El fiscal anti-narco, Luis Schiappa Pietra, consideró que "no es aceptable que en una ciudad como Rosario, donde tenemos más de 200 homicidios en lo que va del año, personas que manejan mutuales presten dinero sin tener la precaución de pedir siquiera una constancia de monotributo al solicitante. Es un fenómeno normalizado que debe dejar de estarlo. Esta es una actividad al margen de la ley que alimenta y permite que proliferen los delitos de sangre", según publicó el diario La Capital cuando le dictaron prisión domiciliaria al presidente y un empleado de la Asociación Mutual de Emprendedores del Litoral, donde iba a cambiar dólares una mujer ligada a la banda de Los Monos.
Como si fuera poco, en la dirección exacta donde funcionaba esa mutual tenía su financiera el empresario Gustavo Shanahan, ex titular del Puerto de Rosario y reconocido inversionista en desarrollos inmobiliarios de la ciudad que cayó en desgracia por venderle dólares a la banda de Julio Rodríguez Granthom, uno de los principales proveedores de cocaína a los distintos grupos narco y sobre quien pesa la acusación del asesinato del ex concejal Eduardo Trasante, entre otros delitos graves.
"No es raro encontrar que mutuales y financieras conviven en los mismos edificios céntrico", sostuvo la fuente que pidió preservar su nombre y recordó el extraño asalto en la calle San Martín, a una cuadra de la peatonal rosarina donde se desató un feroz tiroteo entre presuntos motochorros y policías de civil en la puerta de una supuesta financiera. Dos pisos más abajo funciona una mutual.
Otra causa que tocó fibras sensibles en el mundo de las finanzas rosarinas fue el proceso judicial que comprometió a Patricio Carey, otro apellido de peso en los negocios, cuando el narco Coto Medrano salió de cambiar dólares en Cofyrco y fue asesinado de varios disparos. El titular de la financiera clandestina, no estaba autorizada para operar moneda extranjera, estuvo ligado a la Mutual 29 de Noviembre.
A su vez, la mutual quedó bajo sospechas tras el homicidio del financista de la ciudad de Santa Fe, Hugo Oldani, quienes triangulaban fondos de dudosa procedencia y en el mejor de los casos, sin declarar. Días atrás, Carey recibió una buena noticia, la causa por lavado de activos pasó al fuero federal por decisión del camarista Guillermo Llaudet, cuando en los tribunales provinciales se estableció como jurisprudencia que las causas de narcos con derivaciones en compra de dólares se mantenía en este ámbito.
Los tribunales federales rosarinos hace cuatro décadas que tienen la misma estructura en recursos humanos, un reclamo sostenido por todos los legisladores de Santa Fe es que el Congreso Nacional trate de una buena vez la ampliación de los juzgados, pero la grieta se lleva puesta la demanda. Además, los funcionarios actuales tampoco están exentos de cuestionamientos. Fuente: https://www.lapoliticaonline.com/
