Carrera contrarreloj para elegir antes de abril autoridades superiores del MPA y del Servicio de la Defensa Penal

Carrera contrarreloj para elegir antes de abril autoridades superiores del MPA y del Servicio de la Defensa Penal
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El proceso de selección de las nuevas autoridades del MPA y del Servicio Público de la Defensa Penal sufrió demoras en la conformación de los jurados. Ahora, queda poco tiempo para elegir a los responsables para cubrir puestos clave.

Después de muchos meses de idas y vueltas, y un escándalo que implicó el corrimiento del secretario de Justicia de la provincia; el gobierno provincial completó los jurados que seleccionarán a las autoridades superiores del MPA (Ministerio Público de la Acusación) y del Servicio Público de la Defensa Penal. La idea de dos jurados de prestigio y renombre, con personalidades jurídicas nacionales y alguna internacional, quedó en el pasado.

Después de un proceso que le llevó seis meses, la Casa Gris celebró haber conseguido conformar el jurado evaluador y ahora se concentra en recuperar tiempo perdido para tratar de que en abril, fecha en la que vencen los mandatos de fiscal y defensor general y de los regionales, estén seleccionadas las nuevas autoridades. Los cuestionamientos iniciales de la oposición y la Asociación de Fiscales que obligaron a hacer cambios ahora dieron lugar a una atenta observación de cada paso del proceso de selección.

La selección del fiscal general y los cinco fiscales regionales tiene especial trascendencia institucional en Santa Fe. Son nada menos que los encargados de establecer las políticas de persecución penal por los próximos años, pero además tienen la responsabilidad de organizar la carga y calidad de trabajo, y administrar recursos económicos, operativos y humanos. Todo eso en una provincia que atraviesa una grave situación en materia de seguridad, con epicentro en el Gran Rosario. En distintos ámbitos políticos y judiciales no conformó que parte de los evaluadores no tengan antecedentes en materia penal, ni conocimiento del funcionamiento del sistema procesal penal. Uno de los nombres que más llamó la atención es el de la ex jueza civil y comercial Beatriz Forno, que es profesora de derecho constitucional y fue incorporada en el sorteo complementario que se hizo la semana pasada en representación de las universidades públicas. Sin apuntar a nombres propios, hay opiniones repartidas sobre la expertise de los jurados, pero quienes objetan se preguntan si alguien que no conoce el funcionamiento del sistema procesal penal y todas las dimensiones que implica ese puesto está capacitado para seleccionar al fiscal general.
La mirada del presidente de la Corte de Santa Fe
AIRE le pidió opinión al presidente de la Corte Suprema, Daniel Erbetta, además especialista en Derecho Penal, el único que integra la Corte santafesina, para quien “hay una preocupación que es lógica porque se trata de la selección de los funcionarios que van a estar al frente de una institución encargada de dirigir las políticas de persecución criminal clave y, por lo tanto, el procedimiento no debió ni debería dejar ninguna duda sobre la transparencia y legitimidad del proceso, empezando por el jurado”.

Erbetta se excusó de hablar sobre la composición de los jurados, aunque fue uno de los que había manifestado su beneplácito cuando el año pasado se conoció que el camarista de Casación federal, Alejandro Slokar, sería parte del jurado para el MPA, al igual que sus pares Ángela Ledesma y Ana María Figueroa. Sin embargo, a poco de ese sorteo se produjeron renuncias en cadena. En total, 9 sorteados declinaron participar, entre ellos los de más renombre. El disparador fueron los audios en el que el secretario de Justicia y a cargo de los concursos, Gabriel Somaglia, hablaba con el exministro Marcelo Sain y daba a entender que había manipulado situaciones en la Justicia para favorecer situaciones que le pedía Sain. También hubo renuncias formales, por amistad con algún concursante, y luego sobrevino la del abogado venadense Arsenio Domínguez. En medio del escándalo y la reacción en bloque de la oposición y los cuestionamientos de la Asociación de Fiscales de Santa Fe, el gobernador “corrió” a Somaglia del concurso y lo puso en manos de la ministra de Gobierno, Celia Arena, que de ahí en más fue la encargada de resucitarlo. Se optó por completar los lugares vacantes con el corrimiento de los suplentes y sortear los faltantes. Tras cuatro meses, el pasado 5 de enero se seleccionó a Forno para el concurso de fiscales, que se sumó al de un ex fiscal interino de Córdoba, Eugenio Vezzaro, el camarista federal rosarino Aníbal Pineda, el camarista penal de Rafaela Sergio Alvira y la abogada rosarina María Florencia Blotta, quien fue funcionaria de Maximiliano Pullaro cuando era ministro y actualmente es asesora. Para el servicio Público de la Defensa Penal, la abogada Natalia Rubio y la jueza y docente rosarina Bibiana Alonso se sumaron al camarista penal Gustavo Salvador, el abogado santafesino Rodolfo Zenhder y Enrique Álvarez. Esta vez el sorteo se hizo un día de actividad y hora normal, ante la presencia de distintos funcionarios y estamentos. Entre los presente estuvo la Asociación de Fiscales de Santa Fe, que había sido una de las más críticas por la elección del primer jurado, realizado a las 7 de la mañana, un día que no trabajaba la administración central del Estado y con listas de postulantes antiguas. Incluso, tras la salida de Somaglia y la renuncia en cascada de nueve jurados, había exigido empezar todo el proceso desde cero.
Con los fiscales, el fiscal de Estado y el bolillero a la vista de todos
El gobierno provincial, a través del ministro coordinador Marcos Corach se encargó de resaltar la legitimidad que la presencia de la Asociación de fiscales le daba al sorteo complementario, junto con la presencia del fiscal de Estado y el bolillero a la vista. "El proceso encomendado por el gobernador Omar Perotti tuvo como cuestión medular, no solo la modernización de este tipo de procesos, sino también el eje de la transparencia como vector general". Y remarcó que se hicieron "sorteos públicos y presentación anónima de trabajos por parte de los postulantes para evitar discrecionalidades". En definitiva, lo que manda la norma.

También aprovechó para criticar a la oposición por no legitimar con su presencia el sorteo de reemplazante de los renunciados y se quejó porque se le dio poca trascendencia pública a este segundo sorteo. “Con absoluta transparencia llevamos adelante el sorteo público de los cargos vacantes para completar los jurados que van a intervenir en la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal", se ufanó días atrás. Los tiempos estarán excesivamente apretados para llegar a abril si se pretende hacer una selección a conciencia y a la altura de la trascendencia institucional. Cabe recordar que uno de los jurados deberá evaluar a 30 inscriptos para defensor general y cinco regionales y el otro a 82 entre fiscal general, los cinco regionales y la Auditoría General de Gestión. Los orden de mérito pueden complicarse por las impugnaciones cruzadas, pero además el gobernador debe proponer pliegos para que los avale o rechace la Legislatura, donde el oficialismo no tiene mayoría. Para la nueva instancia de sorteo la oposición se llamó a silencio. “Nosotros en su momento le ofrecimos alternativas a la ministra Arena cuando nos convocó. Le dijimos que era necesario conformar jurados con gente que conozca de la materia y que era malo los 4 puntos o ejes que se le solicitó a los concursos para que desplieguen su propuesta de trabajo. Incluso sugerimos que les pidan una adenda al trabajo original en la que desarrollen sobre las políticas de gestión que no estaba contemplada. Estamos hablando de gente que va a estar a cargo de un montón de gente, empleados, fiscales, lidiando con medios de comunicación. Son puestos muy desgastantes y que requieren no solo conocimiento penal”, explicó el presidente de la bancada socialista de diputados Joaquín Blanco. “En nuestro caso no vamos a poner el foco a esta altura en los nombres del jurado, sino en lo que esos jurados hagan, vamos a estar muy encima de eso”, aclaró, quizás como referencia a los nombres (de dos camaristas, uno de Rosario y otro de Santa Fe) que de antemano circulan como los que cuentan con la preferencia de sectores de poder político y del Poder Judicial para convertirse en fiscal general de la provincia.

Fuente: https://www.airedesantafe.com.ar/

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