Condenan a empresa de planes de ahorro por daño punitivo

Condenan a empresa de planes de ahorro por daño punitivo
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La Justicia de primera instancia condenó a una empresa a abonar una suma compensatoria por daño a la persona demandante. Los detalles

La titular del Juzgado n.° 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, Patricia López Vergara, resolvió mandar a llevar adelante la ejecución de un acuerdo homologado contra Volkswagen SA de Ahorro para Fines Determinados.

Además, reconoció el daño punitivo reclamado por la persona perjudicada. De esta forma, la empresa deberá pagar $59.276 por daños punitivos.

Las sumas deberán ser pagadas en el plazo de diez (10) días, bajo apercibimiento de ejecución forzosa. Todo ello en el marco de la causa "B., M. F. contra Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados sobre otras Ejecuciones Especiales".

Le cobraron mal y tuvo que iniciar una demanda
El 05 de enero de 2018 el señor B., M. F suscribió un acuerdo en la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC) con la aquí demandada y con Mapfre Argentina Seguros SA con el objeto de que le restituyan las sumas de dinero que habían sido cobradas en forma indebida. Señala que Mapfre cumplió con el convenio, no así Volkswagen.

Indica que la demandada se comprometió a reintegrar la suma de $29.065 y a bonificar algunas cuotas del plan de ahorro oportunamente suscripto. No obstante ello, sólo le efectuó el descuento pertinente por $11.645,89 por lo que le adeuda $17.419,11. El actor peticiona se imponga a la firma una sanción pecuniaria de carácter punitivo, conforme lo dispuesto en el artículo 52 bis de la ley n° 24.240. El 23 de abril de 2021 se presenta Volkswagen SA de Ahorro para Fines Determinados y manifiesta que adeuda la suma de $17.419 en concepto de capital a favor del actor y adjunta el cálculo de intereses pertinente, por una suma total de $42.397,96. En cuanto al daño punitivo reclamado se opone y sostiene que el mismo debe ser solicitado a través de un proceso de conocimiento y no mediante la vía ejecutiva.

De la lectura del fallo se desprende que ambas partes están contestes en el capital adeudado y sus intereses a tenor de la liquidación acompañada por la demandada en su presentación la cual arroja un total de $42.397,96 ($17.419 por capital y $24.978,96 por intereses). En razón de ello, la magistrada señaló que "se llevará adelante la ejecución por el convenio homologado y se aprobará el cálculo efectuado por la demandada y consentido por el actor".

López Vergara recordó que el artículo 52 bis de la ley n°24.240 establece que "la Justicia -a instancias de quien se halla damnificada- podrá aplicar una multa civil a la persona que resulte proveedora y no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con aquélla la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan".

Además, advirtió que "las circunstancias del caso -entre ellas, la gravedad del hecho- son relevantes sólo para graduar el quantum de la sanción -tal como lo reconoce la codemandada- pero no constituyen, per se, propiedades definitorias del hecho merecedor del daño punitivo".

"Por otra parte, una norma de responsabilidad civil no siempre tiene exclusivamente una finalidad compensatoria. En definitiva, la finalidad de este instituto, amén de sancionar la conducta de quien daña, es prevenir la reiteración de hechos similares en el futuro", agregó.

La jueza remarcó que "la existencia de una posibilidad cierta de sancionar dichos incumplimientos incorpora equidad en el trato entre las partes. Ello equilibra a quienes son consumidores, a través del favor debilis frente a la empresa proveedora en estos supuestos. Asimismo plasma el reconocimiento ético subyacente en esta figura, en el aval a la palabra empeñada ante un compromiso comercial, en una suerte de docencia legislativa hacia su cumplimiento".

"Pretender introducir en autos en este caso un factor subjetivo -no incluido en la legislación de LDC bajo análisis- no se presenta como laudatorio bajo el ropaje de una directriz interpretativa librada al azar de la ‘alta o baja sensibilidad del juez interviniente’, como dijera la CSJ de Tucumán, sostuvo la magistrada", explicó.


Fuente: https://www.iprofesional.com/

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