Cambios en la cuota alimentaria: elevan el monto y se actualizará cada seis meses sobre la canasta básica

Cambios en la cuota alimentaria: elevan el monto y se actualizará cada seis meses sobre la canasta básica
Tamaño del texto

Para los jueces, evitará la proliferación de reclamos de aumento o de modificación y preservará la salud psíquica y emocional del hijo en común

La obligación de prestar alimentos a los hijos menores de edad surge de los deberes atinentes a la responsabilidad parental, y como consecuencia de ello el art. 658 del Código Civil y Comercial establece -en forma explícita- que la obligación de alimentar a los hijos menores recae sobre ambos progenitores, conforme a su condición y fortuna.

En base a ello, la sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata ordenó elevar el monto de una cuota alimentaria, manteniendo el escalonamiento establecido de acuerdo a los valores históricos de la canasta básica proporcionada por el INDEC.

El caso

En el caso "G. M. F. c/ S. J. O. y otros s/ alimentos", la jueza de primera instancia hizo lugar a la demanda de alimentos, fijó una cuota alimentaria escalonada por meses anticipados a cargo del padre del menor en la siguiente modalidad: $10.000 el primer año, $12.000 el segundo, $ 14.400 el tercero, $17.000 el cuarto (años que pasaron desde que se inició el juicio) y $20.000 el quinto.

Para cada uno de los períodos, la magistrada explicó que tomó, con los valores históricos, la canasta básica, proporcionada por el INDEC, ya que dichos datos estimativos revelarían cuál era aproximadamente el costo de vida en cada escalonamiento.

Asimismo declaró la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23928 y su inaplicabilidad a la cuota alimentaria. Dispuso que a partir de la fecha de la sentencia a la cuota alimentaria se le aplicará -en forma semestral- como índice de actualización el índice de precios al consumidor nacional brindado por el INDEC.

Las partes apelaron. La madre del menor señaló que el monto establecido en la cuota alimentaria resultaba insuficiente ya que se acreditó no solo el alto caudal económico de los demandados, sino también los gastos y necesidades.

Y como ejemplo señaló que la cuota mensual del colegio al que concurre el niño es de aproximadamente catorce mil pesos por lo que la cuota fijada por la jueza de grado ni siquiera alcanzaría para cubrir los gastos educativos en la actualidad. Además, entendió que debían incluirse otros rubros.

Los jueces Nelida I. Zampini y Rodrigo H. Cataldo explicaron que "el monto alimentario no debe constituir una ecuación matemática, resultando indispensable la ponderación justa y equilibrada de todas las circunstancias que justifican el monto de la cuota evitándose, de tal modo, que la cuantía de esa pensión revista carácter arbitrario".

Y explicaron que conforme al art. 659 del Código Civil y Comercial se pueden establecer parámetros que deberán valorarse al momento de fijar la cuota alimentaria o su aumento:

1) La situación económica y social del alimentante como del alimentado, apreciadas a través de sus respectivas actividades y sistemas de vida;
2) Las necesidades de los hijos menores de edad, estimándolas -en la medida de lo posible- de acuerdo al nivel socioeconómico del que gozaron durante la convivencia de sus progenitores;
3) La posición económica de la que gozaba la familia antes de su ruptura o de la que goza en la actualidad;
4) La contribución que realiza el progenitor que tiene asignado el cuidado personal del hijo (progenitor conviviente) y la forma en que realiza dicha contribución;
5) La edad que tiene el hijo al momento de fijar la cuota de alimentos;
6) El hecho que el progenitor que convive con el hijo, perciba ingresos mensualmente. Ello, si bien no libera al progenitor no conviviente al pago de la cuota alimentaria, constituye un elemento a tener en cuenta para fijar su importe.

En cuanto al caso concreto, señalaron que en los procesos en los que se reclama una cuota alimentaria, asumir comportamientos omisivos, como lo ha efectuado el padre del menor -nueve meses para la realización del informe socioambiental, declaración de negligencia de la producción de prueba-, contraría uno de los principios más importantes del derecho de familia, esto es, lograr una administración de justicia efectiva por medio de un proceso expedito que asegure la función social del derecho.

Fuente: https://www.iprofesional.com/

DÉJENOS SU COMENTARIO







Otras noticias

logo Abogados Rosario

Suscríbase a nuestro newsletter y
reciba las últimas novedades de
abogadosrosario.com

jurisprudencia doctrina

Registrados ante el Censo Nacional de Archivos, Registros, Bases o Bancos de Datos Privados disposición 1/2004 de la Dirección
Nacional de Protección de Datos Personales, Ministerio de Justicia de la Nación.

Productora Visual - Diseño y desarrollo Web - Ushuaia|TDF - Rosario|Santa Fe