Tras el caso Úrsula, el Poder Judicial hace autocrítica: "El sistema llega tarde"

Tras el caso Úrsula, el Poder Judicial hace autocrítica: "El sistema llega tarde"
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El caso de Úrsula, y la falta de respuestas estatales ante sus pedidos de ayuda, generó un gran impacto en la sociedad argentina que este miércoles se vuelve a movilizar para pedir justicia por la joven de 18 años y políticas públicas efectivas contra la violencia de género.

En Santa Fe, el movimiento de mujeres se manifestará exclusivamente en los Tribunales Provinciales para exigirle al Poder Judicial para que revea su rol en los casos de violencia de género y agilice sus tiempos. En ese sentido, la Fiscal de la Unidad Especial de Delitos Sexuales del Ministerio Público de la Acusación de Rosario dialogó con Sí 98.9 y realizó una fuerte autocrítica.

"El caso de Úrsula refleja y nos permite ver, que por eso genera esta movilización que espero que traiga respuestas de políticas públicas integrales y no sólo coyuntural para este caso, que el sistema de Justicia Penal llega tarde, que no les da las respuestas que las mujeres, jóvenes y adolescentes necesitan para estos casos de violencia de género que son los más graves", señaló Carla Cerliani.

Y agregó: "Además, está la obligación de trabajarlos interinstitucionalmente y es el gran desafío que tenemos las fiscalías que trabajamos hechos de violencia de género".

La fiscal apuntó también contra las armas de fuego del personal policial y la vinculación concreta que tienen con los hechos de femicidio. "Son un alerta a tener en cuenta", consideró. Al respecto, detalló que "los diferentes protocolos provinciales y nacionales establecen que uno de los indicadores de riesgo es la posibilidad de la tenencia de armas de fuego por parte del agresor. Hay herramientas jurídicas para pedir que se le retiren las armas de fuego, por la conexión entre la disponibilidad y los hechos de agresiones más violentos y letales".

Cerliani aclaró que "no todos los casos son iguales ni tienen los mismos riesgos" e hizo hincapié en que "estos delitos son fruto y producto de una cuestión cultural que nos atañe a todos". "Tanto a los y las operadoras que debemos estar formados en perspectivas de género para ser los jueces y juezas imparciales al momento de intervenir sin prejuicios o estereotipos con la víctima y los y las fiscales para investigar objetivamente en el mismo sentido", especificó.

En ese marco, añadió: "Necesitamos herramientas interinstitucionales para poder ir dando respuestas acorde a cada una de las situaciones. Estas tienen que ser políticas públicas integrales".

La funcionaria del MPA contó que la cantidad de casos de violencia de género que se denuncian ha aumentado considerablemente en los últimos años y lo consideró "un gran avance del feminismo y las mujeres que han salido a las calles".  "Hoy el derecho penal está interviniendo y es una de las áreas prioritarias debido al cúmulo de denuncias que se reciben. Años atrás ni siquiera se inmiscuía el derecho penal en estos casos. Este cambio cultural debe ir acompañado de políticas públicas, nos interpela a los y las integrantes del poder judicial sin dudas", insistió.

Por último, se refirió a la reinserción de los acusados después de la cárcel. "No en todos los casos la respuesta va a ser que la persona vaya presa y aún en los casos más graves donde tiene que hacerlo, hay que trabajar con esas personas judicializadas para generar ese cambio cultural en el agresor también. Si no, luego de cumplir la pena o dentro de las unidades penitenciarias o cuando reciben visitas, siguen ejerciendo violencia de género".

"Esos son los desafíos que tenemos por delante, sin sacarnos responsabilidad de la parte que nos toca que es mucha", concluyó.

Fuente: https://www.rosarioplus.com/

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