Imputan a jueza de Chubut y a un grupo de abogados en un caso que podría derivar en asociación ilícita

Imputan a jueza de Chubut y a un grupo de abogados en un caso que podría derivar en asociación ilícita
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La fiscalía dispuso abrir una investigación contra la magistrada Arbilla y el presidente del colegio de Abogados de Esquel, Venancio, por maniobras destinadas a apoderarse de activos del Grupo Indalo.

En un hecho inédito para la historia judicial de Chubut, una fiscal abrió una investigación e imputó penalmente a la jueza provincial Alicia Arbilla y a un grupo de abogados, encabezados por el presidente del Colegio de Abogados de Esquel, José María Venancio, por delitos vinculados a una maniobra de estafa y por el intento de desapoderamiento de activos del Grupo Indalo. Revelado por Ámbito hace algunas semanas, los hechos apuntan a diversas acciones contra el frigorífico Establecimiento Santa Elena SA -con aval judicial- que, enmascaradas en presuntas demandas laborales, le permitieron a la organización investigada hacerse de bienes a través de remates y embargos que ahora están bajo la lupa. Adicionalmente, uno de los imputados le dio a las autoridades judiciales domicilios inexistentes en los cuales estarían esos bienes que estaban bajo guarda judicial, por lo que su paradero es ahora desconocido. La causa podría derivar en una investigación contra una presunta asociación ilícita que manejaba el mismo “modus operandi” en otros casos.

Fechado el 28 de diciembre, la fiscal general María Bottini dispuso la apertura de la investigación después de haber realizado medidas preliminares luego de la denuncia que interpuso Establecimiento Santa Elena SA, contra la cual había accionado Venancio a través de diversas causas en las que demandaba indemnizaciones por juicios laborales. La primera data de 2016 cuando reclamó en nombre de un cliente una suma superior a $800 mil pesos. Arbilla falló parcialmente a su favor pero fijó la suma total en $25.266, en 2018. Luego, procedió al embargo de bienes y Venancio, en persona, se dirigió al lugar del frigorífico para llevarse un generador Caterpillar, que fue rematado en febrero de 2019. El “ganador” de la subasta fue Elías Simeoni que pagó $97 mil pesos por un generador que valía u$s 161.000.

“En este contexto, el abogado José María Venancio, a sabiendas de que el bien en cuestión no pertenecía a la parte demandada en el juicio laboral, sino a otra sociedad (Ganadera Santa Elena S. R. L.), procede a indicar que se proceda a su embargo, teniendo conocimiento también que dicho bien tenía un valor que superaba ampliamente el valor de la deuda que Establecimiento Santa Elena S.A. tenía con su cliente”, indicó la fiscal en su requerimiento.

No pasó desapercibido para la justicia que hubo similares acciones (embargos) con aval de Arbilla que sucedieron en otras demandas, donde se llevaron elevadores, heladeras y hasta se evaluó con remover un tinglado, algo que finalmente no ocurrió por cuestiones logísticas. Mientras la jueza Arbilla era recusada por los abogados de Indalo, su subrogrante ordenó una inspección ocular sobre el resto de los bienes. La delegación policial enviada se encontró que las direcciones que aportó Venancio no existían o bien eran totalmente imprecisas para poder llevar a cabo la manda judicial. Eso fue lo que reportaron el 26 de diciembre al jefe de la Policía de Investigaciones de Esquel por lo que se desconoce en poder de quién están esos bienes que no podían haberse “perdido” ni restado del activo dado que pesa sobre las compañías una inhibición general de bienes dictada por la justicia federal de Capital Federal por la causa Oil Combustibles.

Bottini señaló que Venancio, en principio, engañó a la jueza para hacerse de bienes mucho más valiosos que las demandas que entablaba y que ocultó que su propiedad correspondía a otra razón social. Todo en simultáneo a la prisión preventiva de Cristóbal López y Fabián De Sousa, lo que reconocieron “les impedía ejercer su derecho constitucional de defensa en juicio”. “En toda esta maniobra participó el Sr. Silvano Simeoni, de manera necesaria, en tanto, el bien en cuestión al ser trasladado a la ciudad de Esquel, fue dejado en un predio de su propiedad, para luego él mismo adquirir el bien a un precio ciertamente inferior al valor de mercado, y luego ofrecerlo a la venta a un valor cercano al de mercado”, subrayó la fiscal. Un dato comprometedor: Simeoni era además el “testigo” que Venancio aportaba en distintas causas. Pero lo que la fiscalía deja entrever es que toda la maniobra ya había sido denunciada por el abogado de la parte demandada en julio de este año a la jueza Arbilla, quien hizo caso omiso a la denuncia, por eso se le imputa, en principio, incumplimiento de los deberes de funcionaria pública. Eso se puede agravar con el correr de la investigación. Lo mismo que la denuncia contra la jueza que ya tramita en el Consejo de la Magistratura local.


Fuente: https://www.ambito.com/

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