El pack de proyectos de reforma judicial incluye la transferencia completa de competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires, con un lapso límite determinado, no mayor a los dos años. Esto implicará que la justicia nacional en lo criminal y correccional deberá deprenderse paulatinamente de robos, hurtos y homicidios, y pasará a ser una suerte de justicia de “transición” o “residual”, manteniendo las causas a su cargo por el período que demande su tramitación. En el medio, el Gobierno tendrá que decidir si reenvía al Senado varios de los pliegos que presentó la administración de Mauricio Macri y que corresponden al fuero penal “ordinario”, tribunales que con esta reforma serán, a la vez, vaciados de competencias. Incluso el Consejo de la Magistratura tiene abiertos concursos para varias de las vacantes existentes. De esta forma, Cámara de Apelaciones, Casación Nacional y los Tribunales Orales en lo Criminal permanecerán hasta que, luego del traspaso, agoten los procesos a su cargo. Incluso, varias de las vacantes cubiertas en primera instancia durante los últimos años se hicieron bajo una adenda que firmaron los aspirantes de que aceptarían pasar voluntariamente a la órbita porteña si se completara el traspaso. No es algo que obture una judicialización, pero la Corte Suprema sembró de guiños a favor de considerar a la Ciudad con autonomía similar a la de una provincia y reconocer al Tribunal Superior de Justicia como la máxima instancia para la justicia que se asiente dentro de los límites de la General Paz. Fiscalías y defensorías podrían amalgamarse con sistema acusatorio a implementar y son interrogante a despejar. Los detalles más finos de redacción se van a pulir hasta minutos antes de la presentación.
El traspaso de competencias planea hacerse también con fondos, uno de los reclamos de Horacio Rodríguez Larreta para absorber el volumen de delitos y el costo de su manutención. Pero el presupuesto que prevén destinar desde la administración central –siempre eje de la demora en el avance de las transferencias- será sólo una porción de lo calculado como costo total, lo que no aleja el peligro de la advertencia de Rodríguez Larreta para eventualmente judicializar el envío de recursos junto a las competencias. Para las negociaciones subterráneas, Fernández piensa utilizar como carta ganadora las quejas de los gobernadores por tener que compartir los costos de mantenimiento de la justicia nacional. Larreta ya estuvo sondeando en diversos estamentos judiciales sus chances de éxito ante un planteo por los fondos. Una vez consumada, liberará a su espada ante la Corte Suprema, el secretario de Seguridad Marcelo D´Alessandro. Sin embargo y más allá de la discusión política, nada quita que el debate por el proyecto –especialmente en lo referido al traspaso- tenga el veto anticipado de la Asociación de Magistrados y de los gremios judiciales.