Relación de trabajo y de consumo

Relación de trabajo y de consumo
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Un Tribunal hizo lugar a la demanda de una trabajadora que sufrió un golpe fuerte en su mano izquierda al intentar destrabar un carro del supermercado donde trabaja. La sentencia dispuso que el trabajador resulta ser usuario indirecto de la relación de consumo que nace del contrato de cobertura de riesgos del trabajo celebrado entre el empleador y la ART.

En la causa “Oviedo Silguero Alba Ramon c/ Omint A.R.T. S.A. s/ accidente de trabajo – acción especial”, el Tribunal de Trabajo n| 4 de Morón hizo lugar a la demanda por accidente deducida, teniendo por probado que mientras la actora prestaba tareas habituales en su lugar de tareas sufrió un golpe fuerte en su mano izquierda al intentar destrabar un carro del supermercado donde trabaja.

El suceso le produjo un traumatismo en su pulgar izquierdo, que según el psicodiagnóstico adunado la misma padece Reacción Vivencial Anormal Neurótica de Grado II, todo lo cual sumado a los favores de ponderación, la incapacita en el orden del 14,68 % de la T.O.

La trabajadora se quejó de que pese a ese cuadro la A.R.T, otorgó intempestivamente el alta sin incapacidad pese a que no se hallaba en condiciones de retomar su actividad laboral de cajera.

El Tribunal, con votos de los magistrados Maria Gabirla Alcolumbre, Gustavo Hernández y Carolina Noal, sostuvo que aunque no haya formado parte del acto jurídico bilateral, el trabajador resulta ser usuario indirecto de la relación de consumo que nace del contrato de cobertura de riesgos del trabajo celebrado entre el empleador y la ART.

“El daño padecido por la trabajadora tiene relación causal exclusiva con el infortunio padecido, sin que se encuentre acreditado que la trabajadora hubiere padecido agravamientos del daño inicial producido por el accidente que hubieren podido tener relación causal con la práctica médica desplegada por los efectores de salud dependientes de la ART demandada que atendieron a la trabajadora” afirmaron los magistrados.

El Tribunal evaluó que en el caso convergen los principios propios del régimen protectorio de Defensa del Consumidor con aquellos que rigen la materia de mala praxis médica, resultando aplicable la regla de distribución de cargas dinámicas de la prueba, que no exime a quien alega de acreditar, pero impone al proveedor del servicio la carga de colaborar en el proceso con lealtad y probidad poniendo a disposición la historia clínica, los estudios y protocolos que se hubieren practicado al paciente...



ACTO SEGUIDO reunidos los Señores Jueces, integrantes del Tribunal del Trabajo Número 4 de Morón, en la Sala de Acuerdos, a efectos de dictar el
correspondiente VEREDICTO, conforme lo dispone el art. 44 de la ley 11.653 incs. d) y e), resuelven plantear y votar por separado, previo sorteo que
resultó en este orden: Dres. MARIA GABRIELA ALCOLUMBRE, GUSTAVO VÍCTOR HERNÁNDEZ y CAROLINA NOALE las siguientes:
CUESTIONES
PRIMERA CUESTION: ¿Se encuentra probada la relación laboral invocada por la parte actora? En caso afirmativo: a) ¿se probó la categoría laboral y la extensión
de la jornada de trabajo? b) ¿se probó la remuneración mensual devengada en cabeza del accionante y el ingreso base mensual?
SEGUNDA CUESTION: ¿Se encuentran probadas las patologías física y psíquica incapacitantes alegadas por la trabajadora? ¿Acreditó la accionante la ocurrencia
del accidente descripto en la demanda? ¿Probó la parte actora la fecha de consolidación del daño?
TERCERA CUESTION: ¿Se acreditó la existencia de cobertura por parte de la demandada? ¿Se encuentra acreditada la cancelación de rubros indemnizatorios
derivados del accidente laboral padecido reclamados en la demanda?
CUARTA CUESTIÓN: ¿Se acreditó la existencia de las consecuencias mediatas alegadas y la relación causal alegada entre el daño padecido y el obrar de los
prestadores médicos de la A.R.T.?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA: La Dra. María Gabriela Alcolumbre, dijo:
I – Atendiendo a la forma como quedó trabada la litis y en ausencia de controversia al respecto, habré de tener por cierto que la actora de marras
mantuvo una relación de trabajo subordinado con un tercero ajeno a la contienda, INC S.A., desde el mes de marzo de 2010 prestando tareas en calidad
de cajera B.
II – Con la prueba pericial contable producida en autos habré de tener por probado que el ingreso base mensual de la accionante ascendió a la suma de $
22.824,02.-
ASI LO VOTO.
Los Sres. Jueces, Dres. Gustavo Víctor Hernández y Carolina Noale, por compartir los fundamentos votaron en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA:La Dra. María Gabriela Alcolumbre, dijo:
I – Atendiendo a la controversia existente en torno a las patologías incapacitantes denunciadas en el inicio, pesaba en mi opinión sobre la accionante
la carga procesal de acreditar sus padecimientos (cfr. art. 375 del C.P.C.C.), obligación que advierto cumplida en la causa.
En efecto, analizada la prueba pericial médica producida en autos, habré de tener por probado que la actora sufrió un traumatismo en su pulgar izquierdo
presentando limitación funcional metacarpofalángica en mano izquierda; y que según el psicodiagnóstico adunado en autos la misma padece Reacción Vivencial
Anormal Neurótica de Grado II, todo lo cual sumado a los favores de ponderación, la incapacita en el orden del 14,68 % de la T.O.
II – No se encuentra controvertido entre las partes que la trabajadora de marras padeció un infortunio en ocasión del trabajo el 27/11/16 aproximadamente a las
11 hs mientras prestaba tareas habituales en su lugar de trabajo, oportunidad en la que sufrió un golpe fuerete en su mano izquierda al intentar destrabar un
carro del supermercado donde trabaja. La denuncia del siniestro fue aceptada por la aquí accionada A.R.T., quien no desconoció el carácter laboral del mismo; razón por la cual he de tener por acreditada en autos la relación causal invocada por la accionante como existente entre el infortunio narrado y las patologías incapacitantes adquiridas (art. 375
C.P.C.C.).
III – La SCBA tiene establecido como doctrina legal que en el supuesto de accidentes de trabajo la fecha en que el trabajador toma conocimiento de su
incapacidad generalmente coincide con el acaecimiento del infortunio cuando en esa oportunidad se produce la minusvalía permanente de aquél (SCBA, L. 81.305
“Silva, José Daniel C/Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada S/Daños y Perjuicios” 9/8/06); salvo los casos en que las lesiones
originadas por el siniestro produzcan un daño que se consolida con el tiempo y que se torna irreversible con posterioridad (SCBA, L. 67188 sent. del 22/3/00;
L.77.666 sent del 8/7/03).
En el caso que nos ocupa, la contingencia que afectó al trabajador le produjo las patologías precedentemente descriptas ocasionándole de inmediato la
incapacidad que porta; consecuentemente, habré de tener por acreditado en autos que la misma tomó conocimiento del daño consolidado el 27/11/16 (art.
375 CPCC).
ASI LO VOTO.
Los Sres. Jueces, Dres. Gustavo Víctor Hernández y Carolina Noale, por compartir los fundamentos votaron en idéntico sentido.
A LA TERCERA CUESTION PLANTEADA: La Dra. María Gabriela Alcolumbre, dijo:
I – No se encuentra controvertido en autos la existencia de cobertura en los términos de la ley 24.557 por parte de la aquí demandada; circunstancia que ha
quedado corroborada mediante la prueba pericial contable producida.
II – Analizada la instrumental obrante en autos he de tener por probado que la demandada no ha acreditado haber abonado prestaciones dinerarias en los
perminos del art 14 de la ley 24.557 con motivo del accidente padecido por quien aquí reclama (art. 375 C.P.C.C.).
ASI LO VOTO.
Los Sres. Jueces, Dres. Gustavo Víctor Hernández y Carolina Noale, por compartir los fundamentos votaron en idéntico sentido.
A LA CUARTA CUESTIÓN PLANTEADA: La Dra. María Gabriela Alcolumbre, dijo:
I – Esgrime la trabajadora que tras dar aviso del infortunio a la A.R.T. aquí demandada la derivaron a la Clínica Constituyentes, donde le recetaron
analgésicos y le realizaron placas, habiéndola derivado a un traumatólogo especialista en mano, quien le mantuvo solamente un vendaje inmovilizador por
el lapso de tres semanas aproximadamente e indicó reposo y más tarde sesiones de kinesiología, pese a las intensas molestias y limitación de movilidad de su
mano. Sostiene asimismo que pese a ese cuadro la A.R.T, otorgó intempestivamente el alta sin incapacidad pese a que no se hallaba en
condiciones de retomar su actividad laboral de cajera.
Sostiene ver limitada la función de pinza y haber perdido fuerza en su mano a causa del accidente, pero asimismo alega (ver fs.12) que la falta de adecuada
atención médica agravó el cuadro inicial, sosteniendo que resulta responsable por ende la A.R.T. y sus prestadores en los términos del Art. 1724 CCyC.
Vale decir que en el caso se han alegado tanto la existencia de causas inmediatas (ocurrencia del infortunio y adquisición de patología incapacitante inicial) cuanto
de causas mediatas (agravamiento por mala praxis), debiendo abordarse en esta cuestión el tratamiento que cabe darle a las segundas (Arts. 1726 y 1727 CCyC).
II – A la luz de lo expuesto y visto la mala praxis médica alegada por la accionante referida al agravamiento del daño inicial (cuya tratamiento se
abordara en la segunda cuestión de este veredicto), entiendo que en el caso convergen los principios propios del régimen protectorio de Defensa del
Consumidor, con aquellos que rigen la materia de mala praxis médica, resultando aplicable la regla de distribución de cargas dinámicas de la prueba,
que no exime a quien alega de acreditar, pero impone al proveedor del servicio la carga de colaborar en el proceso con lealtad y probidad poniendo a disposición
la historia clínica, los estudios y protocolos que se hubieren practicado al paciente, con el ánimo de acreditar que se ha obrado de acuerdo a las artes
propias de la medicina.
Digo ello, pues entiendo que el caso ha de estar regido por los principios rectores del régimen especial de Defensa del Consumidor (Art. 42 C.N., Art. 1092 y
concordantes del CCyC y ley 24.240 – t.o. ley 26.361), dado que, empleador y aseguradora de riesgos del trabajo claramente celebran un contrato de cobertura
de riesgos del trabajo, resultando el trabajador usuario indirecto de la relación de consumo que de allí nace, aunque no haya formado parte del acto jurídico
bilateral (Art. 1092 segundo párrafo del CCyC y Art. 1° de la ley 24.240 (T.O.Ley 26.361).
En efecto, el trabajador resulta ser el beneficiario directo de las obligaciones que pesan en cabeza de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, que en el caso lo
constituye la obligación de obrar dentro de las reglas del arte y ciencia médicas.
Se ha delegado por ley 24.557 a las A.R.T. el servicio de salud que ha de atender a los trabajadores siniestrados, consecuentemente, las aseguradoras de riegos
del trabajo estarán a cargo de los efectores de salud que ejerzan la medicina, odontología y actividades de colaboración de las mismas con el fin de cumplir
los objetivos impuestos por la L.R.T.
Entre las obligaciones que pesan sobre dichos profesionales, de conformidad con lo normado por el art. 2° de la ley 17.132 (Reglas para el ejercicio de la medicina,
odontología y actividad de colaboración de las mismas), se hallan las de anunciar, prescribir, indicar o aplicar cualquier procedimiento directo o indirecto
de uso en el diagnóstico, pronóstico y/o tratamiento de las enfermedades de las personas o a la recuperación, conservación y preservación de la salud de las
mismas.
Asimismo, por imperio de lo normado por el Art. 1° y 3º de la ley 26.529 (Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la
Salud) el paciente tiene derecho a la información clínica y documentación sanitaria, entendiéndose por tal aquella que, de manera clara, suficiente y
adecuada a la capacidad de comprensión del paciente, informe sobre su estado de salud, los estudios y tratamientos que fueren menester realizarle y la
previsible evolución, riesgos, complicaciones o secuelas de los mismos.
Cualquier incumplimiento de estas obligaciones por parte de los profesionales de la salud importará la responsabilidad solidaria de la A.R.T. interviniente, ello por
imperio de lo normado por el Art.40 de la Ley de Defensa al Consumidor, que hace responsable a toda la cadena de prestadores del servicio (responderán el
productor , el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio).
En vista de ello y siendo que son los profesionales de la medicina los que poseen el conocimiento de la especialidad y quienes manejan los antecedentes médicos
del paciente, el legislador ha comenzado a corregir las grandes diferencias entre los consumidores (usuarios del servicio de salud) y los proveedores de servicios
de salud, regulando la inversión de la carga de la prueba.
Así el régimen especial de Defensa del Consumidor en el artículo 53 de la ley 24.240 (t.o. por ley 26.361), dispone que “los proveedores deberán aportar al
proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el
esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio”.
Toda vez que las A.R.T. resultan encargadas de proveer los servicios de salud que se brindan a los trabajadores siniestrados ya fuere en forma directa o
contratando efectores de salud, resulta lógico que pese sobre ellas como proveedoras del servicio, la carga de aportar todos los elementos de prueba que
obren en su poder y sobre todo, acreditar un factor eximente de responsabilidad si consideran que no son responsables de la mala praxis alegada.
En respaldo de ello, el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación otorga a través del Art.1735 facultades a los jueces para distribuir la carga de la prueba
según la situación en que se encuentre el litigante para aportarla, aplicando al caso el concepto de carga dinámica de la prueba o prueba compartida que
consiste en hacer recaer en ambas partes la obligación de aportar elementos de juicio al juzgador, privilegiando la verdad objetiva sobre la formal para brindar
la efectiva concreción de la justicia.
Se trata de un concepto particularmente útil cuando los extremos son de muy difícil comprobación, no siendo dable interpretar ello como la imposición de
realizar una prueba contra los propios intereses, pues en la relación de consumo, la empresa proveedora debe, con criterio prudente, facilitar la prueba requerida
por la contraria atento a su profesionalidad pues es quien está en mejores condiciones para acreditar ciertos extremos.
Se le impone al proveedor la obligación legal de colaborar en el esclarecimiento de la situación litigiosa en virtud del derecho a la información que posee el
consumidor, consecuentemente, toda negativa genérica, silencio, reticencia o actitud omisiva creará una presunción en su contra.
Tiene dicho la SCBA (SCBA, causa C. 117.760, 01/04/2015″G. , A. C. contra ‘Pasema S.A.’ y otros. Daños y perjuicios” ) que a tenor de lo normado por el
art. 901 del Código Civil, para establecer la existencia de la relación de causalidad entre una conducta y el daño cuya reparación se persigue, debe
comprobarse en primer lugar si un hecho dado es materialmente causa del resultado, esto es, si tuvo en sí mismo la aptitud de desencadenar la
consecuencia final; a posteriori deberá precisarse si esa consecuencia es jurídicamente atribuible al sujeto sindicado como deudor de la obligación de
reparar.
Es en este segundo estudio del análisis donde el intérprete enfrenta la necesidad de establecer el juicio de probabilidad de lo acaecido a la luz de lo que
acostumbra suceder según el curso natural y ordinario de las cosas (conf. art.901 del CCiv.), patrón de previsibilidad que permitirá deslindar los límites de
las consecuencias atribuibles al obrar humano (901 y ss del CCiv.) de aquellas otras que caen en la órbita del caso fortuito o la fuerza mayor.
III – Analizada la totalidad de la prueba producida en autos he de colegir que el daño padecido por la trabajadora tiene relación causal exclusiva con el infortunio
padecido; sin que se encuentre acreditado en la causa que la trabajadora hubiere padecido agravamientos del daño inicial producido por el accidente que hubieren
podido tener relación causal con la práctica médica desplegada por los efectores de salud dependientes de la A.R.T. demandada que atendieron a la trabajadora
(art. 375 CPCC).
En efecto, ninguna distinción ni aclaración ha brindado el perito médico designado en la causa tendiente a ilustrar acerca del supuesto agravamiento del
daño inicial que fuera alegado por la trabajadora.
En ausencia de prueba de dicho elemento fáctico (el agravamiento del daño), entiendo que en el caso no corresponde aplicar presunción alguna en contra de
la A.R.T., pese a la ausencia de producción de medios probatorios tendientes a acreditar su eximente de responsabilidad (art. 375 CPCC).
ASI LO VOTO.
Los Sres. Jueces, Dres. Gustavo Víctor Hernández y Carolina Noale, por compartir los fundamentos votaron en idéntico sentido
En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal resolvió tener por VEREDICTO el voto de la Sra. Juez que se expidió en primer término en
todas sus partes. Con lo que finalizó el Acuerdo firmando los Sres. Jueces por ante mí doy fe.-
DRA. MARÍA. GABRIELA ALCOLUMBRE
JUEZ DEL TRABAJO
DR. GUSTAVO VÍCTOR HERNÁNDEZ
JUEZA DEL TRABAJO
DRA. CAROLINA NOALE
JUEZ DEL TRABAJO
Ante mí
DRA. MARIA FLORENCIA BLANCO KHÜNE
SECRETARIA
En la Ciudad de Morón, a los 19 días del mes de Febrero de 2020 reunidos los Señores Jueces, integrantes del Tribunal del Trabajo N° 4 de Morón, para dictar
SENTENCIA en los autos caratulados:OVIEDO SILGUERO ALBA RAMONA C/ OMINT ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO – ACCION ESPECIAL Exp. nro.:
MO-31885-2017, que tramitaron por ante estos Estrados, con los siguientes:
ANTECEDENTES:
A fs. 10 se presenta la Sra. Alba Ramona Oviedo Silguero por su propio derecho con el patrocinio letrado de la Dra. Sabrina Centanni e incoa demanda por
accidente de trabajo contra Omint A.R.T. S.A. persiguiendo el cobro de las prestaciones dinerarias previstas por la Ley 24.557 y 26.773. Relata que su
mandante ingresó a prestar servicios a las órdenes de la empresa INC S.A. dedicada a la explotación de supermercados, en la que dice trabajar como cajera
B desde marzo de 2010. Sostiene que el 27/11/16 sufrió un accidente en el lugar de trabajo al lesionarse el pulgar de su mano izquierda. Dice padecer además
de daño físico daño psíquico pero que la ART demandada no le reconoció incapacidad alguna. Reclama prestaciones dinerarias con fundamento en el
régimen establecido por la LRT y complementarias; pero asimismo imputa responsabilidad a la A.R.T. en los términos del art. 1724 del CCyC reprochándole
el obrar negligente de los prestadores de salud. Plantea la inconstitucionalidad de los arts. 6, 8, 12, 21, 22 y 46, 49 y 50 de la ley 24.557, así como del art. 4
y 17 inc. 2 y 3 de la ley 26.773. Practica liquidación, funda en derecho, ofrece prueba, formula reserva de caso federal, solicita se homologue el pacto de cuota
litis denunciado y que se haga lugar a la demanda con costas.
A fs. 54 se presenta la Dra. Laura Beatriz Ito en representación de Omint S.A. a contestar demanda. Reconoce que con motivo del contrato de afiliación
suscripto, su parte cubrió las consecuencias del accidente de trabajo sufrido por el aquí accionante, otorgándole prestaciones en especie, pero aduce que no
cubrió finalmente las prestaciones dinerarias por haberle otorgado el alta sin incapacidad.Funda en derecho, impugna liquidación, ofrece prueba, formula
reserva de caso federal y solicita se rechace la acción con costas.
A fs. 87 se abren a prueba las actuaciones proveyéndose los medios probatorios ofrecidos por las partes; celebrándose a fs. 194 la audiencia de vista de la causa,
pasándose a resolver en definitiva.
Habiéndose pronunciado a continuación el correspondiente Veredicto, se encuentran estos obrados en estado de dictar SENTENCIA, resolviendo los Sres.
Jueces plantear y votar por separado, guardando el mismo orden que para el Veredicto, las siguientes
CUESTIONES
PRIMERA CUESTION: ¿Es procedente la demanda?
SEGUNDA CUESTION: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION: La Dra. María Gabriela Alcolumbre dijo:
I – Atendiendo a que la sustanciación del presente proceso se ha llevado a cabo
dentro de la órbita de conocimiento de este Tribunal de Trabajo, sin que la parte
demandada cuestionara oportunamente la asunción de competencia material por
parte del mismo, deviene abstracto abocarse en este estadio al planteo de
inconstitucionalidad articulado por el accionante contra los arts. 8, 21, 22 y 46
de la ley 24.557.
II – En mérito al resultado del acuerdo al que se arribara en el veredicto, y
habiéndose acreditado en autos que lA accionante padece afectación de la
funcionalidad matacarpofalángica en mano izquierda así como Reacción
Vivencial Anormal Neurótica de Grado II, todo ello a consecuencia de un
accidente de trabajo que se halla reconocido por la demandada, y que lo
incapacita en el 14,68 % de la T.O., corresponde en este estadio pronunciarse
acerca de la viabilidad del reclamo formulado.
Entiendo que el mismo ha de prosperar toda vez que la demandada no cumplió
con la obligación de otorgar prestaciones dinerarias a la trabajadora portadora
de incapacidad laboral derivada de un accidente de trabajo padecido en ocasión
de la prestación de servicios, ello de conformidad con lo normado por el art.6, 8
y 14 de la Ley de Riesgos de Trabajo.
A los fines de determinar en este estadio a cuánto asciende el monto de la
prestación dineraria por incapacidad parcial permanente adeudada, corresponde
aplicar la fórmula de cálculo contenida en el art. 14 apartado 2. a) de la ley
24.557 , que prevé la indemnización de pago único a la que tiene derecho la
aquí actora la cual ha de ascender a la suma de $ 461.708,01.- (53 X 22.824,02
X 65/25 X 14,68 %).
El monto indemnizatorio que antecede supera el piso mínimo establecido por la
ley 26.773 y la Res. S.S.S. N° 387/2016, el cual equivalía en el caso de marras
a la suma de $160.150,72.-, cantidad que resulta de multiplicar $ 1.090.945.-
por el por centaje de incapacidad del trabajador (13,6 %); consecuentemente,
habré de proponer se haga lugar al reclamo por la suma fijada en resguardo del
damnificado que asciende a PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL
SETECIENTOS OCHO CON UN CENTAVO ($ 461.708,01.-).
II – Habiendo sufrido el daño mientras se encontrara a disposición del
empleador, la actora en calidad de damnificada será acreedora junto a la
indemnización dineraria determinada en el párrafo anterior, de una
indemnización adicional de pago único que el art. 3° de la ley 26.773 establece
en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas ya
aplicadas en el presente; reparación pecuniaria que consiste en el veinte por
ciento (20%) de la prestación dineraria de pago único determinada por el art.
14 ap. 2 a) de la ley 24.557, ascendiendo en el caso a la suma de PESOS
NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON SESENTA
CENTAVOS ($ 92.341,60.-).
En consecuencia, corresponderá declarar responsable a OMINT A.R.T. S.A. en
los términos de la ley 24.557 y art.3 de la ley 26.773 y diferir a condena la suma
total de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE
CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 554.049,61.-).
III – El reclamo de daños fundado en lo normado por el art. 1724 del CCyC no
habrá de prosperar toda vez que no ha quedado probado en la causa el
agravamiento del daño inicial en relación causal con las prácticas médicas
desplegadas por los efectores de salud dependientes de la A.R.T. demandada
(Art. 726 CCyC, Art. 42 C.N., Art. 1092 y conc. CCyC y ley 24.240 – t.o. ley
26.361-).
IV – INTERESES: En vista de la doctrina legal recaída en autos “Ubertalli
Carbonino, Silvia C/Municipalidad de Esteban Echeverria S/Demanda
Contencioso administrativa” el 18/5/16 (SCBA, B. 62488) la cual he de acatar,
he de propiciar que el capital de condena devengue intereses desde la fecha de
consolidación del daño y hasta el efectivo pago, a la tasa pasiva más alta fijada
por el Banco de la Prov. de Bs. As. para la captación de depósitos a plazo fijo a
30 días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las
condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts.
622 y 623 C.C. y 7, 768 inc. “c” y 770 del C.C.yC.; 7° y 10 ley 23.928.)
V – PACTO DE CUOTA LITIS: La solicitud de homologación del pacto de cuota
litis que fuera denunciado en la demanda conjuntamente con un planteo de
inconsitutcionalidad de la norma aplicable, no habrá de prosperar en mi opinión,
toda vez que entiendo que la prohibición contenida en el art. 17 inc.3° de la ley
26.773 de suscribir tales pactos entre profesionales abogados y trabajadores
está dirigida a aquéllos que resultaren acreedores a prestaciones dinerarias o en
especie de las previstas por la ley 24.557.
En efecto, la norma alberga una tutela que beneficia al trabajador colocándolo
por encima de otros acreedores cuyos créditos – aun considerados de naturaleza
alimentaria – colisionaren con los primeros, garantía ésta que reconoce
raigambre constitucional al consagrar el art. 14 bis de la C.N. que los beneficios
de la seguridad social tendrán carácter de integral e irrenunciables.
Así, la referida norma – el art. 17 inc. 3° in fine de la ley 26.773 – no hace sino
consagrar una solución más favorable al trabajador en el caso de colisionar los
intereses de éste con los de su abogado, consagrando la irrenunciabilidad de sus
derechos.
Por otro lado, dicha previsión normativa se halla en un todo conforme con la
prohibición que contempla el art. 11 apartado 1° de la Ley 24.557, que establece
la imposibilidad de renunciar, ceder o enajenar las prestaciones dinerarias de las
que gocen los trabajadores en los términos de la Ley de Riesgos del Trabajo,
prohibición que claramente abarca la imposibilidad de suscribir un pacto de cuota
litis, el cual queda subsumido dentro de dicha prohibición al resultar una
afectación del patrimonio del trabajador.
En virtud de lo hasta aquí analizado, y siendo que el presente caso se halla
alcanzado por la validez temporal de las citadas normas, habré de proponer se
desestime la homologación del pacto de cuota litis solicitada.
ASI LO VOTO.
Los Sres. Jueces Dres. GUSTAVO VÍCTOR HERNÁNDEZ y CAROLINA NOALE por
compartir los fundamentos, votaron en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION: La Sra. Juez Dra. María Gabriela Alcolumbre dijo:
En mérito al resultado de la votación que antecede, corresponde: 1) Hacer lugar
a la demanda incoada por ALBA RAMONA OVIEDO SILGUERO contra OMINT
A.R.T. S.A.y condenar a la demandada a pagar a la actora, la suma de PESOS
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE CON SESENTA Y
UN CENTAVOS ($ 554.049,61.-), en concepto de prestación dineraria por
incapacidad laboral parcial permanente fundada en el art. 14 ap. 2. a) de la ley
24.557 y art. 3° de la ley 26.773. 2) El capital de condena devengará intereses
desde la fecha de consolidación del daño y hasta el efectivo pago, a la tasa
pasiva más alta fijada por el Banco de la Prov. de Bs. As. para la captación de
depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos períodos de devengamiento,
conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en
cada caso (arts. 622 y 623 C.C. y 7, 768 inc. “c” y 770 del C.C.yC.; 7° y 10 ley
23.928). 3) El capital, intereses y costas deberán depositarse en autos dentro
de los diez días de notificada la presente bajo apercibimiento de ejecución. 4)
Imponer las costas a cargo de la demandada vencida (cfr. art. 19 del ritual). 5)
Desestimar la homologación del pacto de cuota litis (art. 17 inc. 3° ley 26.773).
6) Practíquese liquidación por Secretaría y fecho, vuelvan a los fines
arancelarios.
ASI LO VOTO.
Los Sres. Jueces Dres. GUSTAVO VÍCTOR HERNÁNDEZ y CAROLINA NOALE, por
compartir los fundamentos, votaron en idéntico sentido.
POR ELLO:
EL TRIBUNAL DE TRABAJO N* 4 DE MORON
RESUELVE
1) Hacer lugar a la demanda incoada por ALBA RAMONA OVIEDO SILGUERO
contra OMINT A.R.T. S.A. y condenar a la demandada a pagar a la actora, la
suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE
CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 554.049,61.-), en concepto de prestación
dineraria por incapacidad laboral parcial permanente fundada en el art. 14 ap.
2. a) de la ley 24.557 y art.3° de la ley 26.773.
2) El capital de condena devengará intereses desde la fecha de consolidación del
daño y hasta el efectivo pago, a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de
la Prov. de Bs. As. para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante
los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas
en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623 C.C. y 7, 768
inc. “c” y 770 del C.C.yC.; 7° y 10 ley 23.928).
3) El capital, intereses y costas deberán depositarse en autos dentro de los diez
días de notificada la presente bajo apercibimiento de ejecución.
4) Imponer las costas a cargo de la demandada vencida (cfr. art. 19 del ritual).
5) Desestimar la homologación del pacto de cuota litis (art. 17 inc. 3° ley
26.773).
6) Practíquese liquidación por Secretaría y fecho, vuelvan a los fines
arancelarios.
7) REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE y oportunamente, previa vista al Fiscal,
ARCHIVESE.
Dra. Ma. Gabriela Alcolumbre
Juez de Trabajo
Dr. Gustavo V. Hernandez
Juez del Trabajo
Dra. Carolina Noale
Juez del Trabajo
Ante mí:
Dra.María Florencia Blanco Khüne
Secretaria

Fuente: https://www.diariojudicial.com/

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