Deuda: los abogados de los acreedores minoristas del Gobierno ya se preparan para ir a juicio en el exterior

Deuda: los abogados de los acreedores minoristas del Gobierno ya se preparan para ir a juicio en el exterior
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Pablo Giancaterino dijo a Infobae que la propuesta del ministro Martín Guzmán es una “invitación” a litigar y que el país entrará, una vez más, en una cesación de pagos

Mientras algunos abogados en el exterior esperan para saber si los grandes inversores llegarán a un acuerdo con el Gobierno por la deuda, sus pares que representan a los minoristas ya se preparan para los juicios que se vienen.

Los acreedores tienen intereses diversos, de acuerdo al tamaño de sus tenencias y a su perfil. Y esas diferencias se reflejarán en la postura que adopten frente a la oferta del Gobierno.

Algunos inversores minoristas optarán por “sacarse de encima” los bonos y aceptarán la propuesta, aunque pierdan en términos financieros, mientras que otros volverán a la carga con el tedioso camino de los juicios, como ocurrió desde el default del 2001.

El abogado Pablo Giancaterino, que representó a muchos bonistas minoristas en la presentación de “acciones de clase” en aquel período, se prepara para un nuevo round porque cree que “el Gobierno se encamina a otro default”.

Giancaterino, asociado al estudio Díaz Reus de Estados Unidos, dialogó con Infobae sobre los aspectos jurídicos de esta nueva renegociación de la deuda argentina.

- ¿Cómo observa este proceso de negociación entre el Gobierno y sus acreedores?

- Hace cuatro meses que empezamos con la central del estudio en Estados Unidos a observar qué pasaría. Y ahora creo que esta oferta del Gobierno es una invitación a que la gente haga juicio nuevamente.

- ¿Para todo tipo de inversor?

- Hay dos tipos de inversores. Aquel que puede calzar la oferta en el balance de un fondo o un banco, y los inversores minoristas, que no son pocos en un volumen de deuda de casi USD 70.000 millones. Para este segundo grupo es difícil aceptar, porque no pagarle nada durante cuatro años es imposible cuando pueden obtener una sentencia favorable en un plazo mucho menor. Y el Gobierno empezó con una convocatoria light, con un paper en el que les pidió a los acreedores que se comunicaran por mail, lo cual es insólito.
- ¿Por qué?

- El acreedor primero no se entera de nada; cuando el clearing bancario le avisa de un incumplimiento ahí toma noción del tema. Cabe aclarar que los fondos que dialogaron con el Ministerio de Economía tienen un porcentaje pequeño del total.

- ¿Con qué situación del pasado puede comparar esa negociación?

- Con los préstamos garantizados de Domingo Cavallo en noviembre del 2001. En aquel momento, había 42 mil millones de dólares en el mercado, producto de los canjes de los 90 y del megacanje de ese mismo año. Se hizo una propuesta de canje que estaba fuera de las condiciones de mercado, tal cual como está planteada ahora. En aquel momento se lograron mayorías en algunos bonos y en otros no. Entró casi el 50%, con diferencias en algunas series. Ahora lo mejor que le puede pasar al Gobierno es que tenga mayoría en algunas series, pero no lo va a lograr en todas. El Ministerio de Economía necesita que los grupos de bonistas se junten para llegar a las mayorías, pero eso no va a suceder.

- ¿Por qué motivo?

- No quiero expresar que el Gobierno está haciendo las cosas de buena o mala fe. Pero está apuntando a los acreedores a que se organicen a través de un juicio. Por eso, entiendo que toda esta discusión es más legal que financiera y que la Argentina entrará en default y se activarán los mecanismos legales para reclamar los pagos.

- ¿Cuál sería la solución?

- Que haya una mesa de negociación donde estén todas las partes representadas, no sólo los grandes bancos o fondos de inversión. Eso se puede lograr solamente a través de profesionales o de un juicio. De todos modos, es importante destacar que, a diferencia del 2005, la Argentina plantea buena fe. Pero eso no significa negociación para el Gobierno, sino someter a los acreedores a un multiple choice entre los nuevos bonos que lanzó en la oferta.

- ¿Qué aceptación puede lograr el Gobierno?

- Puede conseguir un 50% de aceptación como máximo, por lo que quedarían afuera casi USD 35.000 millones. La duda es si el Gobierno está conforme con esa proyección y quiere dejar el problema para después de 2023 o lo quiere solucionar ahora.

- ¿No cree que la oferta tiene algunos impedimentos para ganar los juicios?

- Claramente la mayoría de los bonos del 2005 tiene habilitada la vía del juicio y está en duda si todo lo que ya sucedió ya no es una declaración de default. No es una cuestión del prospecto financiero. Si la Argentina le dijera a los bonistas que no les paga por un tiempo peros se pueden quedar con su bono original, podrían pensarlo, porque en el futuro lo podrían ejecutar. Pero aceptar una mala oferta y desprenderse de ese título viejo no les sirve. Por eso creo que esta es una invitación a hacer juicios. Además, las cláusulas restrictivas en el pasado no impidieron ni hacer ni ganar los juicios: mientras acá se discutían algunos términos teóricos, en el exterior las sentencias salían en favor de los bonistas. Una vez que hay un default, la ejecución del contrato es fácil.

- ¿Qué podría hacer el Gobierno?

- Está aprovechando su tiempo y está en su derecho, los empuja a los acreedores a que se organicen y utilizará el tiempo de no pago para destinar este dinero a otros objetivos.

- ¿Cuánto tiempo les llevará organizar las acciones de clase?

- En 2005 nos costó bastante, porque había que ir a ver a cada uno de los bonistas y comunicarse por correo electrónico. Todo demandaba mucho tiempo. Pero después de 2008 todo se digitalizó y se acortaron mucho los plazos. La idea es que nadie tenga que depender de ningún fondo o de un intermediario. En cuestión de meses esas mayorías pueden votar y sentarse en una mesa de negociación.

- ¿Cree que el Gobierno puede repetir el error de sancionar una ley cerrojo, como la que generó muchas sentencias en contra del país?

- No creo que los fallos hayan venido a partir de esta ley, sino del incumplimiento de los contratos. En 2016 no había ley cerrojo, pero en los hechos el Gobierno no podía negociar nada mejor. Y Guzmán también tiene su propio cerrojo, en base a los principios de sustentabilidad que fijó en su oferta. Pero eso no les importa a los acreedores. Si al acreedor extranjero le decís que va a dialogar, para él significa negociar. No entienden otra cosa. Y, además, no hay números para justificar cuál es la falta de sustentabilidad. Que lo diga el FMI tampoco es muy trascendente, porque solo quiere cobrar su propia deuda. En definitiva, si la Argentina mantiene la estrategia actual, va a perder los juicios, pero tal vez gane tiempo.

Fuente: https://www.infobae.com/

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