Sin doble indemnización para los estatales: ¿es legal diferenciar a empleados públicos de privados?

Sin doble indemnización para los estatales: ¿es legal diferenciar a empleados públicos de privados?
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El Poder Ejecutivo excluyó al sector público de la emergencia ocupacional y ahora se abre un abanico de posibilidades que terminarán en la Justicia

Apenas se conoció el decreto del Gobierno que excluyó a los empleados estatales nacionales del beneficio de la doble indemnización por despido -que se había impuesto para atender la "emergencia ocupacional"-, comenzaron a surgir algunas preguntas entre los posibles damnificados. Entre ellas, la principal: ¿es legal que la doble indemnización rija solo para los empleados  del sector privado?

Es que el decreto 156/2020 estableció que las disposiciones del Decreto 34/2019, firmado por el presidente Alberto Fernández y que dictó la citada emergencia por un plazo de 180 días, no resultan aplicables en el ámbito del sector público nacional.

De esta manera, quedan fuera de la doble indemnización los dependientes que se desempeñan en:


a) La Administración Nacional (Poder Ejecutivo y organismos descentralizados).

b) Empresas y Sociedades donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

c) Entes públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional.

d) Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional.

Hay que tener en cuenta que la diferencia surge del el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que le acuerda "estabilidad" al trabajador estatal, mientras que al que se desempeña en el privado le otorga "protección contra el despido arbitrario".

Por lo que los primeros deben pasar por un procedimiento especial para ser despedidos, mientras que en el segundo solo basta la decisión del empleador de desvincularlo sin causa, con el consecuente pago de la indemnización.

Además, se rigen por dos tipos distintos de leyes. Mientras que los dependientes de las empresas se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo, los que trabajan para el Estado nacional y sus dependencias lo hacen en base a la ley 25.164.

Además, la Corte Suprema de Justicia en el caso "Chedid" explicó que "el empleo público guarda diferencias fundamentales con el contrato de trabajo, que justifican en principio la adopción de regímenes jurídicos distintos entre ellos. Se destaca la estabilidad consagrada a favor del primero por el art. 14 bis de nuestro texto constitucional".

Hay que subrayar que en el decreto publicado el lunes en el Boletín Oficial no se incluye a los empleados de la administración pública provincial ni municipal, por lo que estos sí podrían cobrar la doble indemnización.

¿Decreto interpretativo?

El abogado Pedro Caminos explicó que "el Presidente dictó el DNU 156/2020 al que consideró como una norma "interpretativa" del DNU 34/2019" y que hay varios puntos que dan para la discusión. Uno de ellos es la posible violación del principio de igualdad basado en el artículo 16 de la Constitución nacional.

Otro de los temas, para el experto, es saber si no había otra redacción posible de la norma para alcanzar la doble finalidad de proteger a sectores vulnerables y evitar pagarles doble indemnización a funcionarios políticos.

Además, remarca que hay que analizar si el DNU 156 puede ser calificado como "interpretativo".

"La existencia de leyes interpretativas fue aceptada por la Corte. El punto es no confundir una ley interpretativa con una modificación", enfatiza Caminos.

Si lo que hay es una modificación, calificarla como "ley interpretativa" tiene el efecto de que la nueva norma se considerará vigente desde que entró en vigencia la "ley interpretada" (en este caso, el decreto 34/2019).

"Por lo que, si se trata de una modificación, y no de una mera 'interpretación', estaríamos frente a una aplicación retroactiva de la nueva norma. De ese modo, el derecho a cobrar la indemnización por despido nace en el momento en que se perfecciona el acto (despido)", señala el experto.

"Por ello, la legislación aplicable al cálculo de la indemnización es, en principio, la que estaba vigente en el momento en que se perfeccionó el despido. El trabajador tiene un derecho adquirido a ello. Entonces, si el Decreto 156 no es "interpretativo", su efecto regirá al futuro", remarcó Caminos.


"En el presente caso, considero que hay buenas razones para pensar que el Decreto 156 no puede ser calificado como una norma interpretativa del Decreto 34/2019. La razón de ello es que el decreto que dispuso la doble indemnización fue redactado de un modo bastante claro", dijo el especialista.

Otro de los temas, para el experto, es saber si no había otra redacción posible de la norma para alcanzar la doble finalidad de proteger a sectores vulnerables y evitar pagarles doble indemnización a funcionarios políticos.

Además, remarca que hay que analizar si el DNU 156 puede ser calificado como "interpretativo".

"La existencia de leyes interpretativas fue aceptada por la Corte. El punto es no confundir una ley interpretativa con una modificación", enfatiza Caminos.

Si lo que hay es una modificación, calificarla como "ley interpretativa" tiene el efecto de que la nueva norma se considerará vigente desde que entró en vigencia la "ley interpretada" (en este caso, el decreto 34/2019).

"Por lo que, si se trata de una modificación, y no de una mera 'interpretación', estaríamos frente a una aplicación retroactiva de la nueva norma. De ese modo, el derecho a cobrar la indemnización por despido nace en el momento en que se perfecciona el acto (despido)", señala el experto.

"Por ello, la legislación aplicable al cálculo de la indemnización es, en principio, la que estaba vigente en el momento en que se perfeccionó el despido. El trabajador tiene un derecho adquirido a ello. Entonces, si el Decreto 156 no es "interpretativo", su efecto regirá al futuro", remarcó Caminos.


"En el presente caso, considero que hay buenas razones para pensar que el Decreto 156 no puede ser calificado como una norma interpretativa del Decreto 34/2019. La razón de ello es que el decreto que dispuso la doble indemnización fue redactado de un modo bastante claro", dijo el especialista.

Fuente: https://www.iprofesional.com/

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