Cruce entre la Defensa Pública y el Ministerio de Seguridad de Santa Fe

Cruce entre la Defensa Pública y el Ministerio de Seguridad de Santa Fe
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La Defensoría pide trasladar a detenidos a cárceles cercanas de sus familiares. Se rechazó porque representa "un paso atrás".

La polémica se instaló ayer en Santa Fe entre la Defensa Pública y el Ministerio de Seguridad por el traslado de detenidos: Jaquelina Balangione presentó un habeas corpus para preservar los vínculos familiares de personas privadas de la libertad, que deberían ser llevadas a cárceles cercanas. La medida fue rechazada por el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) porque implicaría el traslado de 800 internos del penal de Coronda a Rosario para que puedan estar cerca de sus familias. El pedido representa "un paso atrás" en la política penal.

 
 

En su momento, la Defensora Provincial Balangione y el Defensor Regional de Santa Fe, Jorge Leandro Miró, presentaron una denuncia de habeas corpus colectivo y correctivo en favor de las personas privadas de su libertad que se encuentran alojadas en unidades penitenciarias muy distantes de sus familiares, por constituir un agravamiento ilegítimo en las formas y condiciones de detención. El argumento es atendible:"La situación actual desconoce la dignidad de toda persona privada de su libertad, impide cumplir con la finalidad resocializadora de la pena, resulta violatoria del principio de intrascendencia de la pena e importa una verdadera discriminación y un serio agravamiento de las condiciones de detención".

En la presentación se deja claro que "ello encuentra sólido respaldo jurídico en las normas previstas tanto en Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, en la Constitución Nacional y en la Ley de Ejecución Penal, como así también en Recomendaciones de Organismos Internacionales y Reglas y Principios sobre personas privadas de su libertad. Entre los antecedentes se cita el decreto que consagra el derecho al contacto familiar, refiere a supuestos en que el lugar de alojamiento no coincide con la residencia familiar, admitiendo la posibilidad de traslados. De acuerdo a los relevamientos realizados por el Servicio de Defensa Penal, se comprobó la falta de este tipo de medidas ya que la capacidad de las unidades penitenciarias se encuentran saturadas.

Las defensorías solicitaron a la Justicia que habilite una instancia de diálogo con autoridades del Servicio Penitenciario y con funcionarios del Ministerio de Obras Públicas a efectos de arribar a una solución permanente al problema denunciado, previéndose además medidas transitorias que aseguren el vínculo familiar. Rescatan que "la experiencia diaria refleja el sacrificio y los recursos que los familiares deben destinar para afrontar los gastos de traslados y por ende, generar y/o sostener el vínculo ante la falta de contacto familiar, afectándose otras garantias como el interés superior del niño para el caso de hijas e hijos menores de edad y otras situaciones que hacen trascender la pena del imputado a terceras personas".

A pesar de la claridad del planteo, que incluye -como se explicó- una instancia de diálogo para lograr el respeto de los derechos de los detenidos, desde el Servicio Penitenciario Provincial se rechazó el pedido.

"No estamos de acuerdo, es un pedido por parte de la defensa que afecta gravemente la seguridad, no sólo la seguridad interna de los penales sino a la seguridad de los santafesinos en general, ya que implica trasladar un mínimo de 800 personas de Coronda a Rosario, es decir la mitad de los internos del penal, lo cual podría generar mayores conflictos", sostuvo la directora de Relaciones Institucionales de SPP, Lucía Masneri.

La funcionaria sostuvo que el argumento que esgrime el hábeas corpus es "principalmente el de los vínculos familiares, que nosotros hemos contestado al juez que de ninguna manera se ven afectados". Además, precisó que "sólo el Módulo Sur, en los últimos 60 días recibió 5 mil visitas, lo cual es evidente que esos lazos familiares se sostienen a la perfeccción. Los mismos están garatizados a través de comunicaciones telefónica y escritas".

Masneri consideró que la medida solicitada "es un paso atrás respecto a todos los avances que hace el Ministerio de Seguridad en toda la política penal, con crecimiento carcelario a razón de mil presos por año".

 

 

"Tanto la Unidad 1 de Coronda como la Unidad 11 de Piñero son las de máxima seguridad de la provincia, con lo cual están los presos más peligrosos. No es casualidad que la unidad de Coronda es la única que tiene muros de contención, preparada para ser de máxima seguridad", concluyó.

La polémica se instaló ayer en Santa Fe entre la Defensa Pública y el Ministerio de Seguridad por el traslado de detenidos: Jaquelina Balangione presentó un habeas corpus para preservar los vínculos familiares de personas privadas de la libertad, que deberían ser llevadas a cárceles cercanas. La medida fue rechazada por el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) porque implicaría el traslado de 800 internos del penal de Coronda a Rosario para que puedan estar cerca de sus familias. El pedido representa "un paso atrás" en la política penal.

En su momento, la Defensora Provincial Balangione y el Defensor Regional de Santa Fe, Jorge Leandro Miró, presentaron una denuncia de habeas corpus colectivo y correctivo en favor de las personas privadas de su libertad que se encuentran alojadas en unidades penitenciarias muy distantes de sus familiares, por constituir un agravamiento ilegítimo en las formas y condiciones de detención. El argumento es atendible:"La situación actual desconoce la dignidad de toda persona privada de su libertad, impide cumplir con la finalidad resocializadora de la pena, resulta violatoria del principio de intrascendencia de la pena e importa una verdadera discriminación y un serio agravamiento de las condiciones de detención".

En la presentación se deja claro que "ello encuentra sólido respaldo jurídico en las normas previstas tanto en Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, en la Constitución Nacional y en la Ley de Ejecución Penal, como así también en Recomendaciones de Organismos Internacionales y Reglas y Principios sobre personas privadas de su libertad. Entre los antecedentes se cita el decreto que consagra el derecho al contacto familiar, refiere a supuestos en que el lugar de alojamiento no coincide con la residencia familiar, admitiendo la posibilidad de traslados. De acuerdo a los relevamientos realizados por el Servicio de Defensa Penal, se comprobó la falta de este tipo de medidas ya que la capacidad de las unidades penitenciarias se encuentran saturadas.

Las defensorías solicitaron a la Justicia que habilite una instancia de diálogo con autoridades del Servicio Penitenciario y con funcionarios del Ministerio de Obras Públicas a efectos de arribar a una solución permanente al problema denunciado, previéndose además medidas transitorias que aseguren el vínculo familiar. Rescatan que "la experiencia diaria refleja el sacrificio y los recursos que los familiares deben destinar para afrontar los gastos de traslados y por ende, generar y/o sostener el vínculo ante la falta de contacto familiar, afectándose otras garantias como el interés superior del niño para el caso de hijas e hijos menores de edad y otras situaciones que hacen trascender la pena del imputado a terceras personas".

A pesar de la claridad del planteo, que incluye -como se explicó- una instancia de diálogo para lograr el respeto de los derechos de los detenidos, desde el Servicio Penitenciario Provincial se rechazó el pedido.

"No estamos de acuerdo, es un pedido por parte de la defensa que afecta gravemente la seguridad, no sólo la seguridad interna de los penales sino a la seguridad de los santafesinos en general, ya que implica trasladar un mínimo de 800 personas de Coronda a Rosario, es decir la mitad de los internos del penal, lo cual podría generar mayores conflictos", sostuvo la directora de Relaciones Institucionales de SPP, Lucía Masneri.

La funcionaria sostuvo que el argumento que esgrime el hábeas corpus es "principalmente el de los vínculos familiares, que nosotros hemos contestado al juez que de ninguna manera se ven afectados". Además, precisó que "sólo el Módulo Sur, en los últimos 60 días recibió 5 mil visitas, lo cual es evidente que esos lazos familiares se sostienen a la perfeccción. Los mismos están garatizados a través de comunicaciones telefónica y escritas".

Masneri consideró que la medida solicitada "es un paso atrás respecto a todos los avances que hace el Ministerio de Seguridad en toda la política penal, con crecimiento carcelario a razón de mil presos por año".

"Tanto la Unidad 1 de Coronda como la Unidad 11 de Piñero son las de máxima seguridad de la provincia, con lo cual están los presos más peligrosos. No es casualidad que la unidad de Coronda es la única que tiene muros de contención, preparada para ser de máxima seguridad", concluyó.

 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/

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