Si bien ponderó el hecho de que el proyecto que envió el gobierno nacional al Congreso es muy completo y, en líneas generales, es “superador” respecto al actual decreto ley de la dictadura, que impone los 16 años como la edad mínima para que un adolescente sea responsable penalmente, la jueza de Menores —Natalia Giunta— opinó que “bajar la edad de imputabilidad es inconstitucional”. Asimismo, apoyó su afirmación de que “una nueva ley no puede regresar a un estándar inferior al del decreto que está en vigencia. Por lo tanto, bajar la edad de punibilidad implica un retroceso al acceso del derecho. Además, nuestra ley actual de minoridad (22.278), que ya cumplió 39 años, no está adecuada a los tiempos que corren”.
Luego de leer y analizar el anteproyecto de ley —que tiene 100 artículos y está dividido en 16 capítulos— Giunta dijo que “el texto es superador respecto al anterior, que tiene apenas 16 artículos. Y en su articulado se nota un tinte similar al de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. A tal punto que en el último capítulo modifica otras dos leyes (la 20.056 y parte de la 26.061) e incorpora un elemento nuevo, como es el seguimiento”.
Según Giunta, en esos artículos “se equipara, en parte, a lo que el Código Civil presenta como tutor para aquellas personas que no pueden ejercer sus derechos por sus propios medios. En este caso, propone un equipo interdisciplinario y un legajo personal. Ese equipo debe estar integrado por tres profesionales especializados en menores y establece que uno de ellos debe ser un trabajador/ra social. Asimismo dice que uno de estos tres será designado como el supervisor y es quien va a llevar adelante el legajo personal del adolescente en conflicto con la ley penal; además de ser el encargado de que ese chico cumpla con el plan consensuado entre los profesionales y el magistrado que actuó en la causa”.
El tipo de sanciones que promueve el proyecto también le parecieron adecuadas: “Son educativas, disciplinarias y, en última instancia, privativas de libertad. Y de esta última, además, hay opciones: puede ser domiciliaria, monitoreada con dispositivos electrónicos; hasta la máxima que se debe realizar en un centro especializado de detención que está regulado porque tiene que estar a cargo de personal civil especializado en la materia. Y prohíbe el ingreso de las fuerzas de seguridad a este centro y, por supuesto, de cualquier tipo de armas”. Además, dijo que ese lugar debe contar con asistencia médica y garantizarles a esos chicos internados el acceso a la educación primaria, secundaria y universitaria”.
Para Giunta, “todos estos elementos me permiten decir que es notable el aggiornamento de esta futura ley a los tiempos que corren. Aunque mantengo mi opinión de que es rechazable la baja de la edad de imputabilidad porque la solución para la sociedad no es esa. Pero, más allá de esto, percibo este proyecto como superador respecto de la normativa actual”.
También señaló: “Al ser un proyecto muy ambicioso porque propone crear un fuero con personal especializado, con nuevos puestos de trabajo adecuados y una partida presupuestaria muy importante, que se le debe asignar para empezar a funcionar al año de ser sancionada. Personalmente, considero que hoy el Estado nacional no estaría económicamente preparado para ponerlo en marcha. Sí es una buena ley, pero la vamos a dejar a medias tintas, no creo que sea beneficiosa. Agregaría que sería de utópica realización”.
Si bien destacó que la comunidad jurídica en su mayoría ha mostrado su rechazo a la iniciativa, señaló que "me parece que lo hicieron sin leer todo el texto".
Una iniciativa que suma voces críticas
La Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (Ajunaf) rechazó por anticipado la iniciativa que propicia el Gobierno para modificar el sistema de responsabilidad penal juvenil, y evaluaron que esa eventual reforma "no puede reducirse solamente" a una baja de la edad de punibilidad, con el objeto de dar una "respuesta demagógica" a la "seguridad ciudadana".
"La Ajunaf se opone a la baja de la edad de punibilidad sin que previamente se introduzcan, por parte del Poder Ejecutivo, políticas públicas debidamente financiadas, destinadas a mejorar y asegurar la calidad de vida —efectividad de derechos económicos, sociales y culturales— de toda la infancia y la adolescencia", expresó la asociación en un comunicado.
También, el titular del Ministerio Público de la Defensa, Maximiliano Benítez, dio a conocer un documento del Consejo Federal de Defensores donde rechazan este nuevo proyecto de ley. Y, en idéntico sentido, se pronunció el juez Penal de Niños y Adolescentes de Paraná, Pablo Barbirotto.
Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas instó al Estado nacional para que las leyes no incluyan disposiciones que aumenten las penas o reduzcan la edad de punibilidad.
Fuente: https://www.eldiariodelarepublica.com
