La nueva grieta judicial: juicio por jurados

La nueva grieta judicial: juicio por jurados
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Luego de que un tribunal popular absolviera al carnicero, estalló la polémica. Una parte de la comunidad judicial critica al sistema y otra, lo defiende.

Luego del fallo absolutorio al carnicero Daniel Oyarzún -que persiguió y mató a un delincuente- los promotores del sistema de juicio por jurados, que se aplicó en este polémico caso, sintieron que habían ganado la batalla. El jurado popular integrado por 12 personas entendió que Oyarzún había actuado en legítima defensa y decidió no condenarlo.

El fallo abrió, sin embargo, un nuevo debate: el de la probidad de la gente común para evaluar con imparcialidad los elementos de un juicio. Una parte de la comunidad de juristas asume con preocupación los efectos negativos de “democratizar la justicia” y alerta sobre la indefensión de las víctimas a la hora de recurrir un fallo. NOTICIAS consultó a especialistas, jueces y abogados, que coinciden en que la falta de preparación técnica de los jurados, la tendenciosidad preexistente, e incluso la manipulación mediática, ponen en riesgo el proceso judicial y el derecho a una sentencia justa.

“Nada es menos parecido a un sistema democrático que someter a la víctima o al imputado al veredicto de un juicio por jurados. Por el contrario, se parece mucho más a una dictadura porque quienes deciden sobre la vida o la libertad de alguien, no necesitan argumentar por qué lo hacen”, explica el juez Carlos Pagliere del Tribunal Oral en lo Criminal Nº2 de Azul, el primero en declarar la inconstitucionalidad de los Juicios por Jurados. Pagliere cree que “es “inadmisible la potestad de gente no capacitada, no preparada, y mínimamente evaluada después de un sorteo” para decidir de modo inapelable en una causa. “Estoy totalmente en contra por más antipático que suene. La carga pública no dota a la persona de un saber específico en la materia, y es prácticamente imposible que no se cometan arbitrariedades”. Sobre su experiencia personal agrega: “He presidido muchos juicios en los que se ha deliberado injustamente y la única alternativa para recurrir los fallos es que se basen en elementos ‘manifiestamente absurdos’. De otra manera es imposible corregir esa situación por la ausencia total de fundamentos”.

El 13 de septiembre de 2016, el carnicero Oyarzún persiguió y atropelló con su auto a dos delincuentes que previamente entraron a su carnicería para robarle 5.000 pesos. Uno de ellos, Brian González (24), murió tras el impacto al chocar la moto en la que huía -quedó aprisionado entre el auto y un poste de luz- y su compañero Marcos Alteño (24), fue condenado a seis años de prisión por el asalto.

“El fallo me parece espantoso”, dice Carlos Elbert, ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones de Capital Federal. “Yo prefiero que me juzgue Bonadio a estar en manos de una persona que salió adjudicada por sorteo del padrón electoral”, manifiesta en categórica oposición a la implementación de este mecanismo. “Este es el primer indicio grave de manipulación del sistema de justicia y viene a colaborar con su ya probado estado catastrófico”.

Para Elbert, “en el caso del carnicero ha influido muchísimo la cuestión mediática”. Sostiene que “los medios televisivos ya desde el primer zócalo en pantalla, condenan o absuelven al imputado según su real conveniencia, o en el mejor de los casos creyendo que interpretan el clamor popular”.

Con consideraciones menos drásticas, pero igualmente preocupada por los posibles alcances de esta alternativa, la Doctora en Filosofía y presidente de la Asociación Civil Usina de Justicia, Diana Cohen Agrest, sostiene que “los medios y los valores de una sociedad en un momento dado se retroalimentan y, si bien tienen incidencia en la comunidad, son reflejo de la cultura por la que están atravesados”.

Cohen Agrest suma una crítica a la actitud de los jueces: “Estamos pagando a quienes ni siquiera pagan ganancias para que deleguen su tarea en ciudadanos de a pie”. Y explica: “Pongamos por caso un delito de narcotráfico. Invariablemente los jurados temerán fallar en contra del imputado, y los jueces, al no ser autores de la decisión, se eximirán de toda responsabilidad”. En el mismo sentido, el ex camarista Elbert confiesa: “Es un especie de: ¡Ya fue de los jueces! ¡Si no tienen confianza en nosotros, que se juzguen entre ellos!”
En la vereda de enfrente, Andrés Harfuch, defensor general del Departamento Judicial de San Martin, y vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por jurados (AAJJ), sostiene: “El juicio por jurados es un juicio infinitamente superior al juicio técnico.

Tiene muchísima mayor transparencia porque la decisión esta dividida entre la autorización del jurado a castigar al imputado y la imposición de la pena por parte del juez. Por esa razón la sociedad confía mucha mas en sus veredictos que en los de los jueces clásicos, que están siempre vistos como funcionarios que responden al estado”. En defensa del sistema y sobre las declaraciones de sus detractores dice que “utilizan argumentos absolutamente efectistas “ y que “responden a sectores que no se adaptan al cambio. “No son la mayoría, pero queda un pequeño reducto elitista, petulante y conservador, fuertemente ideologizado, que se piensa como el único capaz de administrar un sistema con sentido común y eficiencia. Por lo tanto los ciudadanos son personas toscas, primitivas e influidas por los medios de comunicación”. “La gente no tolera mas fallos que no entiende”, sentencia.

La ley provincial de Juicio por jurados establece la participación ciudadana sólo en casos de delitos graves, con penas mayores a 15 años de prisión, y asigna la carga pública a todo ciudadano habilitado para votar, que resulte elegido en un grupo inicial de 36 mediante sorteo de la Lotería Nacional. Luego, las partes intervinientes ejercen su poder de veto hasta elegir al grupo definitivo de 12 jueces. Fue impulsada por el Legislativo, en 2015, en cumplimiento del mandato constitucional y para fortalecer la calidad institucional. Hasta la fecha, su instrumentación se da en la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa fe, aunque es un proyecto del Ejecutivo hacerlo extensivo a nivel nacional.

Las estadísticas presentadas por la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense indican que, en los juicios por jurados, hay menos condenas que en el sistema tradicional. Entre 2015 y 2017, solo el 55% de los casos obtuvo un fallo de culpabilidad del imputado, mientras que ese índice es cercano al 70% en un tribunal clásico. “La gente tiene la falsa idea, de que este es un modo más efectivo de obtener condenas ‘para un chorro’, por ejemplo. Pero es al revés. Los jueces populares, en la mayoría de los casos, tienen la sensación de no estar a la altura de las circunstancias y son timoratos a la hora de decidir”, dice Pagliere, que además es autor del libro “Cómo ganar un Juicio por Jurados” (Ed. La roca).

En línea con Harfush, las politólogas Aldano Romano y Sidonie Portiere, autoras del informe “El poder del Jurado “realizado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), exponen los resultados del proyecto “Juicio por Jurados y democratización de la justicia en la Provincia de Buenos Aires” durante los primeros tres años de su implementación. Desde 2015 se realizaron 173 Juicios por Jurados: 38 el primer año, 58 en 2016, y 77 el año pasado. Los 107 operadores judiciales encuestados que participaron en un total de 53 juicios, reconocen que “si bien se ha producido una mutación significativa en el rol del juez, éste no queda vacio sino que lo transforma (…) Para los jueces, fiscales y defensores, los prejuicios y preocupaciones no desaparecieron sino que entraron en crisis ante un sujeto capaz, responsable y comprometido que puede tomar una decisión con criterio”, dicen la autoras de la investigación, y destacan el éxito de la experiencia bonaerense por la complejidad de su instrumentación. Según el informe, el 35% de los operadores judiciales consultados admitió estar en disidencia con el veredicto del jurado, pero solo una minoría lo considero “arbitrario o descabellado”.

Para el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Santiago Cantón, es peligroso utilizar esta herramienta cuando se debate el derecho a la vida: “Nunca estuve de acuerdo con el juicio por jurados”, explicó en Radio con Vos. “El gran avance del derecho en la historia fue pasar de la justicia vengativa a una punitiva. Cuando se está más cerca de lo vengativo y lo emocional, perdemos todos”.

Fuente: http://noticias.perfil.com/

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