La obsesión del Gobierno: reducir la litigiosidad laboral

La obsesión del Gobierno: reducir la litigiosidad laboral
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Las autoridades avanzan en conversaciones con la gestión entrante que asumirá Carlos Rosenkrantz para neutralizar el impacto de una avalancha de casi 380.000 juicios pendientes que preocupan a las ART.

Cambio de escenario: de la guerra de trincheras a la lucha de posiciones. Ese es la estrategia que aceleró el Gobierno luego del cambio de autoridades en la Corte, en su afán de alinear al Poder Judicial detrás de su objetivo de reducir la litigiosidad laboral. En lugar del enfrentamiento abierto que encabezó Elisa Carrió contra Ricardo Lorenzetti, ahora las autoridades avanzan en conversaciones con la gestión entrante que asumirá Carlos Rosenkrantz para neutralizar el impacto de una avalancha de casi 380.000 juicios pendientes que preocupan a las ART. El otro tema clave es reforzar la nueva Ley de Riesgos de Trabajo ante la resistencia de los jueces que la declaran inconstitucional y de algunas provincias que aún evitan reglamentarla.

Pese a que 14 provincias ya adhirieron a la normativa y se redujo el volumen de nuevos juicios desde su aprobación en febrero del 2017, el Gobierno reconoce que todavía hay una importante cantidad de casos sin resolver ya sea porque son previos a los últimos cambios o bien porque los trabajadores deciden finalmente apelar ante la Justicia tras su paso insatisfactorio por las comisiones médicas. En esos casos, cada perito -aseguran los funcionarios- utiliza un baremo o listado propio para definir el porcentaje de daño del siniestro o la enfermedad laboral, lo que a su vez incide en el monto dinerario del resarcimiento, y cuestionan que los honorarios de los especialistas estén atados al grado de incapacidad. La idea es que la Corte proponga “criterios unificados” a los fueros laborales nacional y provinciales.

Por ello, una de las principales iniciativas oficiales es la creación de un cuerpo de peritos médicos especializados en accidentología laboral dentro del ámbito judicial, pero con financiamiento del Poder Ejecutivo. “Se empezó a hablar con los poderes judiciales para que ellos elijan peritos y el Poder Ejecutivo los va ayudar a financiarlo para que no sea un problema presupuestario. El desafío es que tengan su propio cuerpo de peritos porque cada jurisdicción utiliza su baremo independiente”, confirmó este miércoles el gerente general de la Superentencia de Riesgos de Trabajo (SRT), Guillermo Arancibia, al encabezar en la sede de dicho organismo el lanzamiento de una encuesta nacional a trabajadores sobre condiciones de empleo, trabajo, salud y seguridad, junto a José de Anchorena, director de estadísticas del Ministerio de Trabajo.

El otro punto que esperan esté al tope de la agenda cortesana es la resolución de los fallos que cuestionan a la Ley de ART y que ya empezaron a llegar al máximo Tribunal. En el grueso de los casos los jueces impugnan la competencia de las comisiones médicas, organismos formado por médicos y financiados por las ART por el que los trabajadores ahora deben pasar obligadamente antes de reclamar ante los magistrados. Se trata de un mecanismo que la propia Corte ya había declarado inconstitucional en su momento por considerar que impide el acceso a la Justicia y a una reparación integral del daño, entre otros aspectos.


Por otra parte, en el último tiempo surgieron fallos adversos de primera instancia en las provincias que acaban de adherir a la norma. Una de las cuestiones en litigio es el baremo. Como las ART apelan, el reclamo pasa a segunda instancia hasta llegar en algún momento a la Corte. En Córdoba, el convenio de adecuación firmado con Nación suscitó quejas de los abogados que denuncian una modificación de la propia ley. Ahora, con la elección de Rosenkratz al frente de la Corte y el desplazamiento de Lorenzetti, el Gobierno se esperanza con “un mensaje” hacia los jueces que zanje la grieta abierta por las presentaciones colectivas e individuales.

Gracias a las comisiones, la litigiosidad disminuirá a 90.000 juicios desde los 120.000 registrados el año pasado, lo que representa una caída del 25% en todo el 2018 según estimaciones de la SRT. Pero en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde las opiniones siguen didividas respecto a la constitucionalidad de la ley, aseguran que el menor ingreso de causas se debe en realidad a que las propias comisiones estarían demorando el proceso para apelar ante la Justicia, mientras que aquellos que aceptan los dictamentes de los médicos lo hacen en situaciones de desesperación. “No es que bajaron los ingresos, sino que el sistema administrativo está muy trabado y hay pérdida de derechos, hay que ver cuantos son los casos que se resuelven”, advirtieron desde ese tribunal.

Puja con empresas y jueces
Según la SRT, las comisiones médicas cubren hoy el 84% de los accidentes laborales en 14 provincias adheridas a la Ley de ART y prevén alcanzar una cobertura del 94% una vez que se sume Santa Fe, una de las mayores provincias en cantidad de juicios y que todavía no se adecuó por el rechazo que subsiste en el colegio de abogados provincial. En la Ciudad se registraron desde marzo del 2017 al 11 de septiembre pasado 8.728 trámites de homologación administrativos a razón de 14 por día, lo que representa la resolución de un 88% del total de reclamos presentados en las comisiones médicas, en donde los trabajadores deben renunciar a la posibilidad de obtener una reparación integral como condición para obtener la indemnización tarifada.

Pese a los cambios, la cámara que agrupa a las ART (UART) se mostró preocupada en los últimos días por la falta de reglamentación de la ley en 10 provincias y por el stock pendiente de juicios. Se trata de 378.000 reclamos que existen desde antes de la aprobación de la última reforma a la Ley de ART, según la SRT. Si bien en el organismo aseguran que ese cúmulo de demandas es una “deuda entre privados”, reconocen que el 75% no cuenta con peritos médicos especializados. En rigor, para resolver esas causas, la Justicia laboral dispone hoy de 110 jueces distribuidos en 80 juzgados de primera instancia y 25 en las 10 salas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que a su vez recurren a un listado limitado de peritos, ajenos al Poder Judicial.

La intención es reemplazar ese sistema por un nuevo cuerpo especializado en daños laborales. Con ese objetivo, la SRT abrió el año pasado un posgrado junto a la Facultad de Medicina de la UBA de evaluacion de riesgos y accidentes laborales, en el que se convocó a especialistas, funcionarios judiciales e integrantes de las comisiones médicas. La ley de 1996 definió un baremo a través del decreto 659 en función del diagnóstico del daño, pero con cierto margen de interpretación. Así, por caso, la incapacidad psicológica, puede oscilar en un rango de entre el 0 y el 10%. “Hoy hay peritos en Neuquén que te dan un 20% de incapacidad por un accidente y los damnificados se vienen a Capital porque por ese mismo accidente les reconocen el 75%”, explican en la SRT.

El proyecto oficial apunta sobre todo a la provincia de Buenos Aires, donde es más acuciante la falta de peritos por ser el distrito con mayor cantidad de litigios laborales y población empleada. En algunas jurisdicciones hay solo 2 peritos para examinar decenas de casos, que pueden llevar hasta seis años si llegan a la Corte provincial. Allí, hay otra disputa abierta: el tribunal superior bonaerense frenó la reforma del procedimiento laboral impulsada por la gobernadora María Eugenia Vidal al exigir $1.000 millones para instrumentar el reemplazo de fueros laborales por civiles, una política que también la Ciudad impulsa en su traspaso de la Justicia federal al ámbito porteño.

Mientras tanto, en los tribunales laborales ven con buenos ojos que la Justicia disponga de un cuerpo de peritos enfocado en los accidentes laborales. Pero tienen dudas respecto a su implementación. Hoy se estima que el perito representa un gasto del 6% sobre el total de la masa dineraria de los juicios. En ese sentido, los jueces creen que si el Ejecutivo busca fijar una tarifa mínima para reducir ese costo, los médicos van a rechazarla o bien los demandantes van a solicitar un perito más calificado. La otra incógnita es quién va a designar a los peritos. “Si es sin concurso es peligroso, puede haber preferencia. La opinión mayoritaria es favorable pero si es independiente, altamente profesionalizado y designado por concurso”, señaló Luis Raffaghelli, juez de la sala VI, que se pronunció contra la Ley de ART.

Fuente: https://www.iprofesional.com

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