La distribución del poder cambió en el seno del Consejo de la Magistratura

La distribución del poder cambió en el seno del Consejo de la Magistratura
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El cambio de gobierno generó una modificación en la integración del cuerpo, pero también un nuevo balance de fuerzas, en el que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para agilizar cualquier proceso, sea de aprobación o de rechazo

En tanto la oposición fue quedando cada vez más aislada y reducida, e intenta llevar a las sesiones propuestas que por la falta de apoyo no prosperan.

Por eso, también en el órgano encargado de seleccionar, controlar y sancionar a los magistrados federales y nacionales, la distribución de poder cambió y, a quienes hasta el año pasado les correspondía la frustración de la derrota, ahora les pertenece la llave para la toma de decisiones.

La nueva situación esperanza a algunos con la celeridad y agilidad de este órgano para resolver cuestiones pendientes, como cubrir cargos vacantes en el Poder Judicial, y a otros los resigna a seguir esperando nuevas elecciones, con la expectativa de que los resultados les permitan volver a modificar modificar el juego de fuerzas dentro del cuerpo.

"El Consejo está en camino de recuperar la media normal que debería tener, de acuerdo al promedio de los años anteriores. En lo que va del nuevo Consejo, se han aprobado 40 ternas, lo que supera el promedio de los cuatro años anteriores y se acerca al deseable que es 50 ternas", dijo a Télam el presidente del Consejo, Miguel Piedecasas, respecto de una de las funciones del cuerpo, que es aprobar las ternas de jueces que pasan al Ejecutivo y, luego, al Senado para su acuerdo.

Según dijo, esta situación se da gracias a que "las votaciones son holgadas" en temas fundamentales como cubrir las vacantes en el Poder Judicial, que actualmente tiene un 26 por ciento de cargos vacantes.

Sin embargo, el consejero Rodolfo Tailhade, representante del bloque de diputados del Frente para la Victoria (FpV), describió otro escenario y recordó que, "en los 18 años que tiene de funcionamiento el Consejo, apenas han salido 300 concursos".

Con ese argumento, se preguntó por qué deberían salir más ágilmente las ternas para cubrir más de 200 vacantes, "si no lo han hecho hasta ahora".

En dialogo con Télam, Tailhade atribuyó la "falta de agilidad" a la "falta de política" que, dijo, "no ha podido generar acuerdos para que finalicen los concursos".

En los últimos tres plenarios, fue visible que la llegada del diputado Tailhade en reemplazo del diputado Héctor Recalde, también del FpV, le puso más picante a las sesiones de este órgano constitucional multisectorial, merced a sus frecuentes intervenciones, pedidos y posiciones, que siempre generan polémica.

En el último plenario, del 11 de agosto pasado, Tailhade pidió que se votara un pedido de sumario administrativo al ex consejero y ex senador radical Ernesto Sanz, por haber sido señalado por el narcotraficante Ibar Pérez Corradi, detenido en la cárcel de Ezeiza por el Triple Crimen de General Rodríguez, por haber "ayudado" presuntamente en el Consejo a que se aprobara el juicio político por mal desempeño al juez federal de Zárate-Campana Federico Faggionato Márquez, sobre el que pesaban 28 denuncias.

El planteo fue rechazado de plano y la votación ni siquiera tuvo lugar, por un lado en defensa de la persona de Sanz, pero también porque la decisión del jury la tomó el Jurado de Enjuiciamiento, que es un órgano independiente del Consejo, y no el Consejo, y porque -afirmaron- la función del Consejo es controlar a los jueces y actuales consejeros, condiciones que no se cumplen con el caso de Sanz.

El consejero Tailhade tiene el apoyo de Virginia García, senadora del FpV, y del senador Ruperto Godoy, del mismo bloque. Los otros votos, que en un principio, siempre apoyaban la postura del opositor Frente para la Victoria, que son los de la jueza Gabriela Vázquez y el académico Jorge Candis, en las últimas sesiones oscilaron entre el apoyo, la abstención, y el voto contrario.

El oficialismo, por su parte, cuenta con los votos de los senadores Ángel Rozas (radical) y Gustavo Valdes (radical), del diputado Pablo Tonelli (Cambiemos), los jueces Luis María Cabral y Leónidas Moldes, los abogados Miguel Piedecasas y Adriana Donato, y el representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques.

Esta mayoría casi automática que tiene el oficialismo y que le permite asegurar los 7 votos necesarios para la mayoría simple, e incluso superar esta cantidad, podría profundizarse si el juez Enrique Lavié Pico toma en cuenta el pedido de alejar al senador Godoy por considerar que no cumple los requisitos para ser miembro del Consejo de la Magistratura por no tener el título de abogado.

En ese caso, seguramente el balance de fuerzas se modificará aún más porque en la lista para reemplazarlo están el senador Rodolfo Urtubey y la senadora Elizabeth Sigrid, ambos afines al subloque del FpV que conduce Miguel Pichetto, más cercanos al gobierno.

Mientras tanto, el cuerpo de auditores ha comenzado a trabajar en el pedido de relevamiento del estado de las causas de delitos contra la administración pública de funcionarios, que le pidió el plenario en base a una solicitud que hizo el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil.

"El cuerpo de auditores está en plena actividad, con oficios, entrevistas con jueces y tribunales, luego del sorteo que asignó los expedientes. La auditoría está en una etapa avanzada", informó Piedecasas, que recordó que se amplió a ocho el número de auditores y no se descarta que, de ser necesario, se amplíe más.

Pero la de las causas de corrupción no es la única auditoría que tiene este órgano colegiado, que lleva adelante una sobre causas de narcotráfico, otra del fuero laboral y otra del área informática.

La auditoría que lleva adelante sobre causas del fuero penal está en una etapa inicial ya que el pedido les llegó en junio a través de un exhorto de la Corte Suprema de Justicia luego de una acordada para la asignación de recursos humanos e infraestructura para ese fuero.

La auditoría que se lleva adelante en el área informática llegó tras una denuncia de parte de la Cámara Federal, luego que durante el sorteo de la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman se produjera una "falla" del sistema, lo que provocó que se repita el sorteo, con un resultado diferente, y dio lugar a sospechas de manipulación que incluso tocaron al director de área, Gabriel Mellman (hasta ahora la Dirección de Tecnología depende de la Administración General del Consejo de la Magistratura, a cargo de Juan Carlos Cubría).

Ante esta situación, en el último plenario, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Juan Bautista Mahiques, presentó una propuesta para desdoblar el área en la dirección de Tecnología y la secretaría de seguridad informática, para que no dependan de la misma persona.

Si bien la propuesta tuvo el apoyo de la mayoría de los consejeros en lo general, se decidió por consenso que el presidente del Consejo pensara una "propuesta superadora" para presentarla en el plazo de 60 días a consideración del plenario, ya que no quedaba claro si consideraban que debía seguir dependiendo de la Administración General o del Plenario, por ejemplo, y si debiera existir una tercera área de auditoría.

Por: abogadosrosario

Fuente: http://www.telam.com.ar

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