La Defensoría de Rafaela valoró positivamente la respuesta de la Justicia al hábeas corpus presentado en defensa de DD HH

La Defensoría de Rafaela valoró positivamente la respuesta de la Justicia al hábeas corpus presentado en defensa de DD HH
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La Defensa Pública, obtuvo una respuesta positiva del servicio de justicia, al acoger diversas pretensiones formuladas en el hábeas corpus colectivo y correctivo presentado en representación de la Defensoría Regional de Rafaela del Ministerio Público de Defensa Penal por parte de su responsable, Dra. Estrella Moreno Robinson.

La Defensa Pública, en su activo rol de garante de la vigencia de los derechos humanos en el territorio provincial, obtuvo una respuesta positiva del servicio de justicia a cargo de la Jueza Penal de Primera Instancia de la 5ta. Circunscripción Judicial, Dra. Cristina Beatriz Fortunato, al acoger diversas pretensiones formuladas en el hábeas corpus colectivo y correctivo presentado en representación de la Defensoría Regional de Rafaela del Ministerio Público de Defensa Penal por parte de su responsable, Dra. Estrella Moreno Robinson, quien lo hizo en favor de todas las personas privadas de la libertad en la Alcaidía de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional V de dicha ciudad, a raíz del agravamiento de las condiciones de detención.
 
Conforme señaló la Dra. Moreno en los fundamentos se pudieron comprobar distintas falencias que afectan a la población carcelaria, “ya que el estado edilicio, habitacional y sanitario de la Alcaidía dista mucho de cumplir con los requisitos legales”. “Esto fue advertido -agregó- por nuestro equipo de monitoreo en las inspecciones y relevamientos sobre las condiciones de detención imperantes, que habitualmente realizamos con nuestros cuerpos de defensores y demás miembros del Servicio Público Provincial de Defensa Penal”, que “han exhibido un gran compromiso con los DDHH”.
 
Las cuestiones intramuros muchas veces no trascienden las infranqueables paredes de esos sitios de encierro, “de allí la necesidad de visibilizar dicha problemática desde la actuación cotidiana de la Defensa Penal”. Las cárceles, por mandato constitucional (art. 18 CN) deben ser “sanas y limpias ...”, sin constituirse en un castigo más del que supone la privación de la libertad para sus componentes. En este caso específico, la Defensoría Regional pudo detectar entre las cuestiones más preocupantes un alto grado de hacinamiento de los internos, debido a que “el número de ellos durante 2015 llegó en ocasiones a 73 personas, siendo que el cupo máximo es de 46”, lo que supone aumentar la población en alrededor de un 60% sobre el mismo espacio disponible, lo que inmediatamente nos lleva hacia un situación de hacinamiento insostenible, que fuera reflejada por los medios periodísticos de la ciudad del oeste santafesino, argumento que la Defensora utilizó para demostrar ante la Administración de Justicia el interés público que esto suscitaba. “Es obvio pensar que en un marco como el descripto la superpoblación carcelaria iba a tener una incidencia directa en la higiene y salud de los alojados, no sólo agravando las condiciones de detención, sino también dejando un terreno fértil para aumentar el riesgo de intimidación, violencia, y el desarrollo de subculturas delictivas”, que el Estado está obligado a evitar.
 
 Para fundamentar el hábeas corpus también se recurrió a pericias técnicas respecto al estado de la infraestructura del lugar, constatándose que las condiciones edilicias y habitacionales eran de regulares a malas, sobre todo en materia de instalaciones eléctricas, sumamente precarias y peligrosas para la integridad física, falta de mantenimiento y rotura de las instalaciones sanitarias, con ausencia de adecuada ventilación y luz en distintas celdas de los pabellones rafaelinos.
 
En base a lo expuesto y a la abundante prueba colectada mediante inspecciones, pericias técnicas, fotografías y testimonios, entre otros, la Jueza interviniente resolvió oficiar al Ministerio de Seguridad para que “en un plazo que no exceda los 30 días arbitre los medios a su alcance para asegurar la asistencia médica de los internos de la Alcaidía”, determinando que un médico del área de salud del Estado visite periódicamente a los detenidos, yendo –inclusive- más allá la magistrada al sugerir “evaluar la posibilidad de poner en funcionamiento un Centro de Salud Ambulatorio, compuesto por médico, odontólogo y psiquiatra”, de modo de contar con un servicio médico integral como señala la ley 24.660.
 
El fallo también exige al Ministerio de Seguridad arbitre los medios necesarios para disponer la modificación del plan alimenticio de los internos, mejorando su calidad y cantidad, el que debe garantizar aspectos básicos en cuanto a aportes nutritivos y diversificados.
 
Por otra parte, la Dra. Estella Moreno celebró que la resolución marque la necesidad de proveer a los detenidos de elementos de higiene, “recomendando que ello se cumplimente con regularidad”. A su vez, al Ministerio de Seguridad se le requirió presente en un plazo de 30 días un plan de obras con una ejecución que no debería exceder los tres meses. Se ordenó además reparar paredes, humedades, revoques, rajaduras, filtraciones y pintura; de igual modo en lo atinente a asegurar la provisión de agua potable en los sectores que carecen de la misma; mejorar pabellones que carecen de luz y ventilación; optimizar espacios para las visitas, y en forma urgente por su potencial riesgo reparar el estado de la instalación eléctrica.
 
La Defensa Pública destacó finalmente como un logro que la Jueza haya instado a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la provincia para que prevean en un tiempo razonable un nuevo lugar de alojamiento de internos que esté a tono con los estándares internacionales de derechos humanos, proveyendo así una solución definitiva a la grave problemática objeto de tratamiento en la acción colectiva de hábeas corpus.
 
De este modo la magistrada interviniente respondió en congruencia con el precepto constitucional tantas veces desoído de contar con lugares de encierro que contribuyan a la resocialización, evitando mayores mortificaciones al condenado, siendo fiel, asimismo, al principio consagrado en la Constitución Provincial (arts. 7 y 9) que señala: “El Estado reconoce a la persona humana su eminente dignidad y todos los órganos del poder público están obligados a respetarla y protegerla”. La Defensora entendió así “que la lucha por un verdadero entorno de vigencia de los DDHH es una responsabilidad que nos abarca por igual a todos los operadores jurídicos”. “La verdadera condición de persona humana definida en tantos tratados internacionales así nos lo impone” -subrayó-.

Fuente: http://www.sppdp.gob.ar/site/

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