La titular del Servicio Público de la Defensa Penal, Jaquelina Balangione, quiere apurar el traslado de detenidos al Servicio Penitenciario

La titular del Servicio Público de la Defensa Penal, Jaquelina Balangione, quiere apurar el traslado de detenidos al Servicio Penitenciario
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En la provincia de Santa Fe hay 4.850 personas privadas de la libertad en dependencias de Servicio Penitenciario; mientras que todavía quedan 552 en penales a cargo de la policía. Diez años atrás, en 2007, la cifra total estaba dividida proporcionalmente.

El traspaso paulatino de detenidos a penitenciarías ?para sacarle el control a la policía? comenzó con los reclamos de la primera gestión del Servicio Público de la Defensa Penal, que desde abril pasado está a cargo de Jaquelina Balangione. La defensora recorrió la mitad de los lugares de detención de la provincia y hoy se reúne con el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro para llevar sus inquietudes sobre la situación de la población carcelaria. En diálogo con este diario, la funcionaria expresó que la meta es que todos los presos estén a cargo del Servicio Penitenciario. Al mismo tiempo, habló de cómo se está abordando la problemática de la violencia institucional, las ideas para actuar en casos de violencia machista, su negativa a la baja de la edad de imputabilidad y sobre la necesidad de que la sociedad entienda que la cárcel debe ser un espacio de resociabilización y no un mero depósito. "Debe haber un real cumplimiento de la Ley de Ejecución Penal", dijo la defensora. Y lamentó que, por ejemplo en Coronda, "más del 50 por ciento de la población carcelaria no terminó la primaria". Por ello, la funcionaria pretende que las aulas de los penales "no estén vacías".

A casi cuatro meses de haber ocupado el cargo, Balangione tiene varios proyectos en marcha. Sin embargo, en orden de importancia, considera que lo más urgente es terminar con el traspaso de presos al Servicios Penitenciario. Las próximas localidades para modificar esa situación son Reconquista, Vera y Melincué.



"La sociedad reclama que vayan todos presos, porque teme caminar por la calle y se entiende, pero no se puede".



En ese sentido, la funcionaria propone un cambio estructural: "Nos encargamos de defender a personas acusadas de delitos y la gente lo tiene que comprender, porque así lo demanda la Constitución. Es difícil entender el principio de inocencia, pero políticamente nuestro Estado está conformado así y la lógica es que a la persona el encierro le tiene que servir para resocializarse, para reintegrarse, o integrarse por primera vez, a la sociedad. Vemos que el derecho penal recae sobre una franja etarea y social determinada, en mayor medida, hablamos de gente de pocos recursos, que generalmente son varones de entre 20 y 24 años; cada vez más jóvenes. La pauperización y la droga son efectos que inciden en el crecimiento de la tasa de delitos. La sociedad tiene un reclamo de que vayan todos presos, porque hay miedo a caminar por la calle y se entiende, pero no se puede tener a todo el mundo preso, porque no alcanzarían las cárceles. Nosotros tenemos que poner el acento en ver qué hacemos con esas personas mientras están adentro, y trabajar para que salgan con otra perspectiva y que eso sea llevado a su familia, porque muchas veces los núcleos sociales llevan a la reincidencia. El Estado tiene que poner mucho énfasis en ver cómo trabajar con esa población", enfatizó.

En ese sentido, habló de la educación y el trabajo. "En la cárcel tiene que funcionar la escuela, pero con una lógica para ese tipo de estudiantes. En todas las cárceles hay un aula, yo las he visto, pero generalmente están vacías. Hay cuatro bancos y si uno lee en el pizarrón quizás se encuentra con una oración que dice 'mi mamá me ama', como si fueran niños los alumnos; que en realidad llevan toda una vida y una problemática encima". Por eso pedirá una reunión con la ministra de Educación, Claudia Balagué, y así armar "programas en serio". Para Balangione, "hay que darles la posibilidad. No solo tiene que trabajar el Ministerio de Seguridad, sino Educación, Trabajo, Desarrollo Social. Si yo tengo personas encerradas, pero no avanzo con la posibilidad de que construyan algo, no saldrá nada bueno de esa prisión. Eso mismo es lo que genera violencia institucional dentro de la los penales, y no hay controles que alcancen. Además, cuando esa persona queda en libertad, si no se la ayuda a que construya una perspectiva, va a volver a lo mismo. La gente tiene que entender eso, porque el Estado gasta igual en las personas privadas de su libertad. Los políticos creen que les resta hablar de los beneficios para presos. Si queremos vivir en una sociedad en paz, hay que trabajar con la población carcelaria, para eso está la prisión. Hay que solidarizarse: si la gente viese las condiciones en las que viven estas personas", enfatizó.

La defensora también se refirió a la avanzada del proyecto nacional de bajar la edad de imputabilidad de los menores. "Estoy totalmente en contra y es un error y un argumento falso decir que a los chicos de entre 14 y 16 se les hará proceso penal para darles garantías procesales, porque se las tienen que dar cuando tienen edad y capacidad para estar en un proceso. Antes de eso son las agencias de protección del Estado las que tienen que trabajar".

En cuanto a la constante de casos de violencia institucional, Balangione expresó cómo se trabaja sobre el flagelo en la Defensoría. "Quiero fortalecer el rol del registro de torturas y tratos degradantes y que sea reconocido como oficial, que seamos la entidad que brinda los datos oficiales sobre esta problemática. Estamos armando unos formularios para relevar esos datos y que no se nos pase nada", adelantó. "En la gestión anterior se realizaron muchas acciones de hábeas corpus, lo que dio una impronta a la Defensa desde un lugar de reclamo que políticamente generó un efecto", reconoció. "Eso trajo un movimiento que llevó a que, en Rosario, por ejemplo, se sacara a todos los presos de las comisarías para llevarlos al Servicio Penitenciario. Queremos empezar a contabilizar las respuestas que hubo del Estado y relevar qué falta para reclamar e ir consensuando plazos, acuerdos y estipular un orden de las urgencias".

En la provincia de Santa Fe hay 4.850 personas privadas de la libertad en dependencias de Servicio Penitenciario; mientras que todavía quedan 552 en penales a cargo de la policía. Diez años atrás, en 2007, la cifra total estaba dividida proporcionalmente. El traspaso paulatino de detenidos a penitenciarías ?para sacarle el control a la policía? comenzó con los reclamos de la primera gestión del Servicio Público de la Defensa Penal, que desde abril pasado está a cargo de Jaquelina Balangione. La defensora recorrió la mitad de los lugares de detención de la provincia y hoy se reúne con el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro para llevar sus inquietudes sobre la situación de la población carcelaria. En diálogo con este diario, la funcionaria expresó que la meta es que todos los presos estén a cargo del Servicio Penitenciario. Al mismo tiempo, habló de cómo se está abordando la problemática de la violencia institucional, las ideas para actuar en casos de violencia machista, su negativa a la baja de la edad de imputabilidad y sobre la necesidad de que la sociedad entienda que la cárcel debe ser un espacio de resociabilización y no un mero depósito. "Debe haber un real cumplimiento de la Ley de Ejecución Penal", dijo la defensora. Y lamentó que, por ejemplo en Coronda, "más del 50 por ciento de la población carcelaria no terminó la primaria". Por ello, la funcionaria pretende que las aulas de los penales "no estén vacías".

A casi cuatro meses de haber ocupado el cargo, Balangione tiene varios proyectos en marcha. Sin embargo, en orden de importancia, considera que lo más urgente es terminar con el traspaso de presos al Servicios Penitenciario. Las próximas localidades para modificar esa situación son Reconquista, Vera y Melincué.



"La sociedad reclama que vayan todos presos, porque teme caminar por la calle y se entiende, pero no se puede".



En ese sentido, la funcionaria propone un cambio estructural: "Nos encargamos de defender a personas acusadas de delitos y la gente lo tiene que comprender, porque así lo demanda la Constitución. Es difícil entender el principio de inocencia, pero políticamente nuestro Estado está conformado así y la lógica es que a la persona el encierro le tiene que servir para resocializarse, para reintegrarse, o integrarse por primera vez, a la sociedad. Vemos que el derecho penal recae sobre una franja etarea y social determinada, en mayor medida, hablamos de gente de pocos recursos, que generalmente son varones de entre 20 y 24 años; cada vez más jóvenes. La pauperización y la droga son efectos que inciden en el crecimiento de la tasa de delitos. La sociedad tiene un reclamo de que vayan todos presos, porque hay miedo a caminar por la calle y se entiende, pero no se puede tener a todo el mundo preso, porque no alcanzarían las cárceles. Nosotros tenemos que poner el acento en ver qué hacemos con esas personas mientras están adentro, y trabajar para que salgan con otra perspectiva y que eso sea llevado a su familia, porque muchas veces los núcleos sociales llevan a la reincidencia. El Estado tiene que poner mucho énfasis en ver cómo trabajar con esa población", enfatizó.

En ese sentido, habló de la educación y el trabajo. "En la cárcel tiene que funcionar la escuela, pero con una lógica para ese tipo de estudiantes. En todas las cárceles hay un aula, yo las he visto, pero generalmente están vacías. Hay cuatro bancos y si uno lee en el pizarrón quizás se encuentra con una oración que dice 'mi mamá me ama', como si fueran niños los alumnos; que en realidad llevan toda una vida y una problemática encima". Por eso pedirá una reunión con la ministra de Educación, Claudia Balagué, y así armar "programas en serio". Para Balangione, "hay que darles la posibilidad. No solo tiene que trabajar el Ministerio de Seguridad, sino Educación, Trabajo, Desarrollo Social. Si yo tengo personas encerradas, pero no avanzo con la posibilidad de que construyan algo, no saldrá nada bueno de esa prisión. Eso mismo es lo que genera violencia institucional dentro de la los penales, y no hay controles que alcancen. Además, cuando esa persona queda en libertad, si no se la ayuda a que construya una perspectiva, va a volver a lo mismo. La gente tiene que entender eso, porque el Estado gasta igual en las personas privadas de su libertad. Los políticos creen que les resta hablar de los beneficios para presos. Si queremos vivir en una sociedad en paz, hay que trabajar con la población carcelaria, para eso está la prisión. Hay que solidarizarse: si la gente viese las condiciones en las que viven estas personas", enfatizó.

La defensora también se refirió a la avanzada del proyecto nacional de bajar la edad de imputabilidad de los menores. "Estoy totalmente en contra y es un error y un argumento falso decir que a los chicos de entre 14 y 16 se les hará proceso penal para darles garantías procesales, porque se las tienen que dar cuando tienen edad y capacidad para estar en un proceso. Antes de eso son las agencias de protección del Estado las que tienen que trabajar".

En cuanto a la constante de casos de violencia institucional, Balangione expresó cómo se trabaja sobre el flagelo en la Defensoría. "Quiero fortalecer el rol del registro de torturas y tratos degradantes y que sea reconocido como oficial, que seamos la entidad que brinda los datos oficiales sobre esta problemática. Estamos armando unos formularios para relevar esos datos y que no se nos pase nada", adelantó. "En la gestión anterior se realizaron muchas acciones de hábeas corpus, lo que dio una impronta a la Defensa desde un lugar de reclamo que políticamente generó un efecto", reconoció. "Eso trajo un movimiento que llevó a que, en Rosario, por ejemplo, se sacara a todos los presos de las comisarías para llevarlos al Servicio Penitenciario. Queremos empezar a contabilizar las respuestas que hubo del Estado y relevar qué falta para reclamar e ir consensuando plazos, acuerdos y estipular un orden de las urgencias".



"El encierro debería servir para resocializar y reintegrarse, o integrarse por primera vez".



En cuanto a la violencia policial en la calle, relacionada con la llamada "portación de cara", consideró que "es tremendo" y aseguró que se trabaja en el tema dentro de una mesa provincial. En cuanto a las víctimas, dijo que se está "trabajando en un protocolo, para ver qué hacer cuando una persona viene a pedir representación contra la violencia institucional: nosotros no le vamos a decir que no. Por eso queremos trabajar en un protocolo para centralizar los casos en la Defensoría, pero utilizando otros dispositivos tras analizar el caso y ver dónde encontramos la mejor opción para esa representación, pero no se trata de una derivación, porque lo vamos a seguir nosotros, pero con otros acompañamientos", dijo.

La violencia de género es otra de las problemáticas sociales que preocupa a la Defensoría. "La cuestión de género atraviesa todas las problemáticas de la sociedad, y se debe achicar la brecha de la desigualdad. En la defensa ya estamos en tratativas y en una mesa con organizaciones de mujeres. Además, estamos en charlas con el fiscal general Jorge Baclini, porque tenemos en carpeta elaborar un programa integral para el abordaje de la cuestión de género en todos los aspectos. Desde la defensa creemos que esto tiene mucha relevancia, porque no solamente se trata de trabajar con la mujer cuando es víctima, sino que también hay situaciones en las que la mujer puede estar imputada de delitos y con una correcta aplicación de la política de género esto puede tener una salida diferentes, como puede ocurrir en un caso de legítima defensa, que sería una causal de justificación en determinados delitos. También hay situaciones preocupantes de mujeres bajo encierro, porque lo efectos de la prisión son más pesados en las mujeres que en los varones: a la mujer le cuesta sostener los lazos familiares, generalmente los pierde, porque dejan de ir a verlas. Cuando el varón está preso la mujer lo va a visitar, llámese una pareja, una madre, hermanas, pero con la mujer hay un fenómeno sociológico que tiene que ver con los efectos de la prisión", planteó. Otro dato alarmante es que en los penales de mujeres "el 13 por ciento de la población son niños".

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/

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