La controversia entre Anses y las asociaciones que nuclean a los abogados en muchas provincias, entre las que se cuenta Córdoba, hizo las cosas más difíciles para los beneficiarios, porque es condición imprescindible para aceptar el acuerdo contar con un abogado. Esto fue una condición que exigió la Corte Suprema, en las negociaciones previas a la implementación del expediente judicial electrónico para la Reparación Histórica.

La Anses dispuso, mediante el decreto 894/16, un pago de 1.141 pesos a los letrados que intervinieran en los casos sin juicio iniciado, algo por lo que el Colegio de Córdoba inició una acción colectiva. Originalmente eran 500 pesos, luego se elevó a 1.141 y parecería que no hay más chances de revisar la situación. “Creemos que desde el Estado nacional estamos generando y brindando a los abogados un montón de trabajo que antes no tenían, el abogado se ve con el beneficio de una política pública que le permite sumar un nuevo universo de jubilados”, consideró el secretario Legal y Técnico de Anses, Gonzalo Estivariz.

El funcionario rechazó la sugerencia de algunos colegios de cobrar dos reajustes por entender que seleccionarán los que tengan reajustes más altos, sin atender a los que menores montos. “Fueron los legisladores quienes fijaron por ley que deberá tratarse de un monto fijo y no de un porcentaje, porque los que tuvieran un ajuste mayor iban a conseguir un abogado más fácil y los de poco reajuste, no iban a tenerlo”, consideró.
Sin posibilidad de sumar a las entidades de abogados, Anses optó por convenios con otras entidades que podrían sumar sus letrados, como las Defensorías Generales, la Defensorías del Pueblo de la Nación y los Centros de Asistencia Jurídica del Ministerio de Justicia de la Nación. También se acordó con la Universidad de Buenos Aires, de Tucumán y la semana próxima, con Rosario. Con la de Córdoba sólo hay conversaciones preliminares.

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